Urbanismo y patronatos se disuelven en julio para ahorrar 2 millones al año
Los recortes que aprueba hoy el Pleno hasta 2022 menguarán la estructura del Ayuntamiento unificando la gestión y recolocando a parte del personal · El gasto en alquiler se reducirá al 50%
Cuatro meses de vértigo aguardan al Ayuntamiento de Huelva para emprender una profunda reestructuración interna, requisito para acceder a un crédito de 83 millones que salde la deuda con 845 proveedores. Como ya avanzó este periódico, el plan de ajuste que aterriza hoy en el Pleno municipal -requerido por el Ministerio de Hacienda- impone severos recortes para ahorrar 341 millones de euros en los diez próximos años, garantizando la estabilidad presupuestaria, el mantenimiento de los servicios básicos y acortando los plazos de pago a proveedores a 30 días. El peaje de esta operación es un tijeretazo en los gastos de personal, medidas fiscales y una reorganización de calado en el Consistorio y sus entidades satélite. A partir del 1 de julio se implementará una reducción de la estructura municipal que supondrá un ahorro anual de 3,5 millones de euros.
Una de las principales medidas será la disolución de los patronatos que dependen del Ayuntamiento (Cultura, Deportes y Desarrollo Local) y el organismo autónomo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, lo que en conjunto se traducirá a partir de julio en un ahorro de 655.000 euros en el presente ejercicio y, desde 2013, en 2 millones anuales que deja de pagar la Administración en sueldos de gerentes, diferentes contratos de suministros, costes jurídicos, alquileres y otros gastos corrientes que, a partir de ahora, entrarían en una economía de escala. El gasto en personal (aparte de la reducción del 20% de la jornada prevista hasta 2014) se recortaría con la suspensión de los diferentes convenios, de forma que las condiciones laborales y retributivas se equipararán a las del Ayuntamiento. Con la liquidación de estas entidades, su personal pasará a trabajar directamente a la Concejalía del ramo, al margen de que, en función de las necesidades de la Administración, parte de los trabajadores sea recolocado en otros departamentos. Y es que durante todo el periodo de aplicación del plan de ajuste (2012-2022) no se amortizarán las plazas vacantes por jubilación.
Establece también el plan que los procesos administrativos se someterán, a su vez, a un plan de normalización para la contención del gasto. Y es que el plan de ajuste al que dará hoy luz verde el equipo de Gobierno municipal del PP es sólo el punto de partida para acceder a la conocida como 'Operación Proveedores' del ministro Montoro, si bien el objetivo es economizar al máximo en el Ayuntamiento de Huelva para poder garantizar la prestación de servicios públicos y el mantenimiento de la plantilla (ante el escepticismo de sindicatos y oposición, los mandatarios populares insisten en que no habrá despidos, sólo supresión de algunos cargos de confianza).
Actualmente se están estudiando diferentes posibilidades para dejar en la mitad el gasto en arrendamientos, empezando por renunciar al edificio Picasso de La Placeta, donde actualmente se encuentran las áreas de Medio Ambiente, Intervención, Tesorería y Renta. Este personal se reubicará en dependencias de propiedad municipal. Asimismo, se prevén medidas para modificar la organización de la corporación municipal, como limitar el sueldo de los cargos políticos a las recomendaciones de la Federación Española de Municipios (Femp), lo que ya ha supuesto un ahorro del 22%, la supresión de una Tenencia de Alcaldía y de la dedicación exclusiva de otra y un recorte del 25% en las asignaciones a los grupos políticos. El gasto en asesores se recortará un 20%.
Ante este maremágnum de novedades que se han ido conociendo a lo largo de la semana, el teniente alcalde de Economía, Juan Carlos Adame, defiende las medidas como "responsables, importantes y necesarias" para dar oxígeno a 845 pequeñas y medianas empresas de la capital, contribuyendo a reactivar nuestra economía y a evitar la destrucción de empleo". En cuanto a las subidas fiscales, el concejal esgrime que "la ley obliga a los ayuntamientos a que los servicios no obligatorios que prestamos se autofinancien".
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