Vértigo ante una potencial disolución del jurado popular

La mañana de ayer fue tensa en los juzgados de Huelva: las partes, el jurado y la presidenta del tribunal, Carmen Orland, se encerraron en la sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia de Huelva a las 10:00. Pasaban los minutos y no se convocaba la audiencia pública. Algo relevante se estaba cociendo y nadie sabía qué era. En la sala de espera, los familiares y la prensa comenzaron a inquietarse. Se decretó un receso y a las 11:15 los letrados y el fiscal regresaron a la sala. No se abrieron las puertas hasta una hora más tarde, cuando por fin se retomó la octava sesión del plenario.

La razón trascendió en ese segundo impás de puerta cerrada. Un miembro del tribunal del jurado, concretamente el único suplente que queda en activo -la otra pasó a ser titular la semana pasada para sustituir a un ciudadano que alegó tener problemas de salud-, presentó un documento rubricado por un médico en el que se especifica que su inteligencia es limitada. Según informaron a Huelva Información fuentes judiciales, el joven añadió de viva voz que no se veía capacitado para juzgar un caso de este calibre debido a la limitación psicológica que padece.

Dentro de la sala de vistas, según las fuentes consultadas, hubo discrepancias. Tanto la acusación particular, ejercida por los letrados Inmaculada Torres y Gustavo Arduán, como la defensa, con Francisco Baena Bocanegra y Juan Ángel Rivera como representantes legales, se opusieron de plano a que la vista siguiera adelante en esas circunstancias.

Sólo el representante del Ministerio Fiscal, Pablo Mora, se mantuvo en la línea argumental de la presidenta del tribunal, la magistrada Carmen Orland, quien decidió que la coyuntura evidenciada por el suplente no era razón suficiente para disolver el jurado popular y reiniciar de nuevo todo el procedimiento.

Sólo entonces se sintió aliviada la familia Domínguez Espinosa. El propio Aníbal Domínguez, hermano y tío de las víctimas del doble crimen, se había quedado pálido y sin palabras del puro vértigo que le dio pensar en la sola posibilidad de que el procedimiento pudiera dilatarse. Empezar de nuevo era inconcebible.

Este periódico analizó con las citadas fuentes las posibles consecuencias de una potencial disolución del tribunal del jurado. Para empezar, habría que reiniciar el proceso de selección de los miembros a través del censo. Los requisitos, según la Ley del Jurado, son ser español, mayor de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos políticos, saber leer y escribir, vivir en la provincia de Huelva y no estar impedido física, psíquica o sensorialmente. Después habría que acotar la muestra al mínimo de 20 personas cuyos nombres se introducen en una urna para seleccionar a los definitivos, nueve titulares y dos suplentes. Tanto las acusaciones como la defensa tienen derecho a recusar a cuatro de ellos cada uno. En el caso del jurado popular que juzga ahora el doble crimen de Almonte, los elegidos han pasado "hasta tres filtros", remarcaron las fuentes consultadas, por lo que es difícil digerir que se les haya colado un miembro que no está en plenas facultades psicológicas para ejercer ese deber.

En paralelo a esta hipotética situación habría que señalar de nuevo el juicio. Y eso no es tan fácil. Ni rápido, teniendo en cuenta la velocidad a la que funciona la Justicia. Primero habría que buscar la fecha adecuada, una que no entorpezca el calendario ya previsto por la Audiencia de Huelva para 2018. O para 2019. Porque, además, habría que conjugar esta agenda judicial con la de los propios letrados. Sin ir más lejos, Francisco Baena Bocanegra estará presente en el juicio de los ERE de Andalucía el próximo diciembre, en el de la zona franca de Cádiz en junio o en el de Fitonovo posteriormente. Y es sólo uno de los togados.

Para más inri, el reinicio de la vista oral debe conllevar la elección de un nuevo magistrado, puesto que Carmen Orland ya conoce del asunto y la legislación no permite que el presidente del jurado tenga conocimiento precedente del procedimiento.

Y en medio de todo está la situación del acusado. Francisco Javier Medina lleva en prisión provisional desde el 24 de junio de 2014. El máximo legal permitido para mantenerlo en esta situación -y que sólo se da en casos puntuales y muy extremos- es de cuatro años. Es decir, que cuando comience el verano próximo (a lo sumo) habrá que ponerlo en libertad.

Afortunadamente, la decisión de Orland ha evitado todos estos supuestos. Eso sí, una nueva baja en el jurado complicaría mucho las cosas. Dos bajas llevarían a la disolución automática del mismo. Crucemos los dedos.