Vuelta al cole en Huelva. El año de la burbuja

Huelva/El 1 de septiembre vuelven al cole los niños del primer ciclo de Educación Infantil, el 10 los del segundo ciclo más los de Primaria, y el 15 será el turno de los alumnos de Secundaria y Bachillerato. Hasta ahí casi las únicas certidumbres para el curso 2020/2021, ya que a un mes escaso de la apertura de los primeros centros, éstos se afanan en diseñar sus planes para garantizar un entorno educativo lo más seguro posible.

El pasado 6 de julio la Viceconsejería de Educación emitió unas instrucciones relativas a la organización de los centros docentes para la adaptación de estos a la situación de emergencia social por la Covid-19. Estas instrucciones han desatado toda una tormenta que ha derivado en una cascada de comunicados de asociaciones de directores de centros, claustros de profesores y padres y madres de alumnos.

Los argumentos de los diferentes agentes educativos que se han pronunciado en contra coinciden en señalar falta de concreción en esas instrucciones de la Junta.

Los centros se ven abocados a darle un giro a su organización como si de la vuelta a un calcetín se tratara, ya que tienen que replantear horarios de clases y recreos, el uso de sus instalaciones, la movilidad entre las distintas dependencias, el sistema de limpieza, el material higiénico-sanitario, los horarios de clases y recreos, entre otras cuestiones.

Todas estas circunstancias parten de la premisa de que el curso 2020/2021 será presencial, algo que tanto la Consejería de Educación como los profesores y las familias apoyan. Es la primera gran incertidumbre puesto que nadie está en disposición de garantizarla.

La tarea es ingente y el tiempo apremia, así que cada centro se encuentra en pleno proceso de elaboración de su propio Protocolo de actuación Covid-19. Ese diseño, como indican las instrucciones, corre a cargo de la Comisión Permanente del Consejo Escolar, que actuará como Comisión Específica Covid-19.

A ella se incorporará a la persona representante del Ayuntamiento, así como al coordinador de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales del centro, si no es miembro de la comisión permanente, y a una persona de enlace del centro de salud de referencia.

Como señala Rocío Giraldo, coordinadora en Huelva de Adian (Asociación de directoras y directores de instituto de Andalucía) y directora del IES Fuentepiña de la capital, “cada centro tiene su problemática” y hay que atender aspectos tan dispares, y necesarios, como “el control de las entradas y salidas, el acceso de las familias, la propia distribución del centro, el uso de los servicios, la limpieza” y suma y sigue.

Un protocolo por tanto “bastante completo, complejo y lo que más nos preocupa es hasta qué punto somos expertos en prevención de riesgo para garantizar la salud a todo el personal”. Por eso, señala Giraldo, la preocupación principal es “garantizar una vuelta segura” y para ello pide “el respaldo y la corresponsabilidad de toda la sociedad”.

María Jesús Valle, de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Andalucía en Huelva (Confapa), considera “una dejadez de la Consejería” la responsabilidad que recae sobre los centros y la “indefensión impresionante de la comunidad educativa”. Valle reclama para los centros la bajada de ratios y una mayor dotación de personal especializado.

Marina Vega, secretaria general del Sindicato de Enseñanza de CCOO alerta sobre los centros de la áreas metropolitanas, donde es más complicado controlar las ratios de alumnos por unidad, por lo que, a su criterio, “no está garantizado el distanciamiento social”.

Para las posibles reformas que deban acometer los centros de Secundaria y Bachillerato, la administración competente es la Junta de Andalucía. En este sentido, la Consejería de Educación ha anunciado una partida de 25 millones de euros para toda la comunidad autónoma. Hace una semana terminó el plazo de los institutos para enviar sus proyectos para las adecuaciones que necesiten y ahora se encuentran en proceso de evaluación.

En el caso de los colegios de Infantil y Primaria, se hace necesaria la participación de los ayuntamientos. Enrique Jabares, coordinador de Asadipre (Asociación Andaluza de Directoras y Directores de Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria y Residencias Escolares) y director del CEIP El Puntal de Bellavista, ya avisa “que se les viene encima mucha tarea”. Jabares considera que “esto es ceder competencias, entre los ayuntamientos y [la Consejería de] Salud”.

Además, muestra su preocupación ante la responsabilidad que acarrea la elaboración del protocolo en el propio centro porque, se pregunta, “¿quién visa esto?”. Otro asunto a tener en cuenta en el caso de los alumnos más pequeños es el de las mascarillas, ya que, según apunta, “en los colegios estaría todo resuelto si se obliga a usar la mascarilla de 9:00 a 14:00”, sin embargo, recuerda que “hasta los 6 años no es obligatoria”.

Raúl Parrillo, coordinador de Asadipre en Huelva, es el director del CPR Adersa 4 de Cañaveral de León e Hinojales, un centro por tanto con dos sedes y 60 alumnos. Parrillo admite que su ratio “es muy buena, tenemos menos dificultades que otros centros que cuentan con hasta 600 alumnos”. No obstante, habla de una “papeleta complicada” por la falta de conocimientos técnicos en salud y en prevención de riesgos para la elaboración del protocolo. “Estamos deseando volver a la normalidad” porque desde el curso pasado, prosigue, “es un atropello de instrucciones una detrás de otra modificando una anterior que a lo mejor tenía tres días”.

Al glosario de expresiones novedosas que ha traído consigo el coronavirus hay que añadir una nueva: grupo de convivencia escolar, el equivalente educativo a lo que se ha llamado burbuja en otros ámbitos. Esto es, los alumnos componentes de ese grupo deben relacionarse entre ellos de modo estable y usar el mismo espacio en la mayor medida posible, entre otras especificaciones que marca la Consejería.

Esta medida de prevención puede tener otras derivadas, así, apunta Jabares, “como un familiar dé positivo en el rastreo tienen que poner en cuarentena a todo el grupo”, una decisión que debe decidir Sanidad. Cada centro tiene autonomía para organizarlo según sus circunstancias, pero el director del CEIP El Puntal señala que “hay que darle una vuelta, a los horarios, a los recreos, a la entrada de los padres”, así como explicar bien todos estos aspectos antes del inicio del curso.

En el caso de la ESO y Bachillerato, la formación de estos grupos de convivencia escolar es menos viable por el diseño curricular de estas enseñanzas, con asignaturas optativas diferentes entre los propios estudiantes de una unidad. La directora del IES Fuentepiña de Huelva apunta que la implantación de estos grupos “es más difícil” en centros como el suyo aunque “uno de los objetivos, como es limitar la movilidad del alumnado, eso sí, a través de aulas específicas de manera excepcional para este año”. Además, señala la necesidad de contar con un equipo docente muy amplio.

¿Y si un nuevo confinamiento, que nadie desea, impidiera la enseñanza presencial? Para esta circunstancia los centros sí cuentan con la experiencia del curso pasado y en unas instrucciones de la Consejería a la comunidad educativa del pasado 15 de junio se establecía realizar una doble programación.

La Junta ya ha anunciado que pondrá a disposición de los profesores 150.000 dispositivos. Rocío Giraldo señala que “se ha avanzado en los centros porque el confinamiento permitió (a través de sus instrucciones del 23 de abril para abordar el tercer trimestre del curso pasado) adaptar la programación a la no presencialidad” por lo que “ya tienen esa experiencia, hay que prever esa posibilidad y adaptarse a ella”.

El tiempo no perdona y el 1 de septiembre los niños del primer ciclo de Infantil (0 a 3 años) retoman sus mochilas. Rocío Giraldo apunta que hay aspectos como puedan ser “profesores de apoyo, material tecnológico e higiénico, reparto de mascarillas...”, para los que no hay una fecha concreta y “quedan en el aire”, que es el contenido de una burbuja.