Ocho acusados por la destrucción arqueológica del mercadillo de La Orden

Huelva/Ocho personas se enfrentan a penas individuales de un año y nueve meses de prisión y a una indemnización conjunta de 216.000 euros por la destrucción de dos parcelas del yacimientos arqueológico del Seminario, en Santa Marta, donde ordenaron o ejecutaron movimientos de tierra para ampliar las parcelas que tenían asignadas en el mercadillo de Huelva. Así lo interesa la Fiscalía en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Huelva Información, por los hechos acontecidos los días 7 y 14 de abril del pasado año y por los que se les imputa un delito de daños contra el patrimonio histórico.

En el documento del Ministerio Fiscal consta que fueron cinco concesionarios -de los puestos ambulantes municipales 172, 183, 189, 191, 193 y 195- quienes contactaron con un intermediario (también acusado) para que en su nombre encargara al séptimo encausado, administrador de una empresa familiar, la realización de trabajos de movimiento de tierras en cada una de las parcelas que tenían adjudicadas "con el fin de ampliar la superficie de las mismas y, sobre todo, poder aparcar sus vehículos en la misma parcela y no en los aparcamientos habilitados para ello".

El administrador de esta empresa "no solicitó los permisos ni las licencias preceptivas", asegura el fiscal Alfredo Flores en su escrito de calificación. Encargó supuestamente al octavo acusado, empleado de su misma empresa, que socavara los terrenos, ubicados en un terreno de titularidad municipal (el 7.7, de 43 metros cuadrados de superficie) y en otro autonómico (el 11.1, de 306 metros cuadrados). Y lo hizo, asegura el Ministerio Público, "usando maquinaria pesada" y a sabiendas de que "no estaban autorizadas las obras". La empresa se embolsó por la ejecución del movimiento de tierra 210 euros que abonaron los seis primeros acusados.

Las parcelas afectadas forman parte del Plan Parcial 8 del PGOU de Huelva y están inscritas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, además de ser Zona Arqueológica de Huelva (sector B-3 Santa Marta-La Orden), protegida como Bien de Interés Cultural (BIC) por su elevado interés patrimonial. Y los acusados "eran conocedores de la protección de la zona, no sólo porque desde hacía tiempo el Ayuntamiento negociaba con ellos su traslado, sino porque en enero de 2016 se había producido otro expolio en un zona cercana cuya repercusión pública y mediática fue notoria", apunta la acusación.

Las excavaciones en el yacimiento del Seminario se suceden desde que en 1970 afloraran en el área aledaña a El Torrejón dos necrópolis y un poblado tardorromano. En 1998 se encontró una estructura adscribible a época islámica, una alquería de las que rodearían la medina de Huelva. En 2005, una intervención preventiva evidenció una realidad más compleja: el hallazgo de varias necrópolis (neolítica, calcolítica, de la Edad del Bronce, tardorromana y medieval islámica), "con un poblamiento continuado desde, al menos, 5.000 años".

En 2016 -y para elaborar la pericia judicial- se realizó primero una limpieza de perfiles mecánica y manual y se constató una estratografía afectada por los movimientos de terreno que se correspondería con las estructuras ya documentadas, "y zanjas de cultivo y zanja ancha de cronología protohistórica en la parcela 11.1; también correspondencia con un silo o fosa circular de cronología prehistórica y una posible tumba de cronología prehistórica". En la parcela 7.7 se ha documentado un posible alcorque de época medieval-moderna, donde se ha recuperado diverso material cerámico y restos de vidrio y ladrillo romano.

"En todo caso el movimiento de tierras con maquinaria ha supuesto la pérdida irreparable de información histórica en al menos 145,79 m2 en la parcela 7.7 y de 16,65 m2 en la 1.11", que nunca habían sido objeto de intervención arqueológica y que, por su mayor cota, "podrían corresponder con zonas de ocupación intensa".