Aeropuerto de Huelva: En busca del consenso para la declaración de interés general y el recorte de plazos de tiempo

Huelva/Consenso y agilidad administrativa es el objetivo que se plantea el aeropuerto Cristóbal Colón para ser una realidad cuanto antes. Desde la sociedad onubense se apunta en esta dirección tras conocerse esta semana la renuncia del Ministerio de Transportes a la declaración de interés general para el proyecto y su traslado a la Junta de Andalucía, que supone un contratiempo en la tramitación realizada hasta ahora.

“Si de verdad piensa el Gobierno que esta vía es más ágil y está dispuesto a ayudar, nuestra propuesta es que deje en suspenso la nueva orden ministerial manteniendo la declaración de interés general por el momento”, han expresado los promotores. Un acuerdo de consenso entre todas las partes, aseguran, se debería plasmar en un documento que garantice la colaboración en los trámites pendientes, antes de “decaer la Declaración de Interés General del Estado por la tramitación de la territorial”.

En caso de que no se alcance el deseado consenso, con la voluntad de todas las partes de apostar por el proyecto, los plazos en la tramitación se dilatarían mucho más, temen los promotores. Si a partir de ahora todo fuera favorable, el aeropuerto Cristóbal Colón, aseguran, podría ser una realidad en unos cinco años.

Tramitación de la Junta de Andalucía

Ahora mismo, la remisión a la Junta de Andalucía para la obtención de la declaración de interés general supondría “un paso atrás”, que para recuperar lo perdido necesitaría, primero, lograr la declaración de interés territorial. Pero como en Andalucía no se ha llegado a tramitar todavía un proyecto de este tipo, explican, no se dispone de técnicos especializados, por lo que debería mediar la prestación de servicios a través de estamentos estatales como AESA.

Por otro lado, el de Huelva debería conseguir también la consideración de aeropuerto comercial e internacional, y tener acceso a servicios de Aduanas, Policía Nacional, zonas de tránsitos, navegación aérea y resto de competencias estatales para operar con países ajenos a la UE.