Una carta anónima destapó la presunta red de venta de documentos a inmigrantes

Una carta anónima recibida en la Subdelegación del Gobierno en marzo de 2010 desencadenó la investigación judicial que ha vuelto a poner contra las cuerdas a la Oficina de Extranjería de Huelva por segunda vez en los últimos cuatro años.

La misiva manuscrita de la que arrancó la Guardia Civil para iniciar la investigación que se ha bautizado como Operación Costas, que saltó a la luz pública el pasado julio y se ha saldado hasta el momento con nueve personas imputadas por sendos delitos contra los derechos de los trabajadores y de los extranjeros, pone sobre la pista -dando nombres y apellidos- de personas y empresas supuestamente implicadas en una trama de venta de documentos a inmigrantes.

"Este hombre J.F.M. (afirma el anónimo) lleva mucho tiempo trapicheando con extranjeros... Pronto van a hacerles muchos contratos a las muchachas de las fresas", y salpica además a un médico que trabaja en un centro de salud de Punta Umbría por presuntamente realizar certificados para el empresario a cambio de 1.500 euros.

El grupo de Información de la Guardia Civil, en una investigación que dirige el Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, esboza en un informe que forma parte de las actuaciones las piezas del puzzle de esta supuesta red y los papeles que jugaban cada una de las partes.

Según consta en el sumario, cuyo secreto ha levantado la autoridad judicial después de mantener durante cuatro meses las actuaciones en reserva, un vecino de Huelva, J.F.M. y un individuo de origen marroquí, K.R., supuestamente se valieron de una empresa de frutas como tapadera para la obtención de contratos -falsos en muchos casos, según señala el informe- para la regularización de extranjeros en España, a cambio de dinero.

Los investigadores sitúan a estos dos hombres como las personas encargadas de buscar ciudadanos de origen magrebí que necesiten o quieran obtener un permiso de residencia y trabajo. Una vez que localizaban sus objetivos, supuestamente solicitaban a los inmigrantes la cantidad de 9.000 euros para gestionar el contrato, utilizando a empresarios de la zona de la Costa.

El coste de estos trámites para los inmigrantes sale precisamente de la denuncia que un ciudadano marroquí hizo en primera persona a los agentes, que aseguró haber contactado con estos dos imputados para legalizar su situación en España, realizando un contrato de trabajo con una empresa pesquera de Punta Umbría (donde se llevaron a cabo la mayor parte de las detenciones) a la que en 2009 abonó los 9.000 euros. Además, de esa cantidad, el inmigrante mantiene que todos los meses abonaba además 255 en mano a uno de los supuestos intermediarios de esta red.

Un segundo ciudadano extranjero, que ha prestado también declaración en la causa, afirma que pagaba igualmente 255 euros mensuales, asumiendo el pago que el empresario pesquero tiene que hacer a la Seguridad Social por su contrato. En ambos casos, hay una gestoría de la localidad costera supuestamente implicada, y las dos presuntas víctimas sitúan a los imputados en la trama que continúa bajo investigación.