El archivo con las grabaciones del caso Aljaraque está “dañado e inaccesible”

La prueba capital sobre la que se sustenta el llamado caso Aljaraque está “dañada y es inaccesible”, según confirman fuentes del caso a Huelva Información. La carpeta informática con las grabaciones realizadas por Manuel Alonso Martín con un teléfono móvil y el Informe Técnico Policial que realizó la Guardia Civil en Madrid para determinar la autenticidad de las mismas y que no habían sufrido manipulaciones se encuentran en un archivo denominado Resultados.zip que “no es accesible”. El documento se encuentra corrupto y la clave remitida por la Guardia Civil para poder abrir el archivo “no permite su apertura y acceso”, según ha podido saber Huelva Información.

Es la prueba principal de la causa y no se puede acceder a ella, con todo lo que implica para el proceso. La situación coloca el caso Aljaraque en una situación compleja. Por un lado, la jueza responsable se vio obligada a emitir nuevas diligencias para exigir la apertura el archivo ante lo que el servicio de informática del Juzgado comunicó que “no tiene medios, recursos, ni personal para abrirlo”, según ha podido saber este diario. En consecuencia, la magistrada solicitó que se busque un perito externo para poder abrir el documento y a tal efecto acudió a la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de Andalucía.

Ya el pasado 1 de octubre este diario destacó cómo la instrucción decidía seguir adelante con el procedimiento abierto sin valorar la validez o no de las grabaciones ni su legalidad al considerar que “la ilicitud de una prueba no es un debate que haya que orillarse en esta fase”. Ahora la instrucción es todavía más compleja. Sin su contenido el procedimiento se queda bloqueado.

La situación actual es que el Juzgado no puede abrir el archivo Resultados.zip que contiene las grabaciones del caso Aljaraque y el Informe Técnico Policial que realizó la Guardia Civil en Madrid para determinar la autenticidad de las grabaciones y que las mismas no han sufrido manipulación. Todo ello obliga a la instructora Fernández Maqueda, a emitir nuevas diligencias para poder abrir el archivo y “evidencia”, según sostienen las defensas, que “toda la instrucción del caso Aljaraque se ha realizado sin poder acceder al informe oficial de las grabaciones que es la prueba fundamental encima de la mesa”. Toda la acusación gira precisamente alrededor de esas grabaciones a las que no se puede acceder en las que supuestamente se implica a los encausados.

En consecuencia, las defensas de las partes han decidido recurrir todo el procedimiento al considerar que se han vulnerado “los derechos fundamentales de los investigados”, toda vez que toda la instrucción se desarrollado sin que la jueza, ni las defensas, ni el ministerio fiscalal ni la acusación popular hayan podido acceder al informe, puesto que el archivo que envía la Guardia Civil se encuentra “dañado y no hay forma de abrirlo”. Durante todo el procedimiento, la defensa exigió el acceso al mismo y la verificación de su autenticidad. Sin embargo, hasta el 1 de octubre las partes no supieron de la situación en la que se encuentra Resultados.zip, fecha en la que la jueza emitió el auto de imputación sobre todos los investigados a pesar de esta circunstancia.

Como consecuencia de ello, los letrados de los encausados denunciaron que al amparo de su propio auto, "la jueza no ha podido acceder al Informe Técnico Policial ya que de lo contrario no habría solicitado una nueva diligencia para tratar de abrirlo y disponer de su contenido".

Según consta en la instrucción, a comienzos de 2017, cuando el grupo municipal de Sí se Puede Aljaraque decide no seguir adelante con la moción de censura acordada con el PP contra la entonces alcaldesa del PSOE Yolanda Rubio, el denunciante del caso Aljaraque, Manuel Alonso Albarracín (asesor de Sí se Puede), decidió grabarse a través de su teléfono móvil en diferentes llamadas que realizó al concejal de Sí se Puede, Francisco Martín, y al sindicalista de CCOO, José Luis Rodríguez, que actuó supuestamente como mediador en la decisión de retirar la moción de censura con el PP. En esas grabaciones Manuel Alonso Albarracín centró sus conversaciones, según la instrucción, con Francisco Martín y José Luis Rodríguez en una supuesta contraprestación para que la mujer del concejal de Sí se Puede entre a trabajar en la empresa Aguas de Huelva, acuerdo que tendría el visto bueno del presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo.

Las defensas sostienen que “se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectivo, el derecho a la defensa y de presunción de inocencia, que conlleva el derecho a un procedimiento en el que se observen todas las garantías, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”, como sería el actual. Al no poder acceder al contenido de Resultados.zip, ni la instrucción, ni la Fiscalía, ni las partes personadas han podido “verificar la certeza de los hechos imputados” ni “ejercer el legítimo derecho de defensa disponiendo de la totalidad de los autos”.

Los abogados de los imputados exigen en base a todo ello “la nulidad” de los diferentes autos al entender que “la única prueba de cargo que pudiera constar en autos se encuentra viciada de una nulidad palmaría y absoluta”. Y no solo porque no se puede disponer del contenido del documento, sino porque todas las resoluciones judiciales del caso Aljaraque se dictaron sin su prueba capital.