CCOO aborda con Gestión Migratoria la concesión extraordinaria de permisos de residencia y trabajo a inmigrantes en situación irregular en Huelva

CCOO Huelva se reunió el pasado viernes en Madrid con el director general de Gestión Migratoria, Francisco Celso, para "abordar el proyecto pactado con Asaja y Freshuelva sobre una propuesta de regularización específica para el sector agrario y las personas que viven en los asentamientos chabolistas". El sindicato, a través de un comunicado, valoró como "positiva" la misma y ambas partes se emplazaron a una próxima reunión "en la que por parte de la Dirección General se dé una respuesta a esta solicitud".

Al respecto, desde el sindicato explican que "la propuesta de regularización se basa en el reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000 que habilita al Consejo de Ministros a dictar instrucciones para la concesión de autorizaciones de residencia y/o trabajo en que podrán quedar vinculadas temporal, por ocupación laboral o territorialmente en los términos que se fijen en aquellas, o de autorizaciones de estancia, debiendo establecer estas instrucciones la forma, los requisitos y los plazos para la concesión de dichas autorizaciones”, "como ya se ha hecho en algún que otro sector una regulación en este sentido", añaden.

La secretaria general de CCOO de Huelva, Julia Perea, señaló que “para sacar de la irregularidad al colectivo de personas inmigrantes que viven en los asentamientos chabolistas es necesario aprobar una autorización específica, ya que la actual regulación no lo permite, lo que hace que la situación de esta persona sea irresoluble”. Así, Perea explicó que “para el sindicato la aprobación de esta propuesta puede ser una oportunidad para cambiar las condiciones laborales de estos trabajadores extranjeros que están en situación de extrema vulnerabilidad”.

Por su parte, el responsable de organización de la Federación de Industria en Andalucía, Juan Caravaca, sostiene que “hay una disposición de las asociaciones patronales y de muchas empresas para contratar a personas de forma regular, que puede cambiar las relaciones laborales en el sector agrario y mejorar la imagen de la provincia de Huelva, solo nos falta la voluntad y valentía política para acabar con esta situación”.

Desde la central sindical aseguran que la población inmigrante en Huelva "ha crecido más de un 5% desde 2007, con más de 51.000 personas residentes, destacando las comunidades marroquí y rumana". El sector agrícola, "en particular el de la fresa, ha experimentado una gran expansión, pero enfrenta serios problemas para cubrir la demanda de mano de obra, especialmente durante las campañas de recolección que requieren más de 100.000 trabajadores, cuando la media anual registrada en la Seguridad Social no supera los 64.000".

Actualmente, prosigue CCOO en su comunicado, el Gobierno central y la Junta de Andalucía "están elaborando planes para la erradicación del chabolismo, para que las personas inmigrantes accedan a una vivienda que les permita vivir con dignidad, pero estas soluciones están pensadas para personas en situación regular". "¿Qué pasa con el otro 50 por ciento de la población que no la tiene regularizada?”, pregunta el sindicato, por lo que la aprobación de esta propuesta de CCOO "puede ser un apoyo importante para acabar con los asentamientos". "La vivienda es fundamental, pero el empleo es necesario para poder acceder al alquiler de una vivienda y, por supuesto, para regularizar y visibilizar ante las administraciones y la sociedad a este colectivo que actualmente está invisibilizado", expresó Perea.

CCOO Huelva entiende que este nuevo reglamento "es una mejora a las condiciones de las personas migrantes, sin embargo, no es una solución para la mayoría que habita en nuestra provincia". Desde el sindicato abogan "por continuar trabajando con las administraciones, para lograr una solución efectiva y humana que permita la integración plena de estos trabajadores y trabajadoras, y erradicar la precariedad que arraiga en los asentamientos de nuestra provincia y esto pasa porque se normalice administrativamente la situación de las 2.500 personas en situación de irregularidad".