La concertada de Huelva se suma a la campaña contra la reforma educativa

Huelva/Las organizaciones provinciales de Escuelas Católicas, CECE, FSIE, Feuso, Concapa y Fapyma, integradas en la Plataforma de Concertados, y que representan a casi una treintena de centros, más de 1.500 trabajadores y más de 5.000 familias, han acordado movilizarse en contra de la reforma educativa (Lomloe) que se está tramitando por la vía de urgencia en el Congreso de los Diputados. Lo harán en el marco de una gran campaña nacional pretende trasladar a la opinión pública y a los grupos políticos el amplio rechazo social que causa esta reforma.

Los centros, personal docente y no docente y familias de las concertadas van a iniciar en Andalucía y en toda España una campaña denominada Más plurales, más libres y más iguales con la que pretende conseguir cambios importantes en el proyecto de ley.

La campaña se desarrollará siendo conscientes de la situación de pandemia y emergencia sanitaria y por tanto de acuerdo con todas las recomendaciones sanitarias e incluirá actuaciones de movilización en redes sociales, recogida de firmas para el Congreso, protestas en los centros, concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, etcétera. La Plataforma de Concertados aspira a registrar en el Congreso de los Diputados un mínimo de 300.000 firmas en contra de la Lomloe.

La Plataforma andaluza pedirá al Gobierno de Andalucía que la secunde en sus

planteamientos y muestre públicamente su rechazo a esta norma, en los términos en los que ahora mismo está planteada. En este sentido, las organizaciones que participan en esta campaña pedirán a la Junta de Andalucía que recurra la norma ante los tribunales si finalmente es aprobada, por lesionar derechos básicos garantizados por la Constitución.

Patronales, sindicatos y federaciones de padres y madres de la concertada en la provincia de Huelva coinciden en rechazar la Lomloe, tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, el contenido. Por el momento, porque su tramitación se produce en plena pandemia, entre estados de alarma, en una situación crítica en lo sanitario y por ende en lo económico.

Por la forma, porque esta norma aleja definitivamente la legislación educativa de cualquier posibilidad de consenso y pacto con los actores implicados, a los que ni siquiera se ha llamado para negociar el documento: no es que haya buscado el consenso, es que por primera vez en la historia de la democracia ni siquiera se ha pretendido el diálogo.

A juicio de la plataforma, se trata de una ley nefasta por su fondo sectario y excluyente y por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza. Según los representantes de la Plataforma Concertados en Huelva, la Lomloe supone

un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En su comunicado, la plataforma estima que al eliminar la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares concede al Estado un poder absoluto y absolutista para realizar una planificación unilateral de los centros, más propia de regímenes totalitarios que democráticos. Para hacerlo, se inventa un “derecho a la educación pública”, completamente inexistente en la jurisprudencia y doctrina constitucional española y europea, y en la práctica

opuesto al derecho universal a la educación, que solo puede garantizarse con la

complementariedad de la oferta entre colegios públicos, concertados y privados.

En la misma dirección, la Lomloe, en contra de las recomendaciones de todos los organismos e instituciones educativas internacionales, lesiona aún más la autonomía de los centros, atacando de forma específica la de los centros concertados, a los que les impone un comisario político en el Consejo Escolar, con el objetivo poco simulado de poner frenos para el desarrollo de su ideario, cuando esa es contrariamente la razón de ser de estos centros y el motivo por el que las familias eligen nuestros centros.

Asimismo, posterga, aún más, la asignatura de religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación, y resucita la polémica educación para la ciudadanía a través de una nueva asignatura en valores cívicos y éticos que tiene el riesgo de utilizarse como herramienta de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres.

Por otra parte, prosigue el comunicado, la Lomloe, no sólo no avanza en la homologación de los profesores de ambas redes, sino que amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales del sector y el futuro tanto de la educación diferenciada, a la que se la aboca a no financiarse con fondos públicos y a su desaparición como opción pedagógica, como de los centros específicos de educación especial, en contra de la opinión de los profesionales y las familias.

Insiste en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona, pero vira a establecer como garantes a los poderes públicos, y no a los padres, o incluso a los poderes públicos frente a los padres.

Finalmente, arroga a la Administración la distribución unilateral del alumnado con desventaja social, educativa o económica, lo que, lejos de evitar la segregación educativa, tiene la consecuencia práctica de impedir la libertad de elección de las familias de esos menores, cuando precisamente estos alumnos son los que deberían tener una mayor puntuación para poder elegir preferentemente el centro que consideraran mejor.