Una condena por bebé robado podría reabrir puertas a los casos de Huelva

Huelva/Cuando el pleno de la Audiencia Provincial de Huelva decidió, en noviembre de 2012 y por unanimidad, que los delitos que pudieran relacionarse con las sustracciones de neonatos en la provincia estaban prescritos, cada uno de los casos denunciados acabó siendo archivado sistemáticamente. Ahora, tras una reciente reunión mantenida entre la presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, Esperanza Ornedo, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se abre un pequeño resquicio -muy lejano en el tiempo todavía- para el optimismo.

Según indicó Ornedo a Huelva Información, Lesmes le explicó durante el encuentro que por el momento no puede hacer nada contra esa decisión de la Audiencia onubense que aboca a todos los asuntos denunciados al sobreseimiento, no hasta que exista una sentencia condenatoria por este asunto en cualquier juzgado del territorio nacional. Entonces, le avanzó el presidente del CGPJ, es muy posible que el procedimiento llegue en forma de recurso al Supremo y éste "fijaría un criterio general que tendrían que acatar todas las Audiencias provinciales", incluida la de Huelva. "Sería la tabla de salvación de Huelva", subraya la presidenta del colectivo que representa a los afectados y que tiene conocimiento de casi 180 casos en la provincia.

No obstante, reconoce que este futurible avanzado por Lesmes puede ofrecerles también la otra cara de la moneda: que se cierren definitivamente todos los casos denunciados en España.

La presidenta de SOS Bebés Robados evidenció al presidente del órgano de gobierno de la judicatura que "me parece desmedido" la celeridad con la que se ha actuado en el caso, por ejemplo, de una adoptada condenada por hacer público el nombre de la monja involucrada en el trámite de su adopción y la parsimonia "con la que se actúa en otros como el del doctor Vela", procesado desde hace casi dos años pero sin señalamiento para el juicio. En muchos de estos asuntos tanto los padres denunciantes como el propio personal sanitario que pudo participar en los hechos "son muy mayores y el tiempo juega en nuestra contra".

Ornedo insistió a Lesmes en la necesidad de la reunificación de criterios en los juzgados y le pidió que, de darse el caso, opte por la reapertura "porque necesitamos encontrar a nuestros niños, que es nuestro principal objetivo, y que todo esto se investigue". Hay que recordar que los jueces de Huelva llegaron a imputar a 18 personas por su posible relación con los robos de niños en hospitales públicos y clínicas privadas, entre ellos varios ginecólogos y matronas.

El presidente del CGPJ recordó a la presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, según la versión de Ornedo, las dificultades que presentan para la investigación los casos más antiguos, muchos de ellos de los años 50 ó 60, "muy antiguos y faltos de pruebas". En este punto ella le recordó que en la provincia, sin ir más lejos, se ha considerado sistemáticamente prescrito un caso de 2001, "que todavía ese niño es menor de edad, que nació en el hospital Infanta Elena, y que su madre no tiene ni la más mínima oportunidad de tener a su hijo".

Ornedo le replicó que "me parece una burla hacia esa madre, estamos hartos de que se rían de nosotros". Así, rememoró que cuando se presentó la denuncia y se llevó el caso ante el Tribunal Constitucional (que no lo admitió a trámite) "ese niño debía tener sólo 13 años" de estar vivo. Como en otros tantos casos denunciados, a los padres, humildes y naturales de Isla Cristina, "les dijeron en el hospital que se hacían cargo del enterramiento". En la documentación aparece que el niño, gemelo con otro que sí sobrevivió y está con sus padres, "fue enterrado en la fosa común, a pesar de que los propios enterradores del cementerio de La Soledad aseguran que ésta no se utiliza desde 1990". Además, en el historial médico de la madre "no hay constancia de que ella haya dado a luz".

La presidenta del colectivo lamenta además que los grupos políticos finalmente no incluyeran modificaciones durante la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que favorecieran a las víctimas. "Estamos indefensos ante la Justicia", sentencia.