La crisis esconde más de 3.000 millones de dinero negro

Casi un tercio de la economía de Huelva se escapa al control del fisco. O lo que es lo mismo, es sumergida o informal. O ambas cosas a la vez. Con más de un 31% de paro, una de las mayores tasas de desempleo de España, y un tejido productivo al margen de la legalidad, los males financieros y económicos de la provincia de Huelva tienen difícil solución.

La crisis sistémica ha provocado que las prácticas económicas fuera de control se incrementen en los últimos cuatro años, mientras que los presupuestos y los ingresos en las arcas del Estado se recortan; de ahí que todos apunten a la supresión del fraude como única vía de escape a las cuentas públicas y también como única salida para no seguir castigando al bolsillo del contribuyente. Según las estimaciones Gestha (Asociación de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda), la economía sumergida se equipara el 30,5% del PIB provincial, la cifra más elevada de Andalucía donde la media es del 24,9%, la cuarta más elevada del país (con una media del 23,3% del PIB). Esto es, 2.855 millones se pierden en el limbo. Es una cifra que tanto sindicatos como patronal no dudan en que puede ser "mucho mayor" ya que en la generación de ese dinero que nadie controla y, por tanto, nadie puede cuantificar con exactitud, se incluyen los profesionales liberales y oficios que cobran sin factura, es decir, sin incluir el IVA, horas extras sin contabilizar oficialmente, compras de materias primas que se producen clandestinamente, alquileres sin declarar de pisos y locales, ventas al contado, rechazo de tarjetas de crédito, etcétera. La cifra global de economía sumergida incluye tanto el fraude fiscal como laboral y la proporción viene a ser del 66,21% para el componente fiscal y del 33,78% para el laboral. Es decir, de cada 100 euros de dinero negro, 66 euros son por evasión fiscal y 33 euros en fraude a la Seguridad Social. Lo cual, intuitivamente, se aprecia porque la empresa que paga una parte en negro a sus trabajadores, es porque antes ha ocultado esos ingresos, y habitualmente esconde una cantidad mayor que lo que necesita para pagar en caja B a los trabajadores, a algunos proveedores o para aumentar sus beneficios sin tributación. Todo eso repercute al final en cada uno de los onubenses que sí cumplen con sus obligaciones fiscales, hasta el punto de que cada uno paga de más 602 euros en impuestos y cuotas sociales, según los cálculos de Gestha. Si se redujese a la mitad ese fraude que repercute a todos, lo que supondría bajar en unos 10 puntos la economía sumergida, se recaudarían unos 341 millones (en el conjunto nacional esa estimación llega hasta los 38.500 millones, casi el doble de lo que recauda sólo con el Impuesto de Sociedades).

El impacto sobre la recaudación (tributos y cotizaciones sociales) no es el único problema generado por la economía sumergida, pese a ser uno de los más importantes. Limita, además, la provisión pública de servicios sanitarios, educativos y asistenciales, produce una falta de equidad en el pago de impuestos (las cargas son soportadas por quienes declaran correctamente, mientras quienes no lo hacen pueden disfrutar de beneficios sociales a los que no acceden los declarantes). Asimismo, afecta negativamente a la competencia empresarial, dado que las empresas que trabajan en la economía oficial están sometidas a mayores costes laborales, pago de impuestos y regulaciones administrativas. El impacto de la economía sumergida sobre el mercado de trabajo se deja ver en la estadística oficial de empleo, donde su efecto reduce las cifras reales de empleo y privando a los trabajadores de derechos laborales y sociales, como cotizaciones, prestaciones por desempleo y prevención de riesgos laborales.