El debate social sobre la violencia de género merma la presentación de las denuncias
Actividad en los juzgados de Violencia sobre la Mujer
Ellos quebrantan más las penas porque "están más empoderados"
Las delaciones caen un 12,6% en el primer trimestre de este año
El juez de Violencia reclama una mayor implicación de allegados y vecinos
Huelva/La polvareda que han levantado partidos como Vox sobre la violencia machista ha tenido consecuencias: “Las mujeres denuncian menos” debido a este debate, como explica a Huelva Información el magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Huelva, Ricardo Ruiz. Esta lacra –que mina los cimientos de cualquier sociedad saludable e igualitaria– ha salido desde hace unos meses a la palestra del debate público colgada de una percha distinta a la que la sociedad estaba habituada, la del discurso tóxico que distorsiona la realidad de las relaciones más dañinas entre un hombre y una mujer.
La cuestión es que los ataques exacerbados a la víctima de la violencia machista, ya de por sí vulnerable y atenazada por todo lo que conlleva denunciar al hombre que ha sido o que sigue siendo su compañero sentimental, está entre las razones del descenso de delaciones en los órganos de violencia sobre la mujer de la provincia, como estima Ruiz.
“Se está poniendo en tela de juicio el concepto violencia de género y se habla de denuncias falsas, ese caldo de cultivo no favorece para nada a las mujeres”, apunta el magistrado. En el primer trimestre de este año, tal y como consta en la estadística de Violencia sobre la Mujer del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los juzgados onubenses con competencias en la materia –Ayamonte 3, La Palma del Condado 3, Aracena 1, Valverde 1 y Moguer 1, Penal 3, Sección Tercera de la Audiencia y Violencia 1 de Huelva– recepcionaron 485 denuncias. Son 70 menos que en el mismo trimestre de 2018, una caída del 12,6%.
Cuando veamos los datos del segundo trimestre “irán en la misma línea”, augura. Es decir, que la situación se ha vuelto a enquistar.
Ricardo Ruiz agrega otra posible razón al descenso de las denuncias: “El tema provincialmente también está unido a la ruralidad: a una mujer que vive en un pueblo y tiene que ir al cuartel de la Guardia Civil le es más difícil denunciar porque puede ser vista por sus vecinos y eso la retrae".
En el primer cuarto de este año ninguna denuncia se ha presentado directamente en un juzgado y solo tres han sido presentadas en estos órganos por familiares de las perjudicadas, a las que hay que sumar otras tres en sede policial. Solo seis de 485, el 1,2%. A este respecto, el magistrado especialista señala que el entorno de la víctima “debería implicarse más, y los vecinos también tendrían que poner algo encima de la mesa; y los colegios e institutos, los grupos de amigos, porque si esto no se trabaja, nosotros no podemos llegar al fenómeno, que existe y que está soterrado”.
Ricardo Ruiz
"Hay que denunciar más, pero no solo la víctima, que ya tiene bastante, sino todos"
La víctima es la que asume la responsabilidad de salir de la asfixiante situación en la que se encuentra, como si no tuviera bastante. Fueron 417 las denuncias a instancias de las mujeres maltratadas las presentadas en los cuarteles de la Benemérita o en la comisaría de la Policía Nacional, dos más que en 2018.
Caen los atestados policiales por intervención directa de los agentes, que pasan de 32 a solo seis, y los partes de lesiones enviados por los sanitarios a los juzgados se rebajan de 76 a 52. Los avisos de los servicios de asistencia o de terceros en general se desploman: de 26 a cuatro. Pero Ruiz insiste, esto no quiere decir que haya menos violencia machista, sino que aflora menos.
También resulta llamativa la reducción de los casos en que la víctima se acoge a la dispensa a la obligación de declarar como testigo contra su maltratador. En el primer trimestre de 2018 fueron 16, en el de este año solo lo ha hecho una. Esto, que podría valorarse como un elemento positivo en la lectura de la estadística (por la valentía de las mujeres ante sus agresores), tampoco lo es. “Si se reducen las denuncias, se reducen las dispensas”.
Hay que tener en cuenta que el testimonio de la mujer que sufre el agravio es fundamental para ejercer la acción judicial, puesto que los episodios de violencia machista suelen darse en la intimidad del hogar. Y si se acogen al derecho a no declarar contra el autor de los hechos, es prácticamente imposible fundamentar el ilícito.
Dice al respecto el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva que para combatir esta situación “incidimos muchísimo en la víctima a través de su abogado, del Servicio de Atención a la Víctima de Andalucía (SAVA) y de la Fiscalía, porque si ella no da el paso, no podemos echarle una mano”.
Las víctimas fueron 454, es decir, que alguna de ellas denunció a su agresor en más de una ocasión, puesto que hay 31 denuncias más que perjudicadas.
En total, los juzgados especialistas onubenses dictaron 179 medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas de naturaleza penal (tres más que en 2018) y 37 civiles (60 menos). Entre las primeras destacan las medidas privativas de libertad para el agresor, seis en el primer tramo del año (con orden de protección para la víctima), 72 órdenes de alejamiento (69 con orden de protección), 72 prohibiciones de comunicación con la damnificada (69 con orden de protección) u ocho suspensiones de la tenencia o del uso de armas (todas con orden de protección).
De las de naturaleza civil resaltan las ocho atribuciones de vivienda para la mujer (siete con orden de protección), una suspensión del régimen de visitas (con orden protectora) o 14 prestaciones de alimentos (estas son 17 menos que el año pasado, y 13 conllevaban orden de protección). La escasez de estas medidas civiles, que se han reducido un 61,8% en solo un año, preocupa a los profesionales, “porque muchas de ellas son de protección a los niños”.
En total, jueces y magistrados dictaron 139 órdenes de protección para 96 españolas adultas y para una menor, así como para 42 extranjeras. Cien de los denunciados afectados por estas medidas son españoles. Los otros 39 tienen nacionalidad extranjera.
Este inicio de 2019 ha dejado 472 delitos ingresados, un 15,4% menos que en 2018, en consonancia con la rebaja de denuncias. Afortunadamente no ha habido ningún homicidio, aunque hay que recordar en este punto a la mujer apuñalada en Bollullos el 13 de marzo. Su pareja se suicidó después de agredirla.
Hubo 164 lesiones y malos tratos del artículo 153 del Código Penal, es decir, “un hecho puntual de no excesiva gravedad como un bofetón o un mínimo maltrato psicológico”. Las lesiones y malos tratos del artículo 143 (“más graves porque ya pueden conllevar suturas”) fueron 52 y el maltrato habitual o continuado (artículo 173 del Código Penal) centró 182 delitos ingresados.
La estadística del CGPJ también constata la existencia de nueve delitos contra la libertad, “es decir, de detención ilegal, con mujeres que pueden ser obligadas a permanecer muchos días encerradas en casa”, apunta Ricardo Ruiz, si bien esta tipología delictiva ha caído un 71,9% con respecto al primer trimestre de 2018. Y de uno contra la libertad e indemnidad sexuales, que se da cuando la víctima “es una menor o una persona con discapacidad”. Hubo además otros cuatro contra la intimidad y el derecho a la propia imagen.
Es destacable que pese a este generalizado descenso de denuncias y delitos, experimente un notable crecimiento el quebrantamiento de las penas, 51 (+27,5%). Es to es, hombres que ya han sido condenados y que se saltan a la torera las sentencias y las prohibiciones que estas conllevan. Esto ocurre, a juicio del magistrado del Violencia sobre la Mujer 1 de Huelva, “porque ellos están más empoderados”, precisamente por esas fake news y por el debate planteado por Vox y otros partidos de la derecha más extrema.
Ruiz tiene claro que la prevención general para combatir la violencia machista pasa por “denunciar más, pero no solo la víctima, que ya tiene bastante, sino todos”.
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