Los delitos de violencia de género crecen un 12% en un año

La violencia machista continúa muy presente en nuestro entorno social. Es el pan nuestro de cada día para el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva y para los demás órganos judiciales (mixtos y penales) con competencias en la materia en nuestra provincia. Cada uno de estos departamentos recepcionaron en el tercer trimestre de 2012 un total de 421 denuncias, según constata la estadística La violencia sobre la mujer en la estadística judicial, publicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la que ha tenido acceso este diario. Esto es un 31,1% más que en idéntico periodo de 2011, una media de 4,5 delaciones diarias. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se registraron 16 denuncias por cada diez mil mujeres residentes en nuestra provincia, mientras que un año antes habían sido 12,2.

De estas delaciones, diez fueron presentadas por la propia víctima en el juzgado -en 2011 fueron sólo cuatro-, pero en ninguno de los casos los denunciantes fueron sus familiares. La escasa implicación del entorno a la mujer sometida a malos tratos es uno de los problemas de base del asunto. "Si pararan los pies al agresor en el primer insulto, en la primera bofetada, en la primera salida de tono, no tendríamos desenlaces tan graves como los que vemos", puntualizó ayer al respecto uno de los especialistas en la materia, el inspector jefe del Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Policía Judicial de Huelva, Emilio Fernández.

Y es que de las 315 denuncias que iban acompañadas de atestados policiales -elaborados por especialistas de la Guardia Civil y la Policía Nacional-, sólo dos adjuntaban denuncias de familiares de las víctimas en el tercer trimestre de 2012. La protagonistas presentaron ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 258 delaciones, mientras que otras 55 -un 129% más que en 2011- fueron impulsadas de oficio por los agentes de la autoridad. Los sanitarios también cobran importancia en este aspecto. En total, 41 denuncias vinieron derivadas de partes de lesiones, una más que en el mismo lapso del año anterior.

En total, los juzgados con competencias en violencia machista ingresaron en Huelva 400 delitos en el tercer trimestre de 2012, un 12% más que sólo un ejercicio antes. La tipología más frecuente es la de lesiones y malos tratos, con 257 delitos registrados, un 1,9% menos que en 2011. Por contra, crecen los delitos contra la libertad hasta los 113, lo que supone un 52,7% más. Se disparan los quebrantamientos de penas y medidas cautelares: los primeros pasaron de ser tres a ocho (+166,6%); los segundos, de nueve a 13 (+44,4%). Por partidos judiciales, fue el de Moguer el que registró un mayor aumento del ingreso de delitos: pasó de 11 a 26 en un año, un 136% más. En el lado opuesto, el de Aracena, donde cayeron de 20 a 11, un -45%.

Las faltas ingresadas se desinflaron un 40% a cierre de septiembre de 2012, según los datos recabados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género para el CGPJ. Las 45 de 2011 se quedaron en 27 en pasado año. Las más frecuentes son vejaciones injustas (16, un -23,8%), seguidas de las injurias, que son ahora ocho mientras que doce meses antes fueron 24 (-66,6%).

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, hace hincapié en la necesidad de actuar en la prevención de estos delitos: "Todos los mecanismos judiciales están en marcha, pero cuando intervienen los juzgados, el delito ya se ha producido. Por este motivo, es importante aumentar la prevención en todos los ámbitos y fomentar la educación en igualdad y en la resolución pacífica de conflictos". En paralelo, considera "imprescindible" mantener las ayudas sociales en materia de violencia de género, así como introducir cambios legislativos para avanzar en la especialización de los juzgados, mediante la agrupación de partidos judiciales y su comarcalización a fin de optimizar los recursos humanos y materiales destinados a la lucha contra esta lacra.

En cinco de cada diez casos de violencia machista que llegaron en el tercer trimestre del año pasado a los juzgados de Huelva la relación de pareja se había extinguido en el momento de interponerse la denuncia. El 14,8% de estos asuntos se refería a rupturas conyugales. Asimismo, en el 27,8% de los casos sí existía una relación afectiva entre víctima y agresor, y en el 17,6%, ambos eran cónyuges.

Las cifras de renuncias a la continuación del proceso en fase de instrucción se incrementaron un 31,2% en un ejercicio, ya que fueron 63 en 2012. De ellas, 55 correspondieron a mujeres de nacionalidad española y las otras ocho, a extranjeras.

Entre julio y septiembre pasados se solicitaron 108 órdenes de protección a la judicatura, 103 de ellas a instancias de la víctima y otras cinco, a petición del Ministerio Fiscal. Del global, fueron adoptadas en 88 casos y denegadas en otros 20.

El perfil de la beneficiaria de una orden de protección en Huelva es, según el CGPJ, el de una mujer española mayor de edad (80,5% del total). De hecho, su número se ha incrementado hasta 2,6 veces en sólo un año, pasando de ser 33 en 2011 a las 87 de 2012. El denunciado es, en 89 de los casos, un hombre español, frente a los 19 de nacionalidad extranjera cuyas víctimas precisaron de una orden de protección judicial.

El año pasado fueron enjuiciados en nuestra provincia 87 hombres por violencia machista, un 14,5% más que en el ejercicio precedente. Seis de cada diez condenados es español. Ocho españoles y un extranjero resultaron absueltos de los hechos por los que se les había procesado.

Además, en el tercer trimestre del pasado año se adoptaron 192 medidas penales derivadas de las órdenes de protección, como son la orden de alejamiento (acordada en el 45,3% de los casos) o la prohibición de comunicación (adoptada en el 45,8%). Al mismo tiempo, se dictaron 35 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal, por lo que se mantiene la baja proporción de medidas cautelares civiles respecto de las penales. De éstas, un 34,3% acordaron la prestación de alimentos, un 28,6% se pronunciaron sobre la atribución de vivienda, en un 0,5% se acordó la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y un 1% la suspensión del régimen de visitas.