María Prieto García
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Juicio por el asesinato de Laura Luelmo
Huelva/En uno de los juicios más mediáticos que se recuerdan en la historia de Huelva, con sólo el antecedente de lo vivido en sus salas con motivo del secuestro y el asesinato de la pequeña Mari Luz Cortés en los primeros días de enero del año 2008, Bernardo Montoya, el acusado por el crimen de Laura Luelmo cometido en la localidad de El Campillo en los últimos días de 2018, se enfrenta desde hoy a la petición de tres condenas de prisión permanente revisable, una de ellas, la de la Fiscalía tiene como añadido otros 32 años más.
La elección de los integrantes del tribunal popular será, al menos en teoría, uno de los principales escollos de esta vista. Además de ser legos en derecho, la selección debe basarse en personas que no tengan conocimientos preconcebidos sobre lo ocurrido aquel día de diciembre de hace tres años, algo especialmente complicado en unos hechos tan mediáticos como aquellos. Los seleccionados mediante un sorteo se someterán a las preguntas de las partes para determinar su idoneidad para participar en un juicio que se prolongará a lo largo de esta semana.
El primer acto del proceso judicial será la declaración del acusado. Será la primera vez que se escuchen sus manifestaciones después de su detención, además de las prestadas mediante vía telemática ante la juez de Valverde cuando acusó a su expareja de ser la autora del crimen en una de sus múltiples versiones sobre lo ocurrido. Cabe recordar que una vez prestada declaración nada más ser detenido, en la madrugada del 21 de diciembre de 2018, se dirigió a las cámaras y pidió perdón a la familia de Laura Luelmo por lo que había hecho. Con posterioridad se supo también que ante la jueza pidió que le ingresaran en prisión "porque si no voy a volver a hacerlo".
Su declaración será trascendente toda vez que determinará cuál será la estrategia de su defensa en las siguientes jornadas. Bernardo ofreció al menos tres versiones sobre lo ocurrido en El Campillo; desde su confesión inicial, hacia una muerte accidental, otra por compasión y finalmente la inculpación de quien fuera su compañera sentimental y por la que tuvo que declarar en sede judicial. Lo que dirá ante el juez y los miembros del jurado, será una de las primeras incógnitas a despejar.
Las sospechas se dirigieron desde el primer momento hacia Bernardo, aunque será necesario detallar las pruebas que le incriminan, básicamente las recogidas en su domicilio, situado enfrente de donde la joven profesora se había alojado para dar clases en un instituto de Nerva, así como en el vehículo que trasladó su cuerpo hasta el lugar en el que lo abandonó.
Los días posteriores se prevé escuchar testimonios sobre las investigaciones llevadas a cabo durante los días siguientes a la denuncia por desaparición de Laura, así como las llevadas a cabo con posterioridad al hallazgo de su cadáver en Las Mimbreras, donde fue encontrado.
Según detallaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tras la elección del jurado y las manifestaciones de Bernardo Montoya, se escucharán 14 testigos más en la primera jornada de vistas. El martes declararán 20 testigos más; el miércoles seis médicos forenses y agentes de la Guardia Civil y el jueves seis guardias civiles, cuatro forenses y un psicólogo. A pesar de que en un principio el escrito de acusación de la Fiscalía solicitaba la presencia entre testigos, agentes de la Benemérita, forenses y distintos especialistas hasta un número que sobrepasaba con creces los 120, una vez hecha la selección todo parece indicar que el jurado puede retirarse a deliberar el mismo viernes.
Serán ellos quienes deberán decidir sobre la culpabilidad o no del acusado, así como de motivar debidamente (de no hacerlo se corre el peligro de repetir de nuevo todo el procedimiento con un nuevo juicio) todas las preguntas que les serán entregadas por el magistrado que preside la causa. Su veredicto será determinante para la sentencia que será decidida por el juez y que no podrá apartarse de dicha decisión del tribunal popular.
Los hechos, al menos según el relato que presentará la Fiscalía, ocurrieron alrededor de las 17:30 del 12 de diciembre del 2018, cuando el acusado abordó a Laura Luelmo al volver a su domicilio de El Campillo, en el que llevaba residiendo desde hacía tres días, tras hacer la compra en un supermercado cercano. El acusado sorprendió a la víctima y, con ánimo de privar su libertad de movimiento, mientras ella gritaba, la introdujo a la fuerza en su domicilio, sito enfrente de la casa de la joven, y cerró la puerta para que nadie la escuchara ni le prestara auxilio.
Una vez dentro comenzó a propinarle golpes y puñetazos en cabeza y cuerpo, llegando a utilizar un objeto de características similares a un palo, y aprovechó que la víctima estaba "malherida y muy debilitada" por la agresión para atarle las manos a la espalda y taparle la boca con un trozo de cinta adhesiva, quedando imposibilitada de todo tipo defensa. Seguidamente, el acusado trasladó a la víctima a uno de los dormitorios de su vivienda y aprovechando la situación de indefensión de la joven la violó.
Una vez finalizó, para evitar que se conociera tanto la comisión del delito que acababa de cometer como que él era el autor, con ánimo de acabar con la vida de la víctima, pero "no sin antes someterla a padecimientos innecesarios y un sufrimiento más intenso que el necesario para causarle la muerte", le propinó más golpes, uno de ellos en la cabeza con un objeto contundente.
Sobre las 18:42 horas, Montoya introdujo en el maletero de su vehículo el cuerpo semidesnudo de la joven envuelto en una manta, así como diversos enseres de la misma, para, media hora después llegar y arrojar el cuerpo en una zona de difícil acceso y entre matorrales conocida como Las Mimbreras. El cuerpo sin vida de Laura Luelmo fue hallado el 17 de diciembre del 2018, y Montoya fue detenido al día siguiente.
El 4 de septiembre de 1997, Bernardo Montoya se enfrentó a un juicio similar al que tendrá lugar desde hoy en el mismo edificio de la Audiencia Provincial de Huelva. En aquella ocasión fue condenado por el asesinato de una anciana en Cortegana y también fue mediante el procedimiento de jurado popular en una veredicto que apenas se prolongó durante unas pocas horas. El tribunal popular lo consideró responsable del asesinato de Cecilia Fernández a la que asestó, según la sentencia, una puñalada mortal y otras seis mientras se encontraba en el suelo sin posibilidad de defensa alguna. Entonces tenía 29 años; hoy con 53 se enfrenta a no poder pisar de nuevo la calle en libertad, a tenor de las penas que las acusaciones y la Fiscalía de Huelva le solicitan todas ellas de prisión permanente revisable. No fue su único choque con la justicia ya que fue acusado de amenazar a una mujer que iba a testificar contra él en un caso abierto, otra por quebrantamiento de condena, por robo en una casa en la que agredió a su dueña y por lesiones a una mujer a la que trató de robarle el bolso.
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