El empresario del caso Dubai obliga a aplazar la vista por incomparecencia

En la sala de vistas -reservada para tres días consecutivos- lo esperaban los tres magistrados que formaban el tribunal en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y una decena de abogados, entre defensas y acusaciones -incluida la Fiscalía-, pero el juicio no llegó a celebrarse.

El empresario cuyo rostro llegó a todos los rincones del país hace un año, cuando en plena crisis lanzó una oferta de trabajo virtual -a desarrollar en Dubai con la promesa de un salario de 600 euros diarios- y principal acusado en una estafa continuada a través de internet, José Manuel G.G., El Tiburón, no acudió a su cita con el tribunal y su incomparecencia obligó a sus pender la vista. Tampoco se personó su socio, J.L.P.S., acusado también por el Ministerio Público, y un quinto implicado en la presunta estafa que una de las acusaciones particulares llevaba al banquillo.

El Tiburón hizo llegar a los magistrados un justificante médico que confirmaba que el empresario había recibido asistencia médica en un centro hospitalario de Huelva en la jornada previa al juicio (2 de mayo), donde llegó a través del servicio de Urgencias, recibiendo el alta horas más tarde.

La Fiscalía subrayaba que José Manuel G.G. se enfrenta a una petición de condena de cinco años de cárcel y ponía en cuarentena la credibilidad de la supuesta dolencia, por lo que solicitó a los magistrados que ordenaran su detención y que el acusado fuera examinado por parte de los forenses.

El presidente del tribunal y de la Audiencia de Huelva, Jesús Fernández Entralgo, concretó que a la hora de cierre de este periódico estaba a la espera de recibir unos informes y que, una vez en mano, la Audiencia adoptará las medidas oportunas respecto a El Tiburón y a los otros dos inculpados que no han comparecido.

La acusación pública mantiene que El Tiburón y los otros acusados orquestaron supuestamente un plan para obtener dinero, consistente en la importación de vehículos nuevos y seminuevos y en la venta de coches de alta gama, procedentes de Alemania. Como vías para llegar al público, el acusado utilizó distintas páginas webs, en las que publicitó el negocio, al igual que hizo en revistas especializadas en automovilismo. En estos anuncios, sostiene el fiscal, se comprometía al envío de los coches adquiridos por sus compradores -previo pago del importe establecido- pero los vehículos nunca llegaron a su destino. Según los cálculos de las acusaciones, los procesados llegaron a estafar presuntamente unos 400.000 euros.

Además, crearon un par de sociedades y utilizaron otras empresas -sin conocimiento de sus administradores- para dar apariencia de seriedad y de solvencia económica, a través de las que ingresaban el dinero procedente de las ventas que nunca llegaron a producirse.