Los enganches ilegales de marihuana detectados en Huelva en lo que va de año consumieron la energía de 260 hogares

Huelva/Endesa, a través de su filial de redes E-distribución, desconecta cada 18 días en la provincia Huelva un enganche para alimentar plantaciones ilegales de marihuana. Así lo pone de manifiesto la empresa, que asegura que en los seis primeros meses del año ya ha desconectado una decena de estos enganches, una cifra que evidencia, en palabras de la propia Endesa, la "magnitud de un problema creciente que amenaza la seguridad física de los vecinos y la calidad de suministro en zonas con alta concentración de fraude". En el caso de Huelva esta problemática se detecta, sobre todo, en la capital, seguida de Almonte y Gibraleón.

La energía consumida por las plantaciones detectadas entre enero y junio de este año ascendió en Huelva a 900.000 KWh, suponiendo el 20% de la energía consumida de forma fraudulenta. En otras palabras, es el equivalente a lo que consumen en un año unos 260 hogares, pues según Red Eléctrica Española un hogar promedio consume de media cada año cerca de 3.300 KWh. A nivel nacional, se calcula que el total de las plantaciones de cannabis existentes en España consumen unos 2,2 TWh de electricidad, equivalente a la demanda de una ciudad del tamaño de Sevilla en un año.

Las instalaciones para cultivar marihuana en el interior de edificios, las conocidas como plantaciones indoor, han crecido de manera muy significativa en los últimos años. Los datos de las fuerzas de seguridad indican que son más difíciles de detectar y tienen mayor rendimiento que las plantaciones a cielo abierto, de cuatro a seis cosechas al año. Estos dos factores son claves para explicar el importante peso de las plantaciones de interior dentro del cultivo de marihuana en España, que según European Drug Report 2024, acaparó en 2022 el 81 %de las plantas de marihuana incautadas en la Unión Europea.

Los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan 24 horas al día mediante enganches ilegales que causan estragos en la red eléctrica. La sobrecarga de potencia activa las protecciones de los centros de transformación y provoca interrupciones de suministro que afectan a los vecinos de la zona.

El consumo de electricidad es tan alto y la manipulación de las instalaciones tan devastadora que llegan a originar incendios en líneas subterráneas y en los centros de transformación, hasta el punto de que se han registrado picos de 15 fusibles fundidos al día por centro de transformación. En el mes de julio tres centros de transformación han quedado calcinados en Sevilla y un cuarto esta madrugada, en los barrios Polígono Sur, Los Pajaritos y Torreblanca por la sobrecarga de potencia derivada del fraude masivo sin que se registraran víctimas. Igualmente, por el mismo motivo, han quedado calcinados un centro en el barrio El Puche, de Almería, y otro en Pinos Puente, en Granada.

Estas conexiones ilegales provocan incendios en las instalaciones generales, pero también en los edificios y viviendas en los que se ubican las plantaciones, originando graves riesgos tanto para las personas que manipulan las instalaciones como para los vecinos del entorno, que sufren además problemas en su suministro eléctrico.

En algunos puntos de la red gestionados por e-distribución se ha incrementado la potencia para intentar evitar las interrupciones en el suministro a los vecinos, pero, aunque la potencia instalada multiplica hasta por doce la que sería necesaria en función al número de habitantes, las incidencias se suceden, lo que evidencia un alto volumen de enganches a la red.

Al margen del riesgo eléctrico, la proliferación de estas instalaciones ilegales controladas por “organizaciones trasnacionales con una potente actividad policriminal” según el ministerio del Interior, supone además un riesgo físico para la actuación de los inspectores y técnicos de e-distribución. En un entorno de violencia creciente, en determinadas zonas deben trabajar con la cara cubierta para evitar su identificación y desarrollan su labor siempre acompañados por fuerzas policiales cuando acuden a desconectar las plantaciones de marihuana.

Las coacciones y amenazas a los trabajadores se registran en todo tipo de labores de inspección, no sólo en las vinculadas a plantaciones. En los últimos tres años los empleados de la compañía y de las contratas que trabajan sobre el terreno han sufrido un centenar de casos de violencia física y verbal, en concreto, 51 casos de agresiones y 45 de amenazas, cuando procedían a desmantelar fraudes, una hostilidad creciente que los técnicos sufren también cuando se desplazan para reparar incidencias ocasionadas por la manipulación de la red.

Las conexiones ilegales vinculadas a plantaciones de marihuana acaparan, junto a los grandes consumos vinculados a la actividad industrial y los negocios el 74% de la energía defraudada detectada por la filial de redes de Endesa. En los seis primeros meses de este año, e-distribución detectó en Huelva 701 expedientes de fraude, 10 de los cuales vinculados al cultivo de marihuana que han llegado a consumir el 20% del total de la energía defraudada.

200.000 inspecciones

El uso de las últimas tecnologías y la inteligencia artificial se han convertido en valiosos aliados para detectar las instalaciones fraudulentas, pero el trabajo final corresponde a los técnicos e inspectores de la compañía y de las contratas, que han realizado cerca de 200.000 inspecciones sobre el terreno en lo que va de año en España para detectar las manipulaciones de la red.

En algunas de esas inspecciones fue decisiva la colaboración de los ciudadanos, que pueden informar de manera anónima a su compañía distribuidora si sospechan que se está cometiendo fraude en su entorno. Los clientes en el área de distribución de Endesa pueden escribir al correo electrónico anomalias@enel.com, rellenar un formulario en la web de edistribucion.com o llamar al teléfono gratuito 800760220.

Junto al riesgo para la seguridad de las personas y el impacto en la calidad del suministro eléctrico, el fraude tiene un importante impacto económico para toda la sociedad. Las estimaciones indican que el fraude eléctrico le cuesta al conjunto de los consumidores españoles más de 2.000 millones al año, el equivalente a 69 euros al año por cada punto de suministro.

Pese a la relevancia de estas cifras y el impacto que actividades como el cultivo de marihuana indoor tiene en los barrios en los que se asientan, las penas por fraude eléctrico en España son inferiores a las de los países de nuestro entorno como Francia, Italia o Alemania.

Endesa reitera su voluntad de "colaborar con todas las administraciones y agentes implicados para buscar soluciones a este problema que tiene un importante impacto en el conjunto de la sociedad".