El fiscal pide 40 años de cárcel para los Cortés por la reyerta familiar

Nuevo paso en el procedimiento judicial que se sigue contra los cinco miembros de la familia Cortés que supuestamente participaron en una reyerta en la barriada onubense de El Torrejón en la madrugada del 21 de septiembre de 2011, quienes se enfrentan a elevadas penas de cárcel por atentar contra la integridad física de Antonio Fernández, al que presuntamente hirieron durante un tiroteo.

La Fiscalía de Huelva remitió la semana pasada a la Audiencia Provincial onubense su escrito de acusación, por el que les atribuye delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas de fuego y amenazas.

Huelva Información ha tenido acceso al documento redactado por el Ministerio Público, mediante el que se solicita para los cinco imputados -en libertad con cargos desde el 22 de septiembre de hace dos años- una pena global de prisión de 40 años y diez meses de prisión, 35 de ellos por la tentativa de homicidio.

Según el fiscal del caso -cuyas riendas ha llevado hasta ahora la magistrada del Instrucción 3 de Huelva-, el padre de Mari Luz, Juan José Cortés, mantuvo en la tarde del 20 de septiembre de 2011 una discusión telefónica con su tío Antonio Fernández. Este último, el perjudicado, le profirió la expresión "me cago en tus muertos".

El fiscal prosigue indicando que Cortés, tras escuchar esto, dijo al hermano de su madre "en varias decenas de ocasiones" que "en el momento en que llegue a Huelva te quemo la casa contigo y con tu familia dentro", además de "voy a comprar una garrafa de gasolina y te voy a prender fuego al piso contigo dentro y con tu familia, te voy a quemar, te voy a quemar".

La acusación pública remarca además que dirigió expresiones "semejantes" al hermano de la víctima, José Fernández, aquella misma tarde.

El relato del Ministerio Fiscal indica que en la noche de autos, Juan José Cortés, su padre, Juan Cortés; sus hermanos, Valentín y Diego Cortés, y el marido de su hermana, Vicente Jiménez, "puestos de común acuerdo", se aproximaron a la calle Dalia de El Torrejón. Eran las 0 2:00 del 21 de septiembre.

En el número 11 de esta vía residía José Fernández y "al mismo habían acudido a reunirse y refugiarse numerosos miembros de su familia", entre ellos su hermano Antonio.

Los procesados arribaron a la calle en varios vehículos. Cada uno de ellos portaba "una escopeta de caza" pese a carecer de las correspondientes licencias para utilizarlas. Juan José Cortés llevaba además, afirma la acusación, "un bidón de combustible". Entonces, "comenzaron a disparar". Afirma el fiscal que, cuando ocurrieron los hechos, en el interior de la vivienda tiroteada se encontraba una quincena de personas, entre ellas "dos niños de nueve años y varios menores de 18 años". Las detonaciones se produjeron "con ánimo de causar la muerte a Antonio Fernández y con absoluto desprecio por la vida e integridad física del resto de personas" que se hallaba en este instante en el inmueble.

Las ráfagas de postas de las escopetas se reprodujeron "en numerosas ocasiones". Los procesados, prosigue la Fiscalía, apuntaron a la fachada del piso en cuestión y a la ventana del salón, que se hallaba con la persiana bajada en este momento. Aún así, "numerosos perdigones la atravesaron introduciéndose en el domicilio, alcanzando uno de ellos a Antonio en la cabeza". La víctima no pudo evitar el impacto pese a que otro familiar lo arrojó al suelo para "evitar males mayores".

El herido tuvo que ser trasladado al vecino hospital Juan Ramón Jiménez, donde fue atendido por un impacto de perdigón en la cabeza que le causó "una herida frontal puntiforme por disparo de escopeta" y excoriaciones en la muñeca. No fue necesario ingresarlo en el centro médico y las heridas tardaron en curar diez días, "estando nueve de ellos impedido para sus ocupaciones habituales". Como consecuencia de los disparos, se produjeron "numerosos impactos de perdigones en las paredes del salón, a la altura de una persona adulta".

Después de la reyerta, concluye el Ministerio Público, Juan José volvió a hablar por teléfono con sus dos tíos, Antonio y José, a los que "reiteró el mismo ánimo de terminar con la vida" del primero, "llegando a decir que 'no estoy contento hasta que te mate y lo voy a conseguir".

La Fiscalía considera a los cinco imputados responsables de un delito de homicidio en grado de tentativa -como coautores-, por lo que estima que procede imponerles a cada uno de ellos una pena privativa de libertad de siete años de cárcel. Les atribuye además la autoría de otro delito de tenencia ilícita de armas de fuego, por el que solicita al tribunal que imponga a cada uno de ellos una condena de ocho meses de prisión y la privación del derecho a tenencia y porte de armas de fuego durante cuatro años.

Con Juan José Cortés va más allá y lo ve como responsable de tres delitos de amenazas (las del inicio del relato y la reseñada al final del mismo), pidiendo por cada uno de ellos que se le impongan 10 meses de cárcel. Es decir, dos años y medio en total. La suma final de la solicitud de condena para el pastor onubense se traduce en diez años y dos meses de privación de libertad.

Además, a juicio del fiscal, todos los imputados deben asumir la inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo durante el tiempo que dure la potencial condena y las costas del procedimiento.

En la vista oral, para la que aún no se ha fijado la fecha, la acusación pública llamará a declarar a la víctima, Antonio Fernández, a su hermano José y a varios familiares más, además de a los dos funcionarios de la Policía Nacional que realizaron la inspección ocular en la calle Dalia en la noche del tiroteo. Aportará como pruebas periciales los informes de los forenses que reconocieron al herido y los de balística de expertos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

De nada sirvió a los Cortés que Antonio Fernández optara por solicitar el archivo de la causa ante la autoridad judicial en días siguientes a lo acontecido, ya que la propia Fiscalía decidió seguir adelante con el procedimiento al considerar que el homicidio en grado de tentativa era "un delito perseguible de oficio", entendiendo que "el delito se ha cometido y hay autores conocidos, por lo que la víctima sólo podría renunciar al cobro de una indemnización", apuntaron a este diario a finales de septiembre de 2011 fuentes autorizadas del Ministerio Público.