El fraude detectado por Trabajo aumenta un 12,7%, hasta los 12,4 millones de euros

Los inspectores de Trabajo detectaron en la provincia de Huelva un fraude superior a los 12,4 millones de euros, sólo durante el año pasado, en cantidades no declaradas a la Seguridad Social por parte de empresarios y trabajadores, lo que pone en evidencia que los importes liquidados por la Inspección no dejan de aumentar ejercicio tras ejercicio (12,7% el último año) después de que el Ejecutivo implementara especialmente el control de la economía irregular desde hace ya más de tres años.

Ese fraude en Huelva llegó de la mano de más de 24.325 inspecciones y se tradujo en 71 infracciones a empresas onubenses que habían ocultado total o parcialmente sus pagos de distintas formas (contratando extranjeros irregulares, trabajadores sin alta, o efectuando contratos fraudulentos) y otras 125 a particulares que estaban trabajando por cuenta propia o ajena recibiendo una prestación por desempleo, según los datos facilitados por el Gobierno central.

El control de la prestaciones de los desempleados y los atajos que puedan tomar los empresarios es uno de los puntos en los que más hincapié ha hecho el Gobierno durante los últimos años, y cuando aún no había pasado un año de la puesta en macha del Plan de lucha contra el empleo irregular y fraude en la Seguridad Social, los efectos eran más que evidentes en Huelva: una de cada cinco inspecciones destapaba un empleo irregular. Hoy, esa relación sólo se iguala o supera en el empleo aflorado (955 de un total de 3.214 inspecciones) y en el fraude cometido por los trabajadores que quedó en evidencia en la tercera parte de los controles impulsados desde el Ministerio de Trabajo. El resto de irregularidades y estafas ha caído.

En lo que respecta al cobro irregular de prestaciones por desempleo y otras ayudas, los inspectores detectaron que el fraude cometido durante el año pasado se produjo en 60 empresas (frente a las 108 de un año antes) y por 125 (frente a 177) perceptores, pillados cobrando el paro mientras realizaban una actividad.

Además, Empleo detectó 11 empresas ficticias con 22 trabajadores que aparecían en ellas a través de altas falsas.

A pesar del aumento del control, el empleo sumergido sigue siendo una constante negativa en la economía. Así lo manifestó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, este verano, quien destacó que las distintas medidas antifraude y el aumento de las inspecciones han conseguido sacar a la luz más de 274.000 empleos no declarados en España, de los cuales más de 3.050 han sido identificados en Huelva desde 2010.

La economía sumergida es cobrar en dinero b, en sobres, y, como define la Fundación de Cajas de Ahorro, es "el conjunto de actividades económicas escondidas deliberadamente a las autoridades para evitar el pago de impuestos o cotizaciones a la Seguridad Social, aunque su producto final es legal". Su ventaja a corto plazo es clara: una obra de reforma sin IVA es una obra que resulta un 21% más barata; un trabajo de ocho horas escondido bajo un contrato de cuatro supone un ahorro de unos 350 euros en la cotización. La tentación es fuerte. Sus perjuicios, en cambio, son menos palpables a simple vista, aunque muy destructivos para el tejido empresarial y la economía (el ilegal termina en muchos casos venciendo al legal que cumple con sus impuestos y trabajadores). En el fraude laboral no hay que caer en engaños y si en la sociedad se tiene claro que para que el pago en b sea efectivo, al otro lado del sobre debe haber otra persona que, con mayor o menor aceptación, lo reciba. En una empresa ocurre lo mismo, según se pone de manifiesto desde el propio cuerpo de inspectores: si el contrato no se firma, hay un trabajador que acepta (a veces sin más remedio) la situación. "Al otro lado del cobro sin factura debe haber alguien que acepte una transacción que no deja huella", puntualizan. Esa circunstancia afecta a todos los campos y sectores, aunque bien es cierto que durante los últimos años se ha estado especialmente vigilante a la posible contratación de extranjeros ilegales en nuestra provincia.

La economía sumergida representa el 24,8% del Producto Interior Bruto (PIB) provincial, según los datos que maneja el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Según las mismas fuentes, el volumen de la actividad económica en negro ha ido aumentando desde 2008, cuando la tasa de economía sumergida se situaba en Huelva en una media del 21,4 % del PIB. El ascenso ha ido coincidiendo con la etapa de crisis económica, de manera que si en el periodo de 2000 a 2003 la cifra se situaba en el 18,5%, la misma alcanza el 19,8% entre 2004 y 2007 y la distribución de la economía sumergida llegaba al 21,4% entre 2008 y 2011, siendo de hasta el 24,8% en 2012 (último dato del que se dispone).