Un instructor investiga la actuación policial con el cuchillo hallado en la cloaca de Almonte

Almonte/El Ayuntamiento de Almonte ha abierto un expediente informativo para tratar de esclarecer "cuáles fueron las actuaciones policiales que llevaron a cabo" la jefa de la Policía Local de Almonte, Paqui Borrero, y los dos agentes que extrajeron el cuchillo de la alcantarilla del Callejón de los Granados de la localidad solo unos meses antes de la celebración del juicio por el doble asesinato de Miguel Ángel y María Domínguez, acuchillados en la avenida de los Reyes en abril de 2013 y cuya arma del crimen nunca fue encontrada.

Así lo avanza en primicia a Huelva Información el concejal de Seguridad Ciudadana almonteño, Manuel Ángel Fernández (PP), aclarando que "esto no es un expediente disciplinario sino informativo", aunque reconoce que la investigación llegará hasta el final y que sí podría traer consecuencias para los funcionarios implicados en este asunto de demostrarse una mala praxis.

Para arrojar algo de luz al escabroso asunto –que también se aborda en una pieza separada del crimen de Almonte en el Juzgado de Instrucción 1 de La Palma del Condado– el Ayuntamiento ha designado a un instructor que desde principios de diciembre investiga el asunto.

Se trata de un inspector del Cuerpo Nacional de Policía que forma parte de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía "y que ni siquiera trabaja en la provincia", aclara el edil.

"He tenido que mover muchos hilos y me ha costado más de la cuenta encontrar a alguien que se quisiera hacer cargo del caso", subraya Fernández. Su intención no ha sido otra que la de tratar que las pesquisas "sean lo más pulcras posible", sin interferencias de ningún tipo.

El instructor cuenta con el apoyo de un asesor jurídico que actúa como secretario en el expediente informativo y su nombramiento está respaldado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva y por el propio Consistorio almonteño.

Desde que se ha puesto manos a la obra, la fuerza actuante ha solicitado información y documentación sobre el hallazgo del cuchillo a la jefa de la Policía Local, como responsable del cuerpo, y a distintos servicios municipales.

El edil recuerda que aunque inicialmente el foco está puesto en estos tres trabajadores, no se puede descartar que los avances acabaran con más implicados, "como otros responsables de la Jefatura, el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Joaquín Díaz Trigueros, o la exalcaldesa, Rocío Espinosa".

No obstante, habrá que esperar al resultado de la investigación. Manuel Ángel Fernández desconoce si el instructor tiene un plazo limitado para indagar o no. "Yo he impulsado el tema y me he apartado, hay que dejarlo trabajar con independencia", subraya.

La notificación de la apertura del expediente fue sencilla en el caso de los dos agentes implicados. No tanto en el de Paqui Borrero. Como apuntan las fuentes de este diario, la jefa del cuerpo policial municipal rehusó recepcionar el aviso y firmarlo en primera instancia. Preguntado por este asunto y sin querer profundizar en él, el responsable de Seguridad Ciudadana almonteño indica que "los tres están ya notificados".

Asimismo, remarca que la apertura de este expediente administrativo sobre el cuchillo en la alcantarilla fue "un compromiso electoral del PP con Almonte y con la familia de las víctimas que se aprobó en el Pleno de septiembre". Cabe recordar que Ilusiona llevó también una moción a aquella sesión plenaria en la que solicitaba la apertura de expediente "donde se aclaren todas las circunstancias que concurrieron en torno al hallazgo".

Los dos agentes sacaron el cuchillo sospechoso de la alcantarilla, lo introdujeron en una bolsa de plástico y, según su versión judicial, trataron de entregarlo a "un guardia civil bajito" que se negó a recepcionarlo. Así que lo dejaron en una taquilla durante, al menos, un año y medio.

Cuando el hermano y tío de los asesinados, Aníbal Domínguez, denunció los hechos ante la Guardia Civil, entregaron un arma blanca en los juzgados palmerinos. Esa, la depositada en sede judicial, no es el arma del crimen.