El juicio por el derribo de la Casa Duclós de Huelva se celebrará el 15 de enero

Huelva/El juicio por la demolición ilegal de la Casa Duclós se celebrará el próximo 15 de enero en el Juzgado de lo Penal 4 de Huelva. La vista oral contra la expropietaria del inmueble protegido, B.N.D.P., tendrá lugar casi 16 años después de que el Ayuntamiento de Huelva aprobara el expediente de expropiación forzosa con el que se pretendía la protección patrimonial de la conocida vivienda del Parque Moret y su reconversión a Centro de Interpretación Arqueológica.

Ahora la acusada, que se encuentra en situación de libertad provisional, se sentará en el banquillo para responder por un delito de daños en bien de dominio o uso público o comunal.

La Fiscalía solicita por la presunta autoría del derribo dos años de prisión, 9.000 euros de multa, el pago de las costas y una indemnización al Ayuntamiento de Huelva de 433.124 euros: 418.648 euros por el valor de reposición del inmueble derribado y 14.475 euros por los gastos derivados de la retirada de escombros, desmontaje de cubierta de placas de fibrocemento con amianto del edificio auxiliar, y demolición de cerramiento y solería de edificio auxiliar, cantidades incrementadas con los intereses legales oportunos.

La acusación particular, que ejerce el Consistorio, solicita para ella una pena de tres años de prisión y una multa de 24 meses. En ambos casos se contempla la accesoria especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En este caso la responsabilidad civil solicitada es muy superior. El Ayuntamiento reclama una indemnización de 640.271 euros: 207.147 euros por el valor del bien derruido como pérdida patrimonial para los onubenses, 418.648 euros por los gastos inherentes a la Administración local por reposición de la edificación derruida y la cantidad de 14.475 euros por los gastos inherentes al Consistorio por trabajos pendientes y derivados de las acciones ilegales de los responsables de la demolición ilegal, con los intereses correspondientes.

La Casa Duclós estaba edificada en una parcela de 8.693 metros cuadrados, calificada de dotacional en el Plan Parcial número 2 y que es considerada de propiedad municipal desde la firma del acta de ocupación y pago realizada el 17 de febrero de 2005 como resultado de una expropiación urbanística que, tras la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, fue inscrita como propiedad municipal.

En 2004 el Ayuntamiento aprobó el expediente de expropiación forzosa del inmueble. La propietaria promovió varios pleitos contra el Consistorio que no modificaron la situación expropiatoria. En febrero de 2005 se levantó acta de ocupación y pago de la casa "en la que intervino la acusada en su nombre y en el de sus hermanas, manifestando disconformidad y negándose a firmarla". El Ayuntamiento consignó el pago de 770.461 euros.

Como consta en el escrito de calificación de la Fiscalía, en noviembre de 2005 se firmó el acta de desalojo y lanzamiento, "en el que la acusada se comprometía a dejar el inmueble libre de ocupantes, enseres y muebles en dos meses", pero esto no se llevó a cabo.

Así que el asunto se fue enquistando y demorando. En 2010 la acusada fue nuevamente requerida para el desalojo. También hizo caso omiso. Uno de los órganos de lo Contencioso de Huelva autorizó de nuevo la entrada en el inmueble, "que seguía ocupando la acusada" en septiembre de 2012. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó el desalojo en marzo de 2013. Pero "se dilató la salida por parte de la acusada", dice la fiscal.

Ya con el PSOE en el Ayuntamiento capitalino, este "interesó nueva autorización judicial de entrada" en diciembre de 2016 y concedió a la procesada "un nuevo plazo de cuatro meses". No fue hasta el 8 de mayo de 2017 cuando la encausada "firmó un compromiso de desalojo voluntario en dos meses, que finalizaba el 8 de julio" de ese año.

Lejos de cumplir con su obligación, la acusada zanjó la situación de la peor manera posible. Solo dos días antes de que cumpliera el plazo, el 6 de julio, contactó con una empresa de demoliciones, le solicitó presupuesto y procedió al derribo el día 8.

Tiró la Casa Duclós abajo, "salvo unos cuartillos auxiliares traseros con techo de uralita". Ella misma asumió la factura del derribo, pero dejó los escombros en el lugar.

El 10 de julio de hace dos años, esta mujer compareció en la Concejalía de Urbanismo y entregó al jefe de servicio las llaves de la casa, pese a que ya estaba completamente desaparecida. El Ayuntamiento tuvo que asumir los trabajos pendientes de la demolición, la retirada de escombros, el desmontaje de las cubiertas con amianto del edificio auxiliar y el derribo del cerramiento y la solería.