La madera que Ence no quiere

De forma completamente inesperada, Ence, la segunda fábrica que se instaló en una Huelva aún pesquera de la mano del Polo de Desarrollo Industrial, anunciaba hace once días el final de su actividad de producción de celulosa. La papelera argumentaba la clausura de la planta en la "ineficiencia de costes" y la "falta de madera local, paliada hasta el año pasado por las primas a la cogeneración que la reforma energética ha reducido de forma importante".

La medida cogía de sorpresa a ciudadanos y administraciones, aunque ya en junio de este año el consejero delegado de la empresa, Ignacio Colmenares, había advertido de que el grupo planteaba para Huelva "una importante transformación" tras arrojar un Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) negativo durante meses. Colmenares incidía en el impacto "desestabilizador" de la reforma energética en Huelva al eliminar primas a la cogeneración, pero también en el "alto coste estructural del suministro de madera", factores que llevaban el coste de producción hasta los 515 euros por tonelada de celulosa en Huelva frente a los 357 de Navia o los 401 de Pontevedra. A esa falta de competitividad aludía la empresa en su comunicado del pasado 4 de septiembre, en el que se hablaba del fin de ciclo de vida útil de la fábrica de celulosa y de nuevo de "la escasez estructural de madera de eucalipto en la zona de Huelva, que hace necesario traer la madera de la zona norte de España e importar de otros países, con altos sobrecostes".

¿Hubieran podido reducirse esos sobrecostes de producción con una mejor gestión forestal de los terrenos a disposición de Ence? Eso afirma un informe de la Junta de Andalucía: la empresa podría conseguir un aumento de la producción maderera para reducir el peso de las importaciones de materia prima en el suelo que ya tiene disponible en la provincia. Ence cuenta con más de 61.000 hectáreas para gestionar en Huelva, señala el estudio, de las que 45.000 se consideran productivas; su futuro está ahora en el aire. Son sólo una parte de las alrededor de 140.000 hectáreas de eucaliptal onubense, lejos de las 234.000 que había en 1989 cuando el Plan Forestal Andaluz estableció como uno de sus objetivos la paulatina reducción de la superficie de eucalipto al tiempo que se aumentaba la productividad de las masas forestales. En la actualidad, la papelera importa aproximadamente la mitad de la madera que consume en su factoría, mientras que en torno a un 30% de ella proviene de las plantaciones de Huelva y el resto del Sur de Portugal. Con una selvicultura adecuada, asegura la administración, las importaciones podrían reducirse hasta en un 50% con una mínima inversión.

Frente a ello, el cultivo de eucalipto ha ido en retroceso, con una reducción de la superficie que el grupo Ence atribuye a "la expansión de los cultivos de fresas y de cítricos en la provincia", pero que según los madereros y la Administración tiene otra explicación: las condiciones que ofrecía la empresa a los titulares de los terrenos no resultaban rentables. El precio ofertado no costeaba siquiera los costes de producción, por lo que los propietarios han optado por buscar otros destinos para sus suelos.

En cuanto a la Administración autonómica, la relación con Ence en materia forestal se reguló con un convenio firmado en 2009, en el que se recogía la permuta por otros suelos de los terrenos propiedad de Ence en Berrocal afectados por el incendio de Riotinto, se preveía sacar a licitación aprovechamientos de biomasa y se comprometía la tramitación de una concesión administrativa del aprovechamiento de la madera de los eucaliptales públicos de la Junta, con una duración de hasta 36 años. Y según fuentes de la Administración autonómica, si este convenio no ha avanzado más rápido ha sido por dilaciones de la empresa.

Así, señala la Administración, desde el año 2011 se ha tramitado la contratación de varios aprovechamientos de biomasa de cara a la puesta en marcha de la planta de 50 MW que quedará como única instalación de Ence en la provincia de efectuarse el cierre anunciado. En lo referente a la permuta, el expediente está en trámite, pero la documentación que determina la propiedad de las fincas a permutar y los informes necesarios aún no han sido entregados por Ence en su totalidad.

Más dificultades ha tenido la tercera pata del convenio, el aprovechamiento de los eucaliptales públicos. A los problemas legales y administrativos por tratarse de un procedimiento novedoso se suma el retraso provocado, según la Junta, por la actuación de la empresa: varios cambios de interlocutores, reuniones sin acuerdos o cambios en las condiciones de la empresa. Pese a ello, el procedimiento estaba ya culminado.

En paralelo, la Junta ha seguido contratando aprovechamientos de madera en sus montes públicos y tramitando solicitudes de corta por parte de la empresa de los eucaliptales en edades cortas, antes del turno establecido cada 12 años. En cambio, apunta el informe, desde 2013 Ence no ha tramitado prácticamente solicitudes de trabajos que supongan inversiones de nuevas plantaciones, ni trabajos de preparación de los terrenos, ni reforestaciones. "Ello da a entender una falta de visión empresarial a medio o largo plazo que ya se manifestaba en 2013", señala el documento. Y ello a pesar de que sí se han seguido manteniendo reuniones técnicas y del foro creado para la sostenibilidad del eucalipto.

También ha habido diferencia de criterios con los ayuntamientos. Hay una importante superficie de monte público con masas de eucalipto en una provincia en la que llegó a haber 300.000 hectáreas cultivadas de esta especie, pero en los últimos años las negociaciones para el uso de esos eucaliptales no tuvieron mucho éxito, ya que la empresa ofreció a esos consistorios condiciones poco rentables.

Uno de los que sí mantiene la colaboración es Rosal de la Frontera, que se vería muy afectado por el cierre de la factoría. El Ayuntamiento tiene un convenio con Ence para el aprovechamiento de 5.800 hectáreas de monte público que le reporta 102.000 euros anuales, un 8,2% de su presupuesto anual. Pero la afección no se queda ahí: entre 50 y 60 personas trabajan directamente en la gestión de ese patrimonio durante nueve meses, llegaron a ser hasta un centenar en un pueblo de 1.800 habitantes.

Por eso, el alcalde de Rosal, Ramón Márquez, expresa su preocupación, "porque no sabemos cómo va a terminar este asunto". En principio, la empresa le ha asegurado que mantendría el convenio con el Ayuntamiento, pero por ahora están a la espera y miran de reojo a los montes, no tan bien atendidos como en el pasado. También pide apoyo a las administraciones: "El Gobierno central debería hacer números, del coste de echar 3.000 personas al paro. Y la presidenta -de la Junta- podría dar un golpe en la mesa".

En otros consistorios se buscan alternativas para una masa forestal que se configura como un activo económico de primer orden en las zonas rurales. Es el caso de Aroche, donde el Ayuntamiento tiene en marcha un proyecto piloto para la exportación de biomasa a Italia, que lleva dos años saliendo por el Puerto de Huelva. Es sólo uno de los usos para las 52.000 hectáreas forestales con las que cuenta el término municipal, de las que alrededor de un tercio corresponden a eucaliptos.

En Aroche hay un importante número de trabajadores, un centenar, que se dedican al sector forestal. Por eso, señala su alcalde Antonio Muñiz, el anuncio de cierre de Ence preocupa en el pueblo, "por la incertidumbre". No obstante, apunta el socialista, "la mayoría de los trabajadores se dedican a distintas tareas, no sólo a la corta de eucaliptos". Ahora están expectantes para saber qué hacer con sus masas forestales, si tienen que buscar una clientela diferente.

También se mira con preocupación desde Valverde del Camino a lo que ocurre en la capital. El municipio andevaleño tiene un elevado número de hectáreas forestales en producción, en diferentes tipos de activiaddes. "Si la celulosa acaba cerrando, tendrá un impacto negativo", reconoce el concejal de Economía, José Domingo Doblado.