Mediación Penal para Adultos de Huelva recibe 79 casos y logra 13 acuerdos

El servicio es público y gratuito, se encuentra en las sedes judiciales y su tiempo medio de resolución de un conflicto es de un mes

La Junta ya cuenta con una propuesta para la futura Ciudad de la Justicia de Huelva

Juzgado de Instrucción número 6. / M.G.
S.H.

09 de agosto 2024 - 17:22

El Servicio de Mediación Penal para Adultos (Sempa) ha cerrado 75 acuerdos extrajudiciales de asuntos derivados por los juzgados desde su puesta en marcha el pasado 1 de mayo en sedes judiciales de cinco provincias andaluzas (Almería, Granada, Jaén, Huelva y Sevilla), al de Huelva se han derivado 79 casos y en 13 ya se ha alcanzado un acuerdo. Se trata de un servicio público, gratuito y universal creado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para impulsar esta vía alternativa de resolución de conflictos, mucho más ágil y rápida, que el 2 de septiembre comenzará a funcionar también en Cádiz, Córdoba y Málaga.

En estos tres primeros meses de funcionamiento, los cinco servicios en marcha han recibido 287 asuntos, todos por derivación judicial para intentar promover un acuerdo entre las partes que evite un litigio. De ahí, la importancia de que los órganos judiciales incorporen esta fórmula de resolución de conflictos y deriven asuntos. Para ello disponen de un protocolo de derivación firmado con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que cuenta también con el respaldo de la Fiscalía.

En este tiempo se han resuelto con acuerdo uno de cada cuatro (26,13%), siendo el plazo medio de resolución de un mes, un tiempo récord comparado con la tramitación de un procedimiento judicial. El resto continúan en tramitación. El número de personas a las que afectan los asuntos derivados al SEMPA asciende a 568: 283 víctimas (el 53% mujeres) y 285 victimarios (el 64,2% hombres).

El 92% corresponde a casos de delitos leves, la mayoría amenazas. Otros 23 casos son de delitos no leves, principalmente maltrato familiar (6), lesiones (otros 6) o amenazas más graves (5). Al Sempa se pueden derivar asuntos sobre cualquier tipo de delito salvo los relacionados con la violencia de género o sexual, donde la mediación está vetada por ley.

Por provincias, el Sempa de Almería ha recibido 154 expedientes y ya se han cerrado 42 acuerdos; al de Granada han entrado 37 asuntos de los que ya se han resuelto satisfactoriamente más del 40% (15) y al servicio de Jaén ha recibido 11 asuntos con un índice de consensos del 45% (cinco). El de Sevilla no ha iniciado ningún procedimiento aún pero sí ha atendido ya a una docena de personas interesadas en esta vía y sus profesionales han realizado una veintena de sesiones informativas.

Para el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, “estos tres primeros meses demuestran que la mediación funciona, ha sido una vía muy poco explotada y nosotros hemos puesto en marcha una estrategia para impulsarla porque creemos en el diálogo y el acuerdo”.

Nieto ha defendido que “es una fórmula satisfactoria para las partes, porque se basa en el acuerdo entre ambas y no en una solución adoptada por un tercero, el juez, que siempre deja insatisfecha a una de las partes y a veces a todas”. El consejero ha mostrado su confianza en que conforme se extienda la mediación “podamos contribuir a reducir la altísima tasa de litigiosidad que tiene Andalucía”.

Andalucía acabó el año pasado con una tasa de 156,8 asuntos por cada mil habitantes, tan solo superada por Canarias, y en el primer trimestre de 2024 la litigiosidad es de 41,28 causas por cada mil ciudadanos. Además de la sobrecarga de trabajo que eso conlleva para los tribunales andaluces, según estudios elaborados por las Cámaras de Comercio, el coste de un procedimiento judicial completo alcanza los 8.000 euros, mientras que la mediación no superaría los 2.000 euros.

Por ello, la Junta está apostando por impulsar la mediación con medidas pioneras como su inclusión en el sistema de Justicia Gratuita para que “cualquier andaluz pueda recurrir a esta vía independientemente de sus recursos económicos”, ha subrayado Nieto. Así, la nueva orden que regula las compensaciones económicas a abogados y procuradores del turno de oficio, en vigor desde el 1 de enero de este año, incluye por primera vez la retribución con hasta 400 euros de su trabajo en procesos de mediación en caso de acuerdo.

“Andalucía es la única comunidad autónoma que incluye la mediación en el sistema de Justicia Gratuita, de forma que los profesionales son compensados por su trabajo en este tipo de procesos ya que queremos que sean nuestros aliados para promover esta fórmula, que no lo vean como una competencia”, ha añadido el consejero.

Tras el éxito del Servicio de Mediación Penal de menores en el sistema de Justicia Juvenil, que el año pasado llevó a cabo 2.276 mediaciones con menores infractores de las que el 80% acabaron con conformidades, este año se ha puesto en marcha el Sempa para adultos, con un presupuesto inicial 1.123.043,60 euros (IVA incluido) para los contratos de gestión de los ocho equipos provinciales, con una duración de 12 meses prorrogable.

El 1 de mayo comenzaron a funcionar en Almería (Vicfam), Granada (Avide), Huelva (Atenin), Jaén (Avide) y Sevilla (Hacan), en las principales sedes judiciales de las capitales y servicios itinerantes para atender al resto de partidos judiciales tras adjudicarse a las entidades. El próximo 2 de septiembre se pondrán en marcha en Cádiz (donde ha resultado adjudicataria la entidad Enlace), Córdoba (que gestionará Imeris) y Málaga (a cargo de Solucion@).

Cada servicio provincial cuenta con tres profesionales expertos en mediación penal y justicia restaurativa que trabajan en coordinación con los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (Pima), el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (Sava) o el Servicio de Mediación Penal de Menores.

Además, la Consejería de Justicia está tramitando la creación de un Consejo Andaluz de la Mediación y la elaboración de un Registro de profesionales y entidades de mediación para que los andaluces puedan acceder a un listado de especialistas en la materia.

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