Un mercado negro de móviles en la cárcel: Todos los meses requisan alguno en la prisión de Huelva

Un mercado negro de teléfonos móviles se ha ido construyendo en las cárceles con el paso de los años hasta el punto de que solo en 2024 se intervinieron cerca de 2.900 dispositivos en los diferentes centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Unos datos que ponen de relieve el hecho de que el teléfono móvil es uno de los objetos más codiciados en una prisión, una realidad de la que Huelva no es ajena, en tanto que en el último año fueron decomisados quince móviles en la prisión onubense.

Los datos remitidos a este periódico por Acaip-UGT, a través de la recopilación efectuada por el Portal de Transparencia, reflejan "una preocupante estabilidad en su presencia dentro de las cárceles". Tanto, que un tercio de los móviles retirados en los cinco últimos años -un total de 47- lo han sido en 2024.

Huelva queda lejos de las provincias andaluzas que lideran el ranking de decomisos, véase los casos de Almería (195) o Málaga I (161), pero también sufre una tendencia ascendente común a todas las cárceles del país y sobre la que Acaip-UGT pone el foco porque "muchos de estos dispositivos son utilizados por internos especialmente peligrosos, como condenados por delitos de terrorismo, violencia de género o pertenecientes a bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad". Un acceso a estos teléfonos que, prosiguen en su denuncia desde el sindicato, "no solo les permite continuar con su actividad delictiva, sino que también genera conflictos internos, deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia". En datos, entre 2020 y 2024 se incautaron un total de 12.882 terminales en los centros penitenciarios españoles, de los que 2.884 se decomisaron 2024. Más de una quinta parte.

Ante ello, desde Acaip-UGT quieren "poner en valor el esfuerzo y compromiso de los empleados públicos penitenciarios que, a pesar de los medios limitados y la creciente sofisticación de los métodos de introducción, continúan trabajando intensamente para frenar este tipo de contrabando". En base a ello, la central sindical indica que "los funcionarios deben hacer frente a esta realidad con medios claramente insuficientes".

Al respecto, explican que los terminales son "cada vez más pequeños y están fabricados con componentes plásticos", por lo que "escapan fácilmente de los detectores de metales y pueden esconderse en los lugares más insospechados". Una circunstancia que "obliga a realizar requisas exhaustivas, que requieren formación especializada y suficiente personal, algo que hoy en día no se garantiza en todos los centros", advierten.

Además, subrayan desde el sindicato, surgen nuevos métodos de introducción que suponen "una grave amenaza para la seguridad". Se refieren a los drones, cuya capacidad de sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión "convierte a estos dispositivos en vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar las defensas actuales de los centros".

Ante ello, el sindicato reclama inversión "urgente y decidida" en tecnología moderna de seguridad, pues los inhibidores "instalados hace años, basados en redes 3G, han quedado obsoletos ante el avance de las telecomunicaciones". "Es imprescindible dotar a los centros penitenciarios de sistemas de inhibición actualizados que impidan el uso de teléfonos móviles en su interior y eviten que drones sobrevuelen zonas restringidas", consideran.

En un comunicado de denuncia, Acaip-UGT sostiene que "la seguridad en prisión es un prerrequisito para la aplicación efectiva de los programas de reinserción. La introducción y uso de objetos prohibidos como los teléfonos móviles desestabiliza gravemente la convivencia, fomenta la violencia y socava los objetivos del sistema penitenciario. La lucha contra esta amenaza debe ser una prioridad para la Administración, dotando a los trabajadores de los medios humanos y técnicos necesarios para garantizar el orden y la seguridad en los centros". Es por ello que, concluyen, "reclamamos una respuesta firme, moderna y eficaz para hacer frente a esta amenaza constante, ya que la seguridad de nuestras prisiones no puede depender únicamente del esfuerzo y la vocación de los trabajadores penitenciarios, sino que requiere compromiso institucional, inversión tecnológica y planificación estratégica".