El 77% de las multas no se paga

La fuga de multas de este año está batiendo récord pese a la estrategia recaudatoria del Ayuntamiento, que para 2013 se ha llegado a marcarse la meta de embolsar 5 millones de euros reforzando la inspección. A expensas de las medidas que adopte el Consistorio tras rescatar para la gestión pública la Oficina de Recaudación, poco tienen que ver estos objetivos quiméricos con los hechos consumados hasta el momento: el fisco local no logra cobrar ni siquiera una cuarta parte de las sanciones que impone a la infracción de las ordenanzas municipales. Así lo deja al trasluz el avance de la liquidación de 2012 -cerrada a 30 de septiembre-, adjunta a los presupuestos aprobados esta semana por el equipo de gobierno del PP en el Pleno del Ayuntamiento.

Según el documento al que ha tenido acceso este periódico, en lo que atañe concretamente a las multas por incumplimiento de la ordenanza de circulación, la evasión en el pago ha sido del 77% en el periodo fiscalizado. La liquidación provisional cifra los derechos netos por este concepto en 1.131.683 euros, un montante tres veces superior al que estimaron las previsiones iniciales. Sin embargo, aunque la Policía Local penalizó infracciones por ese valor, en los nueve primeros meses del año, la recaudación líquida por multas de tráfico se ancló en 260.341 euros, el 23% del total, quedando aún pendiente de cobro 871.342 euros.

No obstante, hay que tener en cuenta que, aunque sintomático, el balance quedaría pendiente del último trimestre. De momento, considerando otro tipo de ingresos del Consistorio como los impuestos, tasas, precios públicos y transferencias corrientes, el grado de ejecución presupuestaria hasta el 30 de septiembre ha sido del 46%. La liquidación definitiva de 2011 se cerró con un 80% y ésta es la aproximación que extrapolan los mandatarios del PP para cuando finalice el año en curso.

Porcentajes que se intentarán depurar en una política trazada para 2013 que pasa por potenciar la inspección tributaria, los cobros ejecutivos y los procedimientos sancionadores desde el departamento que se ha configurado con funcionarios municipales después del rescate del servicio.

El contrato de externalización de la Oficina de Recaudación se rescindió en junio, buscando el ahorro que imponía el plan de ajuste -eliminando así un gasto anual de 2,5 millones de euros-, pero además, el Consistorio trataba de impulsar una etapa de mejora en la eficacia recaudatoria tras una serie de anomalías informáticas que impidieron el cobro de más de 9.000 multas.

En términos generales, las previsiones de ingresos fiscales para 2013 -con la presión del plan de ajuste comprometido con el Ministerio de Hacienda- se han ido limando en base a las últimas liquidaciones, aunque en el borrador aprobado el miércoles en el Pleno hay, cuanto menos, dos estimaciones que llaman la atención y que han sido tachadas de "ficticias" desde los grupos de la oposición: por un lado, los más de 4 millones de euros que el Consistorio prevé inyectar en sus arcas por venta de suelo -cuando este avance de liquidación muestra cero euros en este apartado- y, por otro, el volumen de multas y sanciones que se espera recaudar, un total de 4,9 millones de euros por infracciones de tráfico, disciplina urbanística, tributaria, medioambiental y otros ámbitos.

La cifra duplica a la previsión del ejercicio vigente. Otro cantar podrán ser los niveles de ejecución, como acabamos de ver con el avance de la liquidación de 2012, pero estas estimaciones iniciales vienen a dibujar la política económica en términos de estrategia.

La previsión de cobro de multas y sanciones se incrementa un 96% para el año que viene en el marco de la estrategia reseñada. La expectativa de recaudación se centra en las multas de tráfico, multiplicando su volumen por diez, mientras que se rebajan otros conceptos como las sanciones por infracciones urbanísticas, tributarias o de medio ambiente.

Por infracciones de la ordenanza de circulación, el Ayuntamiento espera ingresar 3,6 millones de euros, además de 781.000 por sanciones de tipo tributario, 2.000 por incumplimiento de la disciplina urbanística y 552.000 por otro tipo de multas, entre las que se encuentran las de contaminación acústica o higiene pública.