El nuevo Decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía piensa “especialmente en los jóvenes”

Huelva/El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, y el delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez, han presentado el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado el pasado 24 de febrero por el Consejo de Gobierno.

Una norma que viene a dar más facilidades para los ayuntamientos, que ya pueden adherirse a esas medidas. El objetivo que persigue la Junta es la construcción de 20.000 viviendas en Andalucía en un plazo de cinco años. Este Decreto, señalan desde la Junta, supone un avance a la Ley de Vivienda andaluza, ofreciendo soluciones como la búsqueda de alternativas ante la falta de suelo disponible para viviendas protegidas.

En concreto, el nuevo Decreto Ley aprobado por la Junta contempla tres medidas clave para ampliar la oferta de vivienda protegida como son la mayor disponibilidad de suelo, permitiendo que solares o edificios inicialmente destinados a otros usos puedan convertirse en viviendas protegidas, además de aumentar la edificabilidad en suelos con esta finalidad; la creación de una bolsa de suelo junto a los ayuntamientos, para identificar y movilizar suelo apto para la construcción de vivienda protegida según las necesidades de cada territorio; y la agilización de los proyectos de vivienda protegida, incorporándolos a la Unidad Aceleradora de Proyectos, lo que reducirá significativamente los plazos administrativos y eliminará trabas burocráticas para que las viviendas lleguen antes a las familias.

Acciones que, como ha declarado el delegado del Gobierno, llegan con la mirada puesta “especialmente en los jóvenes”. “Hablar de vivienda es hablar de proyectos de vida y, en ese sentido, las administraciones públicas debemos ofrecer soluciones reales, efectivas y perdurables”, ha dicho José Manuel Correa, que, ha añadido: “Somos conscientes del problema de la vivienda en España y cómo afecta especialmente a los jóvenes, a las familias y a quienes buscan su primera vivienda”.

En este sentido, el delegado ha continuado explicando que “en la Junta de Andalucía estamos actuando con medidas urgentes y concretas para ampliar la oferta de vivienda protegida y facilitar el acceso a quienes más lo necesitan porque tenemos claro que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental y estamos actuando con determinación para garantizarlo”.

Asimismo, Correa ha puesto el foco en el giro de política de vivienda del gobierno de Juanma Moreno, “bajo la premisa de impulsar la construcción de viviendas en alquiler a precio asequible, lo que ha permitido triplicar la promoción de viviendas protegidas en Andalucía, tramitando 311 millones de euros en subvenciones para 154 promociones en alquiler a precio asequible”

En esta misma línea se ha expresa el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que ha explicado que “para impulsar estas mejoras, se ha creado un ecosistema para la construcción de vivienda que pivota sobre varios ejes: la ley LISTA, que agiliza el desarrollo urbanístico; el Plan Ecovivienda, para la rehabilitación de edificios y la mejora de la eficiencia energética; el fomento de la vivienda y, como cuarto eje, la Ley de Vivienda de Andalucía, que se encuentra en fase de tramitación”.

Además, Jaime Pérez ha hecho un llamamiento para que los ayuntamientos se incorporen a este decreto ley, elemento indispensable para poder poner en marcha este paquete urgente que “facilita la modificación normativa del ordenamiento urbanístico con el objetivo de propiciar la construcción de vivienda”. Uno de los puntos que se fomentan pasa por el cambio de uso o de mejora de densidad y edificabilidad a las que pueden acogerse los ayuntamientos, para lo que cuentan con el plazo de un año.

Esto se traduce en que el suelo terciario destinado a uso hotelero o a oficina podrá ver modificado su uso para construcción de vivienda protegida, así como el suelo público destinado a equipamiento de uso general, que podrá destinarse a vivienda en alquiler.

Otra de las medidas es el aumento de la densidad y de la edificabilidad, de tal modo que, en aquellas parcelas en las que está permitida la construcción de vivienda libre, en el caso de que se destinen a vivienda protegida, se va a permitir que se incremente un 20% el número de viviendas previstas (que dependerá de la superficie del terreno). En el caso de las viviendas que ya estaban reservadas para vivienda protegida, se va a posibilitar que se aumente un 20% el número de viviendas previstas y un 10% la edificabilidad.

El objetivo es “un mayor uso del suelo que se traduzca en un abaratamiento de los costes”, en palabras del delegado. Para acogerse a esta medida, los ayuntamientos y promotores privados tienen un plazo de dos años para solicitar la correspondiente licencia de obras; una vez concedida, tendrán tres años para su ejecución.