Las personas con discapacidad de Huelva vuelven a movilizarse ante el "peligro de cierre" de las asociaciones

Huelva/"Estamos destinados a la quiebra". Los centros que trabajan con personas con discapacidad continúan en su lucha por subsistir. Retoman este marzo las manifestaciones que daban sus primeros coletazos -sin éxito- en el mes de noviembre y diciembre a las puertas de cada sede, centros de día o residencias, acompañados por los usuarios y la plantilla de trabajadores, pidiendo un aumento de los costes-plaza equiparable con la subida de los costes generales y el incremento de las tablas salariales.

A medio plazo, exigen un cambio en el modelo de financiación que no los obligue a mantenerse en estado de supervivencia constante por falta de dinero.

En el día a día de los usuarios -también convocados a la huelga- colectivos de personas con discapacidad psíquica, intelectual, física, sensorial o problemas mentales y sus familias, las movilizaciones se traducirán en forma de parones en los servicios de cada entidad. Mientras que dure la oleada de concentraciones, que tendrá lugar cada miércoles a las 11:00 o 12:00 según la entidad, cesarán su actividad y leerán un manifiesto común.

Están convocadas por CERMI Andalucía, plataforma que aglutina las entidades de discapacidad y familias en toda la comunidad autónoma, y que atienden a más de medio millón de personas con discapacidad. "Tras meses sin respuesta por parte de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central, desde CERMI Andalucía decimos basta", comunicaban desde el organismo a través de sus redes sociales.

Muchas de las asociaciones onubenses también secundarán la huelga, pidiendo, al igual que las del resto de Andalucía, que las negociaciones den al fin sus frutos antes de que sea tarde. "Las negociaciones y reuniones que se han tenido con la Junta de Andalucía han finalizado sin acuerdos, lo que ha acabado llevando a movilizaciones, reuniones provinciales y regionales. Pero aun así, seguimos en el mismo punto que al principio", cuentan desde algunas de ellas a Huelva Información.

Vuelta al "punto de partida"

En Aspapronias, una de las asociaciones de Huelva capital que atiende a personas con discapacidad intelectual y sus familias, hacen un balance de atención a 185 usuarios actualmente y una gran plantilla de trabajadores. Se manifestarán en este caso a las 11:00 del miércoles y garantizan que "los gastos no paran de subir, por lo que los servicios corren peligro".

"Todo ha subido, desde alimentación hasta salarios, por lo que los costes de una plaza no están equiparados a los costes reales. Asociaciones como la nuestra no podremos afrontar el incremento. Vemos que no llegamos y eso se traduce en que, en ocasiones, hemos tenido que atrasarnos en las nóminas". Su presidenta, Salomé Ruiz, propone que se replique el modelo de otras autonomías para que "no tengan que estar siempre pidiendo una subida, año tras año".

Para la licitación de los servicios que prestan, cuenta, tienen que cumplir con unas ratios de personal por usuarios atendidos, lo que supondría no tener opciones intermedias y verse forzados al cierre de los centros, algo que aún no se baraja como opción. "No se plantea un cierre, pero se está luchando y seguiremos luchando. Como sigamos así, no podremos afrontarlo tanto tiempo".

A nivel provincial, Apamys -asociación protectora de personas con discapacidad intelectual y problemas del desarrollo de la Comarca del Andévalo- también saldrá a la calle cada miércoles de marzo. Atienden a 150 personas y cuentan con un centro de atención temprana, dos viviendas tuteladas, un centro ocupacional y un centro especial de empleo. Pilar Arroyo, gerente de la entidad, asegura que ha ocurrido un "desfase" con la publicación del nuevo convenio colectivo por el que se rigen los centros de Andalucía.

"Las nuevas tablas salariales llevan un incremento de un 10,5%, mientras que los costes-plaza -lo que la Junta de Andalucía abona por cada plaza ocupada- han subido solo en algo más de un 4% o 4,5". Influirá "directamente" en la calidad del servicio, puesto que "si no se puede abonar el número de profesionales que hay que tener no se puede seguir funcionando".

El grueso de los costes de las entidades son el pago al personal, que ocupa un 85% del total de los pagos. "Todo esto genera que las circunstancias de todos los centros de Andalucía es que sea de posible quiebra, porque si el gasto central es el de personal y eso sube un 10% frente al 4% de subida del año pasado, el desfase acaba siendo impresionante. O conseguimos sentarnos y llegar a un acuerdo o el futuro es muy incierto, porque si a los trabajadores no se les paga se van".

Asprodesordos es otra de las entidades que también secundará la manifestación. Tendrán lugar, en este caso, a las 12:00 de cada miércoles de marzo. "En nuestra asociación, peligran sobre todo los servicios de logopedia y de apoyo escolar y de atención a familia. Tendremos que dar menos servicios porque no podemos pagar a los profesionales. Al final los perjudicados son los niños y niñas".

Ley de dependencia y cambio en la financiación

En el manifiesto, publicado por CERMI y que se leerá durante las concentraciones, piden "un compromiso firme por parte de las autoridades para que no tengamos que luchar año tras año por una financiación básica".

Como medidas concretas, solicitan Gobierno Central la elaboración y aprobación de un Pacto de Estado para la viabilidad del sistema de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a personas en situación de dependencia, que pasa por asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios. "Por ello hay que incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, que es abonado íntegramente por la Administración general del Estado (AGE), en función del número de personas en situación de dependencia que se encuentren recibiendo una prestación efectiva; y así alcanzar progresivamente el 50% de financiación de cada administración".

A la Junta de Andalucía, le piden, además de reuniones y que continúen las negociaciones, un nuevo modelo de financiación que financie los servicios públicos "que se nos encomienda por falta de medios propios para prestarlos". Un modelo que permita cubrir no solo los costes de funcionamiento, sino también los necesarios para ofrecer una atención de calidad, innovadora y "ajustada a las necesidades de cada persona".