Los afectados por las multas dan el primer paso y unen fuerzas

Huelva/La unión hace la fuerza. Y más cuando una misma problemática afecta a más de 20.000 personas. Ayer fueron alrededor de unos 40 afectados por las multas de la zona ORA los que se reunieron con vistas a conocer los pasos a seguir para salvar unas cargas económicas que consideran injustas.

La alarma social que se ha generado estos días en la capital ha provocado la creación de una Plataforma de Afectados que en tiempo récord, en poco más de un día, consiguieron movilizar los intereses de los afectados en una reunión informativa. Un encuentro que sirvió para que el despacho jurídico Granado & Mendez explicase los pasos legales a seguir de cada uno de los afectados, aunque es verdad que cada caso es distinto y se tendrán que acometer distintas acciones.

“Son multas y como tales hay que pagarlas”, explicó a Huelva Información el portavoz de la Plataforma, Nacho Rivera, que también es uno de los afectados, aunque el problema viene que notificadas –en su caso– “tendría 2 o 3 como mucho y me han llegado como diez multas”. Por eso “hay que ver el estado en el que están las multas” y es que “muchas están prescritas y hay que ver cada caso” de todos y cada uno de los afectados. La plataforma surge con la premisa de que han llegado avisos de embargo por multas o notificaciones que los afectados no tenían constancia con anterioridad. Hasta estos días.

El primer paso está claro y es denominador común para todos aquellos que no están de acuerdo con lo sucedido. El Ayuntamiento de Huelva, mediante su teniente de alcalde de Economía y Hacienda, María Villadeamigo, pidió a los ciudadanos afectados que en las oficinas de gestión tributaria de La Orden, de Isla Chica y de la calle San Salvador, así como en las oficinas de la renta “soliciten sus expedientes o que interpongan un recurso”, ya que con eso “se suspende automáticamente el procedimiento recaudatorio” y que pasará “a revisarse con lupa para que nadie pague lo que no le corresponde pagar”.

En esta línea, Nacho Rivera apunta que “lo primero que hay que hacer es recurrir” pero “para ganar tiempo”. Y es que la gente se “pensaba” que se suspendía por completo y “simplemente ganas un poco de tiempo para poder reaccionar”.

En esta cuestión recalcó ayer el despacho de abogados. El concepto “suspender” no implica la nulidad de los pagos. Pero una vez que se recurran las multas y se suspenda automáticamente el procedimiento será el punto de partida para que se desgrane con detalle caso por caso para ver si todo ha ido conforme a lo estipulado.

La reunión informativa de ayer sirvió también para que el despacho de abogados explicara a los presentes cómo deben rellenar el formulario que sirve para recurrir. Surgieron dudas. Muchas. Cada afectado tiene una historia detrás y su preocupación por comprender su situación se hizo notar. Tanto es así, señaló la propia Plataforma en su página de Facebook, que en algunos casos se manifestó que el Servicio de Gestión Tributaria “había librado embargos por importes de más de 2.000 euros en familias con riesgo de exclusión social, sobre sanciones de más de 10 años de antigüedad”. En otro de los casos “varias familias asustadas por los embargos han pagado cantidades desorbitadas de su maltrecha economía por miedo a que le quitaran su vivienda”.

La Plataforma de afectados zona ORA Huelva se crea y gana enteros como punto de unión para movilizarse y hacer piña entre todos los afectados. Para ello a través de Facebook ya cuenta, en poco más de dos días, con 232 seguidores. Desde ahí informarán de todas la novedades, de cómo se va a trabajar y dar cada paso, así como un resumen de lo ocurrido ayer ya que muchas personas, que mostraron su interés en ir, no pudieron asistir por diferentes motivos.

El caso ha tomado una importante dimensión debido a los números que están detrás. Más de 20.000 onubenses están afectados por multas de la zona ORA fechadas desde 2005 hasta 2014, aproximadamente. También cobra más importancia debido a las grandes cantidades económicas a pagar por parte de los afectados. Cada persona tiene una o más multas y el precio a pagar llega incluso a los 4.000 euros.

Desde la Plataforma señalaron que “vamos a luchar todos unidos para que estas injusticias no se lleven a cabo y tomaremos las medidas necesarias para ello”.