Preocupación por el futuro de Aspacehu, asociación de atención a personas con parálisis cerebral en Huelva, ante la falta de financiación

Huelva/Aspacehu, la asociación que atiende a personas con parálisis cerebral en Huelva, teme seriamente por su futuro a corto y medio plazo. Aunque no es la única -forma parte de las cinco asociaciones onubenses que quieren movilizarse para que se atiendan a sus necesidades y cambien el sistema de financiación actual de entidades que trabajan con personas con discapacidad- es una de las que más lo sufre.

En el caso de la de atención a parálisis cerebral, que cuenta con más de 40 años de trayectoria en Huelva, la situación afecta directamente a la calidad del servicio que se ofrece a los usuarios, personas con gravemente afectadas que dependen por completo del apoyo asistencial, y que requieren de actividades que abarcan desde el transporte adaptado hasta la higiene, o actividades de ocio y tiempo libre. "La plantilla de Aspacehu, que ronda los 50 trabajadores, se enfrenta a un esfuerzo constante para mantener la atención adecuada a los usuarios a pesar de la falta de recursos".

Aún así, desde la entidad remarcan que no es una situación particular. "Es de todo el sector de entidades que trabajan con este colectivo, puesto que el 80% o 90% de la financiación proviene de los conciertos con la administración pública", cuenta a Huelva Información Ángel Barroso, Director del Centro de Día de Aspacehu.

La actualización del convenio colectivo, independientemente del incremento de los costes de la vida, "no está compensado con los costes-plazas (dinero por usuario), que se mantienen sin actualizar", lo que provoca una grave crisis financiera en las entidades andaluzas. En este 2025, "se han actualizado nuestras tablas salariales de obligado cumplimiento. Nosotros firmamos un compromiso de aplicación del convenio colectivo, por lo que estamos al día en el cumplimiento del mismo. Son de aplicación desde principios de este año y es algo que está vigente, por lo que la media de subida actual es un 10% aproximadamente. Ya era durante el año anterior -2024- cuando aumentaban los costes de las entidades en un 4,5%, algo que hacía referencia a lo pactado en el año 2024, pero en el 2025 no tenemos nada en relación con la actualización de los costes plaza".

Piden a la Junta de Andalucía respuesta ante la situación que afrontan y que las aboca, a todas ellas, al cierre. "Es una espada de Damocles", denuncia el trabajador y directivo. Solicita además una regularización de la situación de las entidades, porque "cuando se sube un convenio" se ven "obligados" a estar pendientes de que suban también los costes-plaza, provocando inseguridad e incertidumbre para los usuarios, entidad y sus trabajadores, algo que acaba entorpeciendo el funcionamiento de la misma. "No es justo ni para las entidades ni para los usuarios, ni para los familiares ni para nadie".

En el caso de Aspacehu, gestiona una residencia con 22 plazas y un centro de día con 20 usuarios. "El incremento salarial supone un coste extra de alrededor de 100.000 euros anuales", una cantidad que "no pueden afrontar sin un ajuste en la financiación. Añaden que "está lleno al completo" en lo que a plazas concertadas con la administración se refiere, contando además con servicios de información al usuario entre otros. Los que allí asisten son usuarios con capacidades parálisis cerebral con grave afección, "personas con daños desde su nacimiento, que le provoca secuelas, y que se pueden manifestar de muchas formas, en este tipo de centros están los muy gravemente afectados".

Trabajar día a día con incertidumbre

“Nosotros tenemos que aplicar el convenio colectivo, puesto que es un requisito obligatorio en los contratos con la Junta, pero si no se incrementan los fondos, ¿de dónde sacamos el dinero?”, añade.

Las entidades del sector insisten en la necesidad de una solución inmediata antes de que la situación se vuelva insostenible. “Si no se actúa ya, lo que hemos avanzado en 30 años puede desmoronarse”, advierte Ángel. Además, hacen un llamamiento a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Huelva para que, en la medida de sus posibilidades, ofrezcan apoyo tanto económico como institucional a estos centros.

“La defensa de los derechos y la satisfacción de las necesidades de las personas más vulnerables, aquellas que por sí solas no tienen posibilidades de hacerlo, es de las pocas cosas que nos identifican y cohesionan como la sociedad y la cultura desarrollada que se supone que somos. Por tanto, esto no es algo que se pueda ni deba discutir, es algo que se debe cumplir si queremos seguir siendo considerados como una sociedad desarrollada, una cultura avanzada.”

El tiempo apremia y, mientras la administración decide si interviene o no, los centros siguen operando al límite, con el riesgo de que la falta de financiación termine afectando de manera irreversible a las personas más vulnerables.

El delegado de Inclusión social plantea una reunión con las asociaciones

Según una de las entidades, Ánsares, el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad José Manuel Borrero Barrero, ha ofrecido una reunión con las cinco entidades que tendrá lugar "a principios de la próxima semana" para atenderlos.