La presa de Alcolea exige transparencia y abandonar la ficción

El pasado lunes despertamos con un artículo que no nos dejó indiferentes. Se trataba de un artículo en un periódico de tirada nacional, en el cual una vez más se juega y tergiversa con la información para ir contra los intereses de Huelva. No se trata de un artículo de opinión, ni científico, ni hace referencia a opiniones contrastadas por su redactor, es un artículo radical y tendencioso alineado con lo que suele decir –desde solo hace dos años– la Fundación Nueva Cultura de Agua (FNCA), cuyo vicepresidente Joan Corominas siendo la máxima autoridad de la Agencia Andaluza del Agua en 2007 suscribió el Convenio de Regulación de Alcolea y Canal de Trigueros –conocedor de primera mano de todos los trámites ambientales–, y ahora da lecciones de ética y certidumbre científica con comentarios tales como “en 28 ocasiones técnicos de la Junta tuvieron dudas sobre los usos del agua de la presa”. Sin embargo, no profundizaron antes de firmar el convenio; creando en una provincia, sus pueblos y su sector agrícola expectativas que ahora pretenden destruir. ¿Prevaricó haciendo caso omiso al trabajo de sus técnicos?, ¿Podemos decir que ahora la persona que enarbola la bandera de los conservacionistas, fue responsable de que la presa esté al 21% de su ejecución?.

En esos años, Joan Corominas participó en el diseño e impulso del modelo de regadíos de Huelva –pionero en fresas, berries, cítricos, olivos y almendro–, dando lugar a 20.000 ha de la Zona Regable del Chanza, a las que le seguirían 9.500 ha en el entorno de Doñana y Condado, y por omisión en las 30.000 ha de “regadíos a la demanda” en el Andévalo, junto otras más. Lleva 21 años en silencio y ahora quizás para justificar la recepción de ayudas oficiales y adquirir notoriedad –haciendo uso de su oportunismo y rencor manifiesto– toma la bandera antipresa de Alcolea. Durante este tiempo he mantenido varios contactos con él, destacando el último que mantuve hace un año en el cual le propuse un debate público, el cual rechazó rotundamente. Hoy Coprehu le invita de nuevo a un debate sobre la calidad del agua que consumimos en el ámbito urbano, industrial y agrícola en Huelva, a cuatro bandas con el Estado y Junta de Andalucía –no desviemos el foco, que los mayores interesados en la calidad del agua somos los usuarios y la competente en esta materia es la Junta de Andalucía, cualquier debate paralelo de moralidad científica no tiene cabida, seamos respetuosos con el pueblo de Huelva–.

Recordemos que la paralización de la obra no se produjo porque se abriera un debate sobre la calidad del agua en 2017 como se dice, el motivo fue la rescisión del contrato a la UTE Alcolea por incumplir los plazos estipulados en el contrato. Al momento de la recesión solo llevaban ejecutado el 23% de la obra, habiendo cobrado las certificaciones ejecutadas y disponiendo de crédito para continuar con la ejecución a través de Kutxabank por el 50% del coste del total de la obra a amortizar por los usuarios mediante el canon del agua –era la garantía de su financiación–, ya que el otro 50% se venía pagando de los 72,5 millones de euros que a fondo perdido aportó el Estado. En julio de 2018 ambas administraciones aprobaron la redacción del proyecto de finalización de la obra, ya que la DIA era favorable y estaba aprobada por el Plan Hidrológico Nacional y el Plan Hidrológico del Tinto, Odiel y Piedras –no olvidemos que se aprueban por Ley–. Coprehu entiende que la no continuidad de la obra, con una paralización de la misma a sabiendas del cumplimento de todos los trámites oficiales validados, supone un caso evidente de prevaricación. Apostar por un parche como se propone de Acuaes sustituyendo la presa por un azud en el río Odiel, no elimina el riesgo geológico, como figura en el informe del Servicio de explotación del Sistema Tinto, Odiel y Piedras dependiente de la Junta de Andalucía –solo por el riesgo hidrológico y la protección del Paraje Natural Marismas del Odiel, tiene sentido la presa–.

Para la finalización se redactó una hoja de ruta, que se cumplió por parte de Acuaes hasta enero de 2020 –momento en el que entró el Gobierno de coalición–. Durante ese periodo previo se redactó el proyecto para la finalización de la obra, donde Acuaes y la Junta de Andalucía aprobaron el 50% del exceso de coste de 23,23 millones de euros, dándole luz verde a la Dirección General de Agua para la tramitación de todos los informes y poder sacarla a concurso –nos consta que ya se encuentran tramitados favorablemente todos los informes–. Coprehu está a la espera de noticias oficiales fuera del oscurantismo de visiones catastrofistas en presa, sobre un proyecto que es el presente y futuro de Huelva.

Toda planificación hidrológica tiene un horizonte, y así lo determinó la Unión Europea cuando a través de la Directiva Marco del Agua fijó el 2027 como fecha en la cual todas las grandes masas de aguas y río deben encontrarse en buen estado cualitativo y cuantitativo. Motivo de ello que deban construirse depuradoras en la zona del Andévalo evitando el vertido al río Odiel y Chanza, al igual que el vertido de aguas ácidas de minas abandonadas. Es evidente que la presa de Alcolea mejora la calidad del agua y evita que esa contaminación cronificada durante años llegue al mar y con ello a un paraje sin igual como suponen las Marismas del Odiel y el Golfo de Cádiz. ¿Es momento de pedir una moratoria y así tratar la excepcionalidad del río Odiel, cuando a través del embalse de sus aguas evitamos que la contaminación llegue al mar y neutralizamos la agresividad de esta?, ¿Cómo se lleva a cabo la protección de las marismas del Odiel, entorno Doñana y Golfo de Cádiz de todos los metales pesados?.