El presunto agresor sexual de una niña en Punta Umbría se enfrenta a 10 años de prisión

Huelva/Diez años de prisión. Esa es la pena privativa de libertad a la que se enfrenta R.M.M., quien será juzgado hoy (10:00) por la Audiencia Provincial de Huelva por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años. Tanto la Fiscalía como la acusación particular –que ejerce la letrada onubense María Teresa Largo– coinciden en la contundente solicitud de condena por la reiterada intimidación y abusos a una niña de 12 años, como consta en sus escritos de calificación, a los que ha accedido Huelva Información en exclusiva.

El relato de las conclusiones provisionales del Ministerio Público refiere que la víctima tenía 12 años cuando el acusado, de 39 años, entabló contacto con ella. Fue en los primeros meses de 2016, "en un picadero en la zona de La Peguera" de Punta Umbría al que la cría solía acudir con una amiga. "Tras entablar amistad con ella" y alejarla de su compañera, "comenzó a decirle que le gustaba, ofreciéndose a llevarla en su coche al picadero".

La menor se negó en rotundo, lo que hizo que el acusado cesara "en su comportamiento por un tiempo". Pero la tregua duró poco. En el inicio del verano de 2016 "comenzó a relacionarse de nuevo con la menor" y a realizarle "proposiciones directas de contenido sexual".

En esa ocasión "llegó a intimidar a la menor amenazándola con hacerle daño si no accedía a sus pretensiones". Fue esa la estratagema, a través del "miedo", con la que consiguió doblegarla. La letrada de la víctima detalla en su escrito que en alguna ocasión el encausado empleó "fuerza e intimidación, diciéndole que si no accedía a sus pretensiones podía hacerle daño, amenazándola de muerte".

La pequeña fue sometida así a tocamientos "en sus partes íntimas tras quitarle la ropa, agarrarla por detrás tocándole los pechos sobre la ropa, llevándola en el coche a zonas alejadas", precisa el fiscal. Si no llegó a más es porque la víctima se zafaba "alegando, a veces, llamadas de su madre, de amigas al teléfono", etcétera.

Los hechos ocurrieron en repetidas ocasiones durante 2016 y 2017, y tenían lugar "bien en la zona de los cuartillos de las redes de Punta Umbría, bien en las cuadras del picadero o en sus alrededores".

El Ministerio Fiscal añade que "como parte de la intimidación", el acusado "acudía también a esperarla en unos contenedores próximos a su domicilio, así como a la puerta del instituto". R.M.M. llegó a remitir al teléfono móvil de la menor "una foto de un miembro viril y otra de un vídeo de él mismo masturbándose".

Después de más de año y medio de abusos, el 31 de diciembre de 2017, sobre las 13:00, el procesado recogió a la cría en su coche y se detuvo presuntamente en una zona de la carretera que lleva al picadero, a la altura de los corrales de cabras, según precisan las acusaciones.

Entonces "procedió sin más a echarse sobre el cuerpo de la menor, la cual estaba sentada en el asiento del copiloto, echando este hacia atrás, poniendo su boca sobre las partes íntimas de la menor con la intención de mantener con ellas relaciones sexuales".

Afortunadamente otro adolescente, amigo de ambos, fue testigo del ataque. "Procedió a golpear una de las ventanillas del vehículo para alertar a R.M.M., aprovechando la menor para bajarse inmediatamente" del coche. Se aferró al brazo de su salvador mientras caminaban hacia el picadero y le dijo "que tenía mucho miedo".

María Teresa Largo añade que días después de este suceso, el testigo coincidió con el padre de la víctima y le contó los detalles del incidente del coche. Esto permitió al progenitor hablar con su hija, que esta le contara el calvario que estaba sufriendo e interponer una denuncia el 6 de enero de 2018.

El fiscal pide a la Audiencia que imponga al procesado 10 años de prisión, otros diez años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a menos de 800 metros o de comunicarse con la víctima durante 15 años. Asimismo, considera que deberá indemnizarla con 10.000 euros por los daños morales que le ha causado.

La acusación particular aprecia en el delito continuado de agresión sexual las agravantes de abuso de superioridad, aprovechamiento de circunstancias de lugar y tiempo y de abuso de confianza. Es por ello que solicita diez años de prisión para R.M.M., una orden de alejamiento de 400 metros de la menor durante cinco años y la prohibición de residir en la misma localidad en ese plazo. La responsabilidad civil, en este caso, se elevaría a los 40.000 euros.