El problema de la vivienda en Huelva. Inquilinos y caseros

Ponce Bernal: “Se impone regular legalmente y con carácter definitivo las restricciones entre inquilinos y propietarios para que todo interés lícito tenga su garantía frente a toda posibilidad de abuso”

Una llamada desesperada desde Huelva al Ministerio de Fomento para atajar la crisis obrera

Bloque de viviendas en Huelva de hace varias décadas. / H. I.

Eternos problemas

Un derecho fundamental

En 1929 se fraguó el Estatuto de la Vivienda, con el que que la dictadura de Primo de Rivera pretendía mitigar el problema de la falta de casas en todo el país. El texto había sido expuesto a información pública para sus alegaciones. Consciente de que en Huelva escaseaban y que muchas de ellas eran insalubres, Blanqui-Azul apremiaba en este artículo a la Cámara de inquilinos de Huelva a participar con sus enmiendas. La Junta Consultiva de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana había solicitado autorización para celebrar en Madrid una asamblea general para acordar el informe de la Propiedad Urbana sobre el proyecto del Estatuto de la Vivienda, algo a lo que había accedido el Ministerio de Trabajo, fijando el día 19 de ese mes para dicho encuentro (ABC, 06-12-1929).

Ponce Bernal reclamaba que se hiciera lo posible para que la ley no favoreciera al propietario sobre el arrendatario, de lo contrario la norma no cumpliría la función social que pretendía dársele. Advirtió de los elevados precios y de la escasez de viviendas y cuartos, problema que subyacía en Huelva. Todo ello conducía a la necesidad de reglar cuanto antes las relaciones entre arrendatarios y propietarios para que todo interés lícito tuviera una garantía frente a cualquier posibilidad de abuso. El problema se arrastraba desde la primera guerra mundial. Se producían, a su juicio, excesos en la propiedad en detrimento de quien la alquilaba.

Apuntó la insalubridad de buena parte de las viviendas que había en Huelva, donde hacía falta una campaña sanitaria para que los propietarios las higienizasen sin que supusiera coste alguno para los inquilinos. Pidió, en definitiva, que las autoridades abordaran lo que consideraba un gran problema, sin perjudicar a los propietarios responsables ni a los intereses, no menos sagrados, de los inquilinos.

¿Por qué será que los problemas se eternizan y gobiernos tras gobiernos no encuentran soluciones al acceso a la vivienda en España? Cien años después, aún con el derecho que nos asiste recogido en la Constitución, miles de personas se enfrentan a las dificultades de encontrar una casa digna y asequible. Quienes no estamos en las tareas de gobernar, que somos prácticamente todos, no podemos llegar a entender que estemos leyendo un artículo de hace un siglo y podamos extrapolarlo a la actualidad, como si se acabara de publicar en cualquier periódico…

Con el Estatuto de la Vivienda se quiere encauzar y resolver un problema que hay planteado en nuestro país en términos de innegable gravedad. Para oír todas las opiniones ha quedado abierta en el Ministerio de Trabajo una información pública. No sabemos todavía si a ella concurrirá con las enmiendas que estime pertinentes la flamante Cámara de inquilinos de Huelva.

Se pretende llegar a un estado jurídico que armonice y regule los intereses, en pugna generalmente de inquilinos y propietarios. Los intereses de estos dos sectores son respetables mientras se desenvuelvan en un plano de rectitud y merecen por igual el amparo de la Ley. Pero si alguien cree que la Ley debe dejar en libertad al más fuerte -al propietario-, el inquilino, a pretexto de la libre contratación, sufre un error gravísimo que los gobernantes se encargarán de desvanecer con leyes justas para que propiedad cumpla a conciencia sus funciones sociales.

No se puede prescindir a las restricciones legales establecidas desde otras que aconseja una prolongada experiencia mientras subsista el problema de la carestía y de la escasez. Suele alegarse que la escasez de viviendas ha dejado de ser un conflicto, como lo muestra el hecho de haber por ahí algunos cuartos desalquilados. También los hay en Huelva. Pero téngase en cuenta que el número de estos es muy escaso y que sus precios suelen ser aterradores. Si quedara suprimida toda restricción, el problema de los alquileres alcanzaría inmediatamente proporciones tremendas.

Diario de Huelva, 7-12-1929. / M. G.

Se impone regular legalmente y con carácter definitivo las restricciones entre inquilinos y propietarios para que todo interés lícito tenga su garantía frente a toda posibilidad de abuso. El saldo enorme que dieron los alquileres a raíz de la guerra y que aún mantiene sus propietarios, es una elocuente enseñanza que debe traducirse en una ley para reprimir los excesos de la propiedad. Y conste que al hablar de exceso no aludimos a todos los propietarios, pues sabemos que algunos de ellos –al menos en Huelva- no se han dejado arrastrar por la codicia. Pero, en términos generales, el alza de los alquileres ha creado y mantiene un problema de grandes proporciones que urge resolver.

Hay otro aspecto interesantísimo que en Huelva presenta lamentables características. Nos referimos a las viviendas insalubres.

Está haciendo mucha falta una campaña sanitaria que obligue a determinados propietarios a la higienización de sus viviendas, sin que estas obras indispensables impliquen gravamen para los inquilinos. Esta es una cuestión que requiere una actuación enérgica. No es tolerable la existencia de viviendas sin elementales condiciones de sanidad. Mucho menos tolerable si por esas viviendas se cobran alquileres excesivos y exorbitantes.

En una palabra: no pedimos que se perjudiquen los intereses lícitos de los propietarios, que son respetables mientras se mantienen en sus justos límites, sin abusos ni codicias desenfrenadas. Lo que pedimos es que se amparen por la ley los intereses, no menos sagrados, de los inquilinos. Es por eso por lo que juzgamos indispensable la resolución definitiva del problema de la vivienda.

BLANQUI-AZUL

Diario de Huelva, 7-12-1929