El protocolo entre Junta y Gobierno del Ceus no tiene partida económica

Huelva/El protocolo de actuación entre la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) que debería suponer el impulso definitivo a la instalación en Huelva de un Centro de Vuelos no Tripulados (Ceus), no contiene partida económica alguna. El documento, al que ha tenido acceso Huelva Información, no da solución al principal escollo con el que se enfrenta la instalación de la infraestructura en la localidad de Moguer, toda vez que no contiene compromiso alguno ni para la Administración autonómica, ni para el Ejecutivo central.

De los cuatro folios que forman parte del documento consultado por Huelva Información, únicamente el apartado cuatro se refiere directamente al tema de la financiación y en él se destaca que “el protocolo no implica gasto para las partes firmantes, no suponiendo incremento del gasto público, ni disminución de los ingresos de igual naturaleza, ni conllevando ningún tipo de compromiso presupuestario adicional para las partes”. Además, añade que “las actuaciones y compromisos concretos derivados de la ejecución del presente protocolo que conlleven financiación, se determinarán mediante convenios específicos entre las partes interesadas”.

Además, en el apartado de “actuaciones a desarrollar” se determina que una de las mismas es la de “realizar las gestiones necesarias para la obtención de fondos europeos en el nuevo periodo 2021-2027”. La única referencia que resta al apartado económico se determina en el compromiso para “impulsar el desarrollo del proyecto por fases, en base a la disponibilidad presupuestaria que se determine en los acuerdos específico que firmen las partes”, al mismo tiempo que se determina la exclusividad en la participación de las dos partes “por ser imposible la participación de otras empresas o entidades”.

El documento preparado para su firma está curiosamente listo para ser cumplimentado en el mes de septiembre de este año (falta por poner el día y la ciudad donde se rubrique) parte de un encuentro a celebrar por parte del consejero de Economía, Rogelio Velasco y el director general del INTA, José María Salom Piqueres. Ambos exponen que la comunidad andaluza ocupa un “lugar destacado en el ámbito de drones o vehículos aéreos operados remotamente”, para lo que cuenta con un aeródromo especializado en la localidad de Villacarrillo en Jaén.

También esgrimen que la Estrategia Aeroespacial Andaluza contemplada para el periodo 2021-2027, incluye “como medida prioritaria” el impulso de un centro de ensayo y certificación en la zona de Huelva, que se apoyaría en el Centro de Experimentación de El Arenosillo que el INTA tiene en la localidad de Moguer, lo que permitiría a Andalucía “ocupar un lugar destacado en la certificación y ensayo de drones en grandes programas europeos”.

Entre dichos motivos que les impulsan a la firma de este protocolo, se recuerda que “el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía declaró el 24 de febrero de 2015, el centro Ceus como una inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía”. Lo que no explica es la razón de que hayan pasado cinco años sin que la misma se haya desarrollado hasta ahora.

Los objetivos son igual de difusos. Entre ellos se incluyen el impulso “conjuntamente o con terceras entidades públicas o privadas, cuantas actuaciones se consideren necesarias” y especialmente el “desarrollo del proyecto por fases” tal y como adelantó Huelva Información. De hecho, tal como ha podido confirmar este periódico en los últimos días, la intención es solventar por parte del INTA de la infraestructura más necesaria de cara a las empresas que se puedan plantear la instalación en el lugar. Se trata de la pista de aterrizaje del mismo.

En un segundo desarrollo se procedería a la instalación de algunos hangares para habilitar las instalaciones básicas para los primeros proyectos. El resto de obras irá en una segunda fase del proyecto, una vez solventados los problemas derivados del mismo.

Por último, el protocolo incluye la creación de una Comisión Mixta de Vigilancia y Seguimiento, que se constituirá dentro de los 30 días siguientes desde la firma de un convenio que tiene un plazo de vigencia de cuatro años aunque en cualquier momento de las partes podrán de manera unánime decidir la prórroga del mismo.