El protocolo antimaltrato a los presos desata las críticas de los funcionarios de Huelva

El nuevo Protocolo de Denuncias de Malos Tratos implantado en las cárceles del territorio nacional el pasado marzo ha levantado ampollas entre los funcionarios de prisiones. Dicha orden, como consta en la misma, establece la forma de proceder "para el adecuado registro y seguimiento de las denuncias y quejas por malos tratos en todos los centros penitenciarios".

La asociación que representa al grueso de los trabajadores del penal de Huelva, Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm), considera que este protocolo es "un paso más en la estigmatización mediática de los funcionarios penitenciarios como maltratadores".

En declaraciones a Huelva Información, el colectivo señala que la orden de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "menosprecia la profesionalidad de los funcionarios de prisiones", quienes demandan desde hace años la condición de agentes de la autoridad. "Lejos de conseguirla, vamos a un escenario donde la presunción de inocencia la tienen los presos y la presunción de culpabilidad los funcionarios, a los que se nos tilda de verdugos o maltratadores".

Desde Tu Abandono Me Puede Matar subrayan que es al contrario, "somos las víctimas y no los verdugos". En este sentido, la asociación expresa que "seguimos sufriendo cientos de agresiones todos los días por las personas privadas de libertad, sin que nuestra Administración tome cartas en el asunto".

Los representantes de estos trabajadores públicos remarcan que "nuestras vidas, nuestra integridad psicológica y física, les debería preocupar tanto o más que la de nuestros administrados". Así, enfatizan que "las cifras no engañan: nos encontramos que en 2020 se produjeron 90 incidentes con resultados lesivos para con nuestros compañeros, con 142 trabajadores afectados", según los datos facilitados por la propia Secretaría General y "donde solo se contabilizan las agresiones con partes de lesiones adjuntados a los incidentes".

Tampm indica que el ente estatal "juzga a todo un colectivo cuando las conductas aludidas son escrupulosamente perseguidas". Tanto es así que entre 2009 y 2018 se registraron 758 informes de inspección penitenciaria por presuntos malos tratos, "ninguno de tortura, de los cuales se determinó sanción administrativa para 11 casos, en un colectivo de 22.000 trabajadores" en España. En 2018 "hubo 111 informes sin ninguna sanción, la sola insinuación basta para perder la poca reputación social que tenemos, ser el centro del juicio mediático y la condena social", se queja la asociación.

La labor diaria en las penitenciarías se desarrolla en un ambiente "duro, hostil y peligroso, con pocos medios personales y materiales y sin la formación adecuada, y este tipo de órdenes solo dificultan nuestro trabajo".

Desde Tu Abandono Me Puede Matar "queremos dejar claro que en cuanto la situación sanitaria lo permita estaremos en las calles mostrando nuestro descontento y exigiendo las mejoras económicas y laborales que el colectivo de trabajadores penitenciarios merece".

Este diario consultó al respecto de este nuevo protocolo antimaltrato a Instituciones Penitenciarias, desde donde se expone que "para que la reeducación y reinserción social sean posibles, debemos lograr, en primer lugar, la retención y custodia de detenidos, presos y penados".

El objeto del encarcelamiento, prosigue en su respuesta a este rotativo el ente adscrito al Ministerio del Interior, "no es otro que el asegurar que el interno permanece en el interior del recinto penitenciario para cumplir la medida o pena dispuesta por la autoridad judicial competente. Y la custodia significa que debemos velar por la integridad física y psíquica de los internos", que tienen una relación de sujeción especial con la Administración.

Dicha labor de custodia "se lleva a cabo respetando todas las garantías, actuando el personal penitenciario de forma permanente en aras de preservar la salud" de los reclusos.

El Protocolo de Denuncias de Malos Tratos, explica Instituciones Penitenciarias, se dicta "al objeto de respetar al máximo la legalidad vigente, al tiempo que se pretende que la actuación de la Administración tenga la mayor transparencia posible".

Es por ello que se hace necesario comunicar a la autoridad judicial "cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito, o la participación al referido juzgado de los hechos que conozca el director de un centro penitenciario que pudieran ser constitutivos de delito, conforme a lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Del mismo modo, se remitirán a los jueces de guardia "todos los partes médicos de asistencia por lesiones emitidos por el personal sanitario" del penal.

Prisiones recuerda que tanto las cárceles como la propia Administración en la que se integran están sujetas "al control de diversas autoridades judiciales, ya sea de carácter específico (juzgados de Vigilancia Penitenciaria) u otras de carácter general, como los juzgados de Instrucción y de lo Penal, en sus respectivas funciones de investigación de los delitos y ejecución de las penas".

Este sometimiento tan intenso al escrutinio judicial "exige una actuación que, por un lado, debe respetar en todo momento la legalidad vigente y los derechos de las personas privadas de libertad; y, por otro, debe ser lo más transparente posible, lo que hace necesario tramitar y en su caso investigar cualquier denuncia por malos tratos que pudiera producirse", concluye.