Lo que pudo haber sido y no fue

Entra en la naturaleza humana el pensamiento pretérito-subjuntivo cuando se mira de reojo las oportunidades que se fueron perdiendo. Lo irreversible. A nivel de ciudad, por ejemplo, es lo que ocurre cuando de casualidad nos topamos con la carta astral de la Huelva de los años veinte, el plan urbanístico de Pérez Carasa, y descubrimos que por cinismos de la Historia, donde hoy hay 120 millones de toneladas de fosfoyesos con restos radiactivos, se había proyectado un ensanche, el primer intento racional de expansión desde la ciudad prefenicia. Este amago de PGOU (1926) contemplaba polígonos residenciales con capacidad para 36.000 personas en una urbanización a ejecutar en 30 años que abarcaba 180 hectáreas desde los cabezos de la Cinta hasta las marismas del Tinto. El plan chocaba con los intereses de la todopoderosa Compañía de Riotinto, y aquel Ayuntamiento dejó caer en la desidia el proyecto para no contravenir a los poderes fáctico.

No quedó ahí la cosa: este mismo territorio (según los ecologistas, uno de los vertederos químicos peligrosos más grandes del continente) fue designado después, en el Plan General de 1964 redactado por el arquitecto municipal Alejandro Herrero, nada más y nada menos que para la ubicación del futuro aeropuerto de Huelva. Herrero, cuya herencia teórica ha destacado en el ámbito de la red viaria y la política de accesos e infraestructuras, tampoco vió la ejecución de su planeamiento más allá de la construcción de barriadas densificadas para cubrir la demanda que trajó primero el éxodo rural y después el Polo Químico. Especialmente irónico el planteamiento de este segundo arquitecto, tras una semana en la que Antonio Ponce, presidente de la FOE y de la Cámara de Comercio, ha apuntado nuevamente a los problemas de ubicación del Aeropuerto Cristóbal Colón, demandando información a la Diputación Provincial, su socia en una andadura que no termina de despegar (a nivel extraoficial comentan que los papeles que se revisan en el Ministerio de Fomento fijan un emplazamiento entre Gibraleón y Cartaya).

Volviendo a la cuestión de los fosfoyesos, estas dos frustradas perspectivas nos hacen pensar en lo que pudo haber sido y no fue, planteando también que Fertiberia habría buscado no obstante otro punto de depósito de vertidos, decidida la inversión en la ciudad. Ahora esos terrenos son noticia a la luz de la apertura de expediente de la Comisión Europea al Gobierno de España entendiendo que hay indicios de que Fertiberia y Foret han vulnerado la legislación relativa a la Prevención y Control de la Contaminación (IPPC), circunstancia que niega la empresa. En noviembre se emprenderá una investigación in situ en la zona de las balsas de fosfoyesos.

El inicio de este procedimiento sancionador, que se dirige exclusivamente a la Administración central y no a las empresas, llega después de que el europarlamentario de Los Verdes, David Hammerstein, hiciera llegar a este brazo ejecutivo de la Unión Europea una pregunta sobre la fecha de la concesión de la AAI partiendo de la hipótesis de que no se cumplieron los plazos. La pregunta hace referencia igualmente a "la falta de previsión de un plan de regeneración de toda la superficie dañada". Hablamos de 1.200 hectáreas, con un sólo sector revegetado, el de Marismas del Pinar.