Más de 40 reclusos han pedido el traslado a sus países de origen en el último año

Más de cuarenta reclusos del Centro Penitenciario de Huelva han pedido en este último año cumplir sus condenas en las prisiones de sus respectivos países de la Unión Europea. Esta es una de las consecuencias de la entrada en vigor, hace hoy un año, de la Ley 23/2014, referente al reconocimiento mutuo de las resoluciones penales en la Unión Europea, que ha supuesto la construcción de un Espacio Europeo de Justicia Penal en el que los Estados han renunciado a parte de su soberanía, en favor de una mayor eficacia a la hora de realizar los procesos penales.

La puesta en marcha de la ley no ha sido baladí ni un recurso de utilización esporádica. Ha supuesto un gran flujo de trámites de los que no se escapa la Audiencia Provincial, tal y como indicó ayer el magistrado Florentino Rodríguez de la Audiencia onubense.

Rodríguez participó en las Jornadas sobre Reconocimiento de Resoluciones Penales en laUnión Europea, que se celebraron en el salón de actos de la Facultad de Derecho y que hoy se trasladan a la Universidad de Sevilla. A este encuentro asistieron prestigiosos juristas que trataron distintos aspectos relacionados con este nuevo marco jurídico que se va desarrollando en las naciones de la Unión Europea aunque con distintas velocidades.

Según el magistrado Florentino Ruiz, los trámites más habituales que hasta el momento llegan a la Audiencia Provincial, son los relacionados con órdenes de busca y captura, cobros de multas y embargos. Es más que previsible que tanto el número de tramitaciones como la naturaleza de éstos vaya en aumento en el futuro dadas las circunstancias que afronta la Unión Europea, marcadas últimamente por la inseguridad que provoca la amenaza terrorista. Ante ello, el magistrado reconoció que "los atentado de Nueva York del 11-S fueron los que promovieron este movimiento que busca ese espacio común europeo de Justicia Penal".

El profesor de derecho Procesal de la Universidad de Huelva (UHU), Miguel Ángel Ruiz, explicó que la ley ofrece nueve instrumentos de actuación entre los que también se incluyen las órdenes de protección a las víctimas o la ejecución de las penas.

La jornada contó también con la presencia del presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Pontón; el fiscal jefe, Luis Fernández; el representante del Colegio de Abogados Fernando Vergel, y el rector de la UHU, Francisco Ruiz.

Las jornadas también se hicieron eco de la excesiva proliferación de leyes vivida en los últimos años que llega a provocar incluso inseguridad jurídica. Vergel lo calificó de tempestad legislativa. También el fiscal jefe hizo referencia este fenómeno que puede provocar que "haya leyes que entren en colisión".