Los regantes refuerzan la vigilancia ante el inminente cierre de los pozos

Huelva/No hay tregua. El conflicto por el cierre de los pozos agrícolas en el Condado decretado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), tras una sentencia del Tribunal Superior de justicia de Andalucía (TSJA), está llegando a su climax. Las próximas horas se antojan cruciales para conocer su posible desenlace.

Las últimas noticias que circulan entre los agricultores de Lucena del Puerto afectados por la clausura de las extracciones de agua en el paraje de El Gago han dado la voz de alarma entre los regantes.

Tal es así que el colectivo ha decidido redoblar las labores de vigilancia que vienen realizando desde hace más de un mes para evitar que los técnicos de la Confederación procedan al sellado de los pozos.

Los agricultores tienen constancia de que probablemente la CHG intente efectuar el cierre de las extracciones entre los días 29 y 31 de este mes, de ahí la decisión que han tomado agricultores, temporeros y vecinos de las cinco localidades afectadas de extremar las labores de vigilancia para intentar impedir de nuevos el cierre de los pozos como ya ocurrió hace varias semanas.

El colectivo ha reforzado ya las patrullas de alerta las veinticuatro horas para pasar a la acción en cuanto haya un atisbo de la llegada a la zona de los técnicos de la Confederación, que presumiblemente lo harán, como ocurrió la vez anterior, bajo el amparo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según los agricultores, la calma tensa parece que va a llegar a su fin en cualquier momento y que va a dejar paso a una actuación inminente de la administración del Gobierno central para poner fin a las extracciones “supuestamente” ilegales de agua.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha recordado en las últimas fechas que la medida es consecuencia de una sentencia del TSJA de 2017 y que preciso acatar. El organismo de cuenca asegura que se limita a hacer cumplir “de manera subsidiaria” una orden judicial que obligaba a hacerlo al Ayuntamiento de Lucena, después de que éste, tras dos años, no la haya ejecutado, y que volverá a hacerlo después del intento fallido del pasado 24 de junio.

Ese día, cientos de vecinos de Lucena del Puerto y de municipios de la comarca se concentraron en el Paraje El Gago e impidieron a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir proceder al cierre de 14 pozos agrícolas, ubicados de terrenos municipales, de un total de 77 previstos en la zona.

Era la segunda actuación en este entorno después de que el pasado 18 de junio se sellara el primero de los cuatro sondeos situados en una finca de La Cañada, en Almonte, propiedad de una empresa agoalimentaria. Los regantes, conocedores de que ese día iban a proceder a la clausura de los sondeos decidieron pasar a la acción al consideran que “supondría la ruina para el pueblo que vive de la agricultura”.

Así, hacía las ochos de la mañana, cientos personas se concentrado en el paraje El Gago y esperaron la llegada de los técnicos de la CHG, acompañados por agentes de la Guardia Civil, los cuales ante la masiva presencia de personas decidieron desistir y no llevar a cabo la actuación. La autoridad competente advirtió entonces a los concentrados que la próxima vez se trasladaría a la zona con una orden judicial y que no se permitiría un nuevo bloqueo.

Los agricultores supeditan el sellado de los pozos a la llegada de agua al Condado procedente del trasvase desde la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras a la del Gualdaquivir aprobado por el Gobierno central y aseguran que son los primeros interesados en que se cierren los pozos y por eso “llevan reclamando agua superficial desde hace décadas”.

Tras la protesta, los regantes acordaron establecer un dispositivo de vigilancia para evitar el sellado de las captaciones. Desde Entonces, han establecieron relevos para mantener la atención, en una zona acotada de 25 hectáreas, con el fin de dar la alarma nada más que divisen la llegada de vehículos de la CHG para volver a concentrarse e impedir la acción de los técnicos.

Un mes ha pasado desde entonces. Ahora, al parecer, la Administración del Estado está dispuesta a hacer cumplir la sentencia.