La retirada de los símbolos franquistas, en punto muerto

El yugo y las flechas del logotipo del Instituto Nacional de Vivienda -estampado en una placa situada en el 23 de la calle Berdigón, en pleno centro de la ciudad- trae memorias de otro tiempo. Luce sobre el luminoso del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Huelva, al lado del mítico bar Los Cisnes, y reza así: Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa está acogida a los beneficios de la ley de 15 de julio de 1954.

La misma estampa -la del yugo y las flechas- puede contemplarse en la calle Camarada López Luque, perteneciente a la barriada periférica José Antonio (Primo de Rivera). Situada tras la antigua prisión provincial, acoge un entresijo de calles que reciben el nombre de diversos camaradas y, en este caso, la placa deja claro que el edificio fue construido al amparo del régimen de viviendas de protección oficial, iniciativa impulsada por el Instituto Nacional de la Vivienda, creado como ente autónomo en 1939 aunque más tarde pasó a depender del Ministerio de la Vivienda, que se creó en 1957.

Son sólo dos ejemplos de símbolos franquistas que pueden contemplarse, sin tener apenas que buscar, en la capital onubense, a pesar de que la Ley de Memoria Histórica (aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007) establece su retirada, obligando a las instituciones públicas a ello, y privando de ayudas a las instituciones privadas que no las retiren. Otra cosa son, según establece la normativa, los símbolos que puedan afectar a la Iglesia Católica: se introdujo una salvaguarda por razones religiosas, junto a la que se exceptúa a los monumentos con valor artístico.

El reciente anuncio realizado por el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, de que los ayuntamientos andaluces que no retiren los símbolos franquistas de sus municipios serán sancionados y perderán el derecho a las subvenciones no ha sentado bien en el Consistorio onubense, que cree que esta advertencia "no es de recibo" cuando la Junta adeuda a las arcas municipales "diez millones de euros en IBI y otros conceptos".

Fuentes municipales expresaron ayer su "sorpresa" por lo que calificaron como una "suerte de amenaza" por parte de la Administración autonómica, al argumentar que "amenazar con quitar subvenciones cuando resulta que no las paga y cuando nos deben tanto dinero, no es lógico".

La nueva Dirección General de Memoria Democrática, que sustituye al anterior Comisariado que dirigía Juan Gallo, depende de la consejería encabezada por Valderas. Este departamento ya está preparando, según indicó Valderas, una "ordenanza tipo" para que los ayuntamientos se acojan a la retirada de estos símbolos, si bien desde el Ayuntamiento de Huelva valoran que la supresión de los más flagrantes se ha llevado a cabo en los últimos años a pesar de que, tal y como reconocieron, "aún quedan algunas calles".

Las mismas fuentes explicaron que, a raíz de una moción plenaria, el Consistorio realizó un estudio sobre las calles que aún lucen simbología franquista, si bien en el caso de la barriada José Antonio, "los vecinos eran bastantes reticentes" a cambiar los nombres de las calles", por lo que el tema quedó parado "a propia petición de las asociaciones de vecinos". Por ello, valoraron que "tendrá que ser el propio Valderas quien se pronuncie sobre qué considera símbolos franquistas y si retira la subvenciones".

El Foro por la Memoria onubense, que desde hace años promueve la iniciativa "a la caza del monumento fascista" (los internautas informan de los símbolos fascistas que aún perviven y éstos se añaden a un registro) aplaudió ayer la "valentía" de Valderas y expresó su esperanza de que su anuncio se lleve a cabo. "Esta valentía no la han tenido otros gobiernos que no han afrontado con seriedad la retirada de esta humillación a las víctimas. Esperamos que las entidades antidemócratas que no las retiren sean multados y, si es pertinente porque la legislación cambia, que sean juzgados y encarcelados", señaló Carlos Federico Castellanos, presidente del Foro por la Memoria de Andalucía y vicepresidente del de Huelva.

En su opinión, es necesario cambiar los nombres de las calles de la barriada José Antonio porque estas personas "fueron unos criminales que combatieron por el nazismo en Rusia; fueron miembros de la División Azul, que participó en el Sitio de Leningrado, donde asesinaron a más de un millón de personas, lo que ha sido declarado crímenes de lesa humanidad".