El SAS remite cartas a los agresores de sanitarios para "afearles" su conducta
Huelva fue la provincia donde menos agresiones se registraron durante 2023 con 31 incidencias
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Huelva/La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha contabilizado de enero a junio de 2024 un total de 924 agresiones a sanitarios, un 7% más que las registradas durante el mismo periodo del año anterior con un total de 862.
Huelva fue la provincia donde menos agresiones se registraron durante 2023 con 31 incidencias. Muy por encima se encuentra Sevilla con 219 agresiones, seguida de Málaga, con 175; Cádiz, registró algunas menos con 165; Córdoba tuvo 98 incidencias; Granada registró 92; Jaén 73 y Almería 71 agresiones.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) está enviando cartas a los agresores "afeándoles" esas conductas y recordándoles que "en modo alguno es admisible el trato incorrecto por parte de pacientes o usuarios a profesionales de la sanidad pública; mucho menos una agresión física o verbal". "Este centro no tolerará ninguna falta de respeto hacia los profesionales y el trabajo que realizan, indicándole que nos vemos en la obligación de ejercitar, con el máximo rigor, las acciones que nos asisten como Administración pública".
Este es el mensaje que se envía en las cartas del SAS, de las que han quedado fuera personas con deterioro cognitivo o con problemas de salud mental. Estas cartas se enmarcan en un listado de medidas con las que la Consejería busca "no victimizar más a las personas que han sufrido una agresión", que uno de los problemas que enfrentan es que "tienen que volver a su mismo lugar de trabajo, en el que tendrán que convivir con la persona que les causó la agresión", señala la consejera de Salud y Consumo, Catalina García.
Además de las cartas, el SAS va a terminar de repartir este año alarmas en los servicios y zonas más conflictivas con el fin de "persuadir" y "avisar" a otros sanitarios ante una posible agresión. Hasta el 30 de junio de este año, se han repartido 4.185 alarmas individuales. En los centros hay instaladas 4.489 cámaras de seguridad; 868 GPS en ambulancias; 1.208 interfonos; y 16.351 software antipánico. Hay, además, 5.524 timbres de alarma en consultas y se han realizado 730 controles de acceso mediante tarjeta electrónica o con una contraseña mediante teclado táctil, según la Consejería.
Ley contra las agresiones y observatorio
La consejera Catalina García apunta a la Ley contra las agresiones a profesionales sanitarios, que será modificada para endurecer las sanciones, y al Decreto que regulará el observatorio contra las agresiones al personal sanitario público de Andalucía. "Lo que no puede ser es que, año tras año, vayamos dando cifras cada vez mayores de agresiones a los profesionales. Profesionales que son los que nos cuidan desde que nacemos hasta que morimos. Estamos ante un aumento exponencial de las agresiones a profesionales de los servicios públicos, no solo sanitarios sino también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la educación, que deberíamos hacérnoslo mirar como sociedad. Nunca un conflicto o un problema puede tener como solución una agresión, ni física ni verbal", ha argumentado la titular andaluza de Salud y Consumo.
El mencionado observatorio podrá proponer "acciones concretas" en aquellos centros de salud en los que se concentre "mayor incidencia" de agresiones, además de impulsar el desarrollo de medidas de protección y prevención recogidas en el plan del sistema sanitario público. Este observatorio se reunirá "como mínimo" dos veces al año o a propuesta "al menos" de la tercera parte de los miembros.
El observatorio, creado el año pasado, se trata de un órgano colegiado asesor y de participación para el conocimiento, análisis técnico, seguimiento, vigilancia y evolución de las agresiones a los profesionales sanitarios, que "permite poner a disposición de la Administración y demás agentes implicados información cualitativa y cuantitativa de calidad, promoviendo el desarrollo y la realización de actuaciones de investigación, análisis, formación, documentación y seguimiento estadístico de las agresiones y de las incidencias relacionadas con las mismas".
Entre sus objetivos y funciones, el borrador de decreto apunta a que el observatorio desarrollará acciones en colaboración con las Fuerzas de Seguridad para "aportar apoyo especializado ante las situaciones de riesgo de los profesionales del sistema y para colaborar activamente en la prevención y respuesta ante las agresiones en los centros sanitarios que establezcan criterios orientativos de actuación".
Además de este observatorio, la Junta de Andalucía está trabajando en la Ley contra las agresiones a profesionales sanitarios, que incluirá al Observatorio y un régimen sancionador que proteja a los profesionales mediante la imposición de multas económicas contra sus autores. La Administración andaluza defiende esta Ley para "proteger a los profesionales sanitarios, que son los que nos cuidan desde que nacemos hasta que morimos y ellos hacen su trabajo desde un juicio clínico, siempre mirando el bien de la persona e intentando mejorar su calidad de vida y su salud".
Así aparece recogido en el borrador de decreto que la Consejería de Salud y Consumo ha presentado a los centrales sindicales. "Las agresiones en el ámbito sanitario tienen un importante impacto no solo en la esfera de los derechos fundamentales de los profesionales del sector sanitario, sino que además repercute en la calidad de la práctica profesional y del servicio prestado, afectando finalmente al funcionamiento de las organizaciones sanitarias", argumenta la Consejería.