El SAS contabiliza una agresión a alguno de sus profesionales en Huelva cada cinco días

Cada 120 horas agreden a algún profesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Huelva. Así lo expone la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales del SAS, que pone de manifiesto que en la provincia onubense se registraron en el último año 66 agresiones (seis físicas y 60 no físicas o verbales) frente a las 142 contabilizadas en el año 2023 (25 físicas y 117 no físicas) y las 143 de 2022 (29 físicas y 114 no físicas). Son, por tanto, un 53% menos de agresiones que en el último año, de acuerdo a los datos que maneja el SAS.

Estos datos reflejan las últimas medidas específicas puestas en marcha en la provincia onubense "para conseguir una reducción de estos actos violentos y minimizar sus consecuencias en los centros sanitarios", según se destacó este lunes desde la Delegación Territorial de Salud y Consumo, que encabeza la comisión provincial de agresiones a profesionales del sistema sanitario público andaluz constituida a tal efecto, en la que también están presentes los interlocutores de la Policía Nacional y Guardia Civil, los responsables de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros y los letrados de la administración sanitaria.

Entre estas medidas, valoradas por la Dirección General de Personal del SAS para su posible implantación a nivel regional, se encuentran las visitas con los cuerpos y fuerzas de seguridad a los centros de atención primaria para adoptar acciones preventivas y recabar las opiniones de profesionales y cargos intermedios; participación de los Interlocutores Policiales Sanitarios en la sesiones clínicas; incremento de las rondas de los vigilantes de seguridad en zonas con mayor incidencia de agresiones; charlas informativas a los profesionales entregando los marcapáginas corporativos que recogen el procedimiento de actuación y las buenas prácticas en comunicación; entrega durante la realización de los exámenes de salud del flujograma de actuación en caso de agresión; revisión de los dispositivos de alarma (botones antipánico) con realización de simulacros de funcionamiento, y adquisición de dispositivos de alarma individual para los profesionales de Urgencias.

Ocho de cada diez ataques verbales "no se denuncian"

Las cerca de 70 agresiones contabilizadas por la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales del SAS no se corresponden con las que denuncian los sindicatos de la provincia de Huelva, que indican que "son muchas más, sobre todo, verbales". En este sentido, el responsable del sector Sanidad de CSIF, César Cercadillo, señala a este periódico que "el 80% de los ataques verbales a los sanitarios no son denunciados" y añade que "la disminución, en general, de las agresiones físicas no obedecen a las medidas porque, insistimos, hay que dotar a cada centro de vigilante de seguridad y cámaras suficientes".

Una opinión que suscribe el delegado de Prevención de Riesgos Laborales en el Sindicato Médico de Huelva, Jesús Cordobés, quien también entiende que "gran parte de las agresiones verbales no se denuncian porque en numerosas ocasiones no las consideran como tales". En este sentido, explica que "cuando se sufren ataques, se rellena un documento interno que, en el caso de los ataques físicos, es sencillo; pero que no es así en el caso de los verbales, por su parte subjetiva". Es por ello que pide que "cualquier agresión verbal cuyo procedimiento se inicie sea considerada como tal", al tiempo que insiste en que, "aunque las agresiones físicas hayan caído, son más que antes de la pandemia".

Desde CCOO lanzan un comunicado en el que denuncian una "falta de medidas eficaces y contundentes, lo que se une al deterioro progresivo de la sanidad pública andaluza, con cada vez más dificultades para asegurar una correcta atención a los usuarios". Así, vinculan las agresiones al "incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía de los pactos firmados con los sindicatos, pues de ser así habría una consecuencia directa en la mejora de la calidad asistencial, lo que ayudaría a prevenir agresiones y a reforzar la seguridad en los centros".

Salud defiende sus medidas implantadas para frenar agresiones

Ante ello, la Delegación de Salud y Consumo quiere dejar claro que condena cualquier tipo de agresión, "ya sea física o verbal, a los profesionales sanitarios en el ejercicio de su actividad" e insiste en que este tipo de actos violentos "no se pueden justificar bajo ningún concepto".

El SAS dice contar con numerosos instrumentos para la lucha contra las agresiones, recogidos en el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones, que incluye un programa especial de acompañamiento al personal agredido y un profesional con formación específica que ejerce como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas. Esta figura del profesional guía, incorporada como novedad en los últimos años, tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión.

El plan habilita también canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión, ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y asesoría jurídica para quien decide denunciar, a la vez que existe una importante apuesta por la formación y la capacitación.

Dicho plan ha venido también a reforzar las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo. Actualmente, los centros sanitarios onubenses cuentan con un total de 2.509 medidas de seguridad de distinto tipo: 109 cámaras de seguridad, 295 timbres en consulta, 47 consultas comunicadas con interfonos, 1.061 teléfonos en consultas, 57 salidas alternativas, 35 alarmas individuales y 831 terminales en puestos de trabajo en consultas con el software antipánico instalado, entre otras.

Penas de entre uno y tres años

Es necesario recordar que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se están dictando sentencias con penas que oscilan entre los 12 meses y los 3 años de prisión. De hecho, durante 2024 los letrados del SAS han realizado en la provincia de Huelva nueve asistencias a profesionales agredidos, logrando dos sentencias condenatorias, una de ellas tipificada como delito de atentado.

Desde la Consejería de Salud y Consumo se está preparando también un régimen sancionador que se integrará en la próxima Ley de Salud. En este sentido, la nueva normativa en consonancia con la condición de autoridad pública del personal sanitario recogerá un régimen de infracciones y sanciones frente a agresiones en el ámbito sanitario.