El tribunal ordena detener y llevar a la cárcel al empresario del caso Dubai

El empresario que hace un año movilizó a los parados de todo el país con una propuesta de trabajo que ofrecía 600 euros de salario al día -conocido como el caso Dubai- esperará en el centro penitenciario de Huelva su primer juicio como presunto autor de una estafa. La Audiencia Provincial de Huelva ha ordenado su ingreso en prisión dos días después de que excusara -con un justificante de asistencia hospitalaria- su ausencia ante la Sección Primera, a la que debía rendir cuentas por un negocio virtual de compraventa de vehículos de alta gama por el que llegó a estafar supuestamente a los clientes unos 400.000 euros. Según ha podido confirmar este diario, en un auto dictado ayer, el tribunal ordena la localización y detención del empresario, José Manuel G.G. El Tiburón, y su internamiento provisional hasta que se señale nueva fecha de juicio, para garantizar así su asistencia y evitar una fuga.

La Audiencia decreta también prisión provisional para su socio, J.L.P.S., que tampoco llegó a personarse en el juicio que debió comenzar el pasado 3 de mayo. Respecto a un tercer imputado en la causa que reside en Madrid, M.D.C., que la Fiscalía ha dejado fuera pero que implica una de las acusaciones particulares, el tribunal ha ordenado su arresto y la obligación de comparecer todas las semanas (los lunes y jueves) en la comisaría de Policía Nacional de su distrito hasta que se celebre la vista, que quedó aplazada hasta nueva fecha por la incomparecencia de los acusados.

La acusación pública mantiene que 'El Tiburón' y los otros acusados orquestaron supuestamente un plan para obtener dinero, consistente en la importación de vehículos nuevos y seminuevos y en la venta de coches de alta gama, procedentes de Alemania. Como canales para llegar al público, el acusado utilizó distintas páginas webs, en las que hizo publicidad del negocio, al igual que en revistas especializadas en automovilismo. En estos anuncios, sostiene el fiscal, se comprometía al envío de los coches adquiridos por sus compradores -previo pago del importe establecido- pero los vehículos nunca llegaron a su destino y los acusados se quedaron supuestamente con el dinero que abonaron los clientes.