Unanimidad histórica en Huelva que define las infraestructuras necesarias en la provincia

Huelva/Los integrantes de la Comisión para el Impulso de las Infraestructuras en Huelva, impulsada por la Diputación y de la que forman parte administraciones, entidades y agentes sociales y económicos, han respaldado de forma unánime este miércoles el documento que incluye las actuaciones prioritarias que actualmente necesita la provincia para propiciar un avance de la economía, el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía.

En un acuerdo histórico, los miembros de la Comisión han validado la propuesta de consenso en la que se trabajó durante la jornada técnica del 30 de mayo, que incluye, por orden alfabético, infraestructuras energéticas; infraestructuras ferroviarias (alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla y modernización de las líneas Huelva-Sevilla y Huelva-Zafra); infraestructuras hidráulicas (presa de Alcolea con agua apta para su uso); e infraestructuras sanitarias (hospitales de alta resolución en Condado, Costa Occidental y Sierra y hospital materno-infantil).

Asimismo, en el terreno de las infraestructuras viarias, contempla la mejora de la Nacional 435 con desdoble hasta Zalamea la Real o Valverde del Camino y la búsqueda de la alternativa más adecuada para conectar con Extremadura.

De esta forma, se añaden a las peticiones de actuaciones prioritarias que se realizaron en principio las sanitarias, una reivindicación de parte de los integrantes de la Mesa por las Infraestructuras de Huelva.

Por otra parte, la Comisión ha incluido como anexo al documento una mención de impulso al apoyo de una infraestructura aeroportuaria destinada a vuelos de carga y chárter que pueda surgir de la iniciativa privada.

Igualmente, el anexo recoge que la Comisión para el Impulso de las Necesidades en Infraestructuras en la provincia de Huelva, sensible a la situación en la que viven miles de migrantes en nuestra provincia, reivindica un Plan de Erradicación de los Asentamientos Chabolistas en la provincia de Huelva y la construcción de recursos habitacionales dignos. Todo ello dentro de la aplicación de lo recogido por el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 44 periodo de sesiones.

Todas las actuaciones que constan en el documento forman parte del Libro Blanco redactado por el Consejo Económico y Social de Huelva (CESH), gran hoja de ruta provincial en materia de infraestructuras nacida de la búsqueda de consenso por parte de la sociedad onubense y que tuvo su punto de partida en septiembre de 2023 con un acuerdo unánime de la Corporación Provincial.

De la Comisión, además de Diputación Provincial, forman parte Consejo Económico y Social -encargado de liderar el trabajo técnico-, Junta de Andalucía, Subdelegación del Gobierno, Ayuntamiento de Huelva, Autoridad Portuaria, Universidad de Huelva, Federación Onubense de Empresarios, Cámara de Comercio, Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, Huelva Riega, COPREHU, UGT, CCOO, CSIF, CGT y los grupos de PP, PSOE, Izquierda Unida-Confluencia, Vox e Independientes por Huelva.

Tanto la anterior propuesta como otras cuestiones podrán analizarse en próximas reuniones de la Comisión, ya que el Libro Blanco permanecerá abierto y en redacción. El objetivo es que, de esta manera, se puedan incorporar las actuaciones que los miembros de la Comisión estimen necesarias con el fin de mantenerlo vivo y al día.

Según lo expuesto en esta Comisión, el siguiente paso, una vez validado el acuerdo, es certificar por parte del CESH en qué situación se encuentra cada una de las infraestructuras incluidas en el acuerdo para establecer los pasos a seguir, situación que ya queda reflejada en numerosos casos en el Libro Blanco.

Al CESH, que ha recibido una unánime y efusiva felicitación por la labor desarrollada, le seguirá correspondiendo el trabajo técnico en torno a futuras actuaciones. Los informes que elabore serán notificados a los miembros de la Comisión para decidir qué estrategia se debe emplear en cada caso.