Las víctimas lamentan la dilación y exigen que se ponga fecha al juicio del incendio de Doñana

Moguer/Dos años han transcurrido desde la tragedia medioambiental del incendio de Las Peñuelas (Moguer), también conocido como de Doñana o Mazagón, un fuego que se declaró cerca de las nueve de la noche del caluroso y ventoso sábado 24 de junio de 2017 que acabó arrasando –durante once días– 10.339 hectáreas de la costa oriental de Huelva. En el horizonte judicial del caso, en el que los perjudicados son más de 300, no se vislumbra todavía el señalamiento de la vista oral.

El fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, encargado del asunto, afirma a Huelva Información que ponerle fecha a la celebración del juicio a estas alturas es "imposible, a esto le queda tiempo, hay muchas partes personadas" y cada vez que se mueve un papel hay que notificarlo a cada perjudicado y cada investigado, que a su vez pueden recurrir las distintas acciones judiciales.

Hay que recordar que no se produjeron daños personales, afortunadamente, pero que quedaron afectadas 23,6 hectáreas edificadas, 18,2 hectáreas de los campings de la zona o 50 de cultivos e invernaderos, como cuantificó la Consejería de Medio Ambiente en su Informe Ejecutivo. Y las víctimas están perdiendo la paciencia.

El abogado del bufete Osuna Pablo Gastalver, quien representa a 32 de los afectados, reclama a la Justicia que "se agilice el asunto lo antes posible y se señale de una vez la vista oral". El letrado estima además que la Junta de Andalucía "debería dar una solución económica a los perjudicados, mojarse un poco, porque no es de recibo que dos años después sigan sin tener una solución".

En este momento el procedimiento, que se investiga en el Juzgado de Instrucción 2 de Moguer, ya ha pasado por las manos de tres juezas. "Así no hay forma de avanzar", subraya Gastalver, quien enfatiza que ya la causa está conformada por más de 15.000 folios y que cada nuevo juez que llega tiene que ponerse al día de unas actuaciones complejas y de gran dimensión.

Alfredo Flores puntualiza que la actual titular del órgano judicial, María de los Ángeles Lucena, "ha tenido la mala suerte de que le ha caído también la causa de Ercros (operación Flixanco de la Guardia Civil): si ya la primera causa te colapsa, esta ya te remata". La titular, observa, "es muy trabajadora, pero no levanta cabeza". Pablo Gastalver agrega que "el juzgado pidió más medios a la Junta y lo que le dieron fue una impresora".

Pero el ritmo de las diligencias se han visto sincopado no solo por los cambios de titular, "sino también por algunas bajas", como señala el letrado del bufete Osuna.

A día de hoy el asunto se encuentra en pleno impás de "citaciones a los perjudicados para el ofrecimiento de acciones y aportación de documentación en relación a la peritación judicial de daños y perjuicios", precisa el fiscal jefe.

Asimismo, se está a la espera del pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Huelva sobre la petición de la Junta de Andalucía (con el apoyo del Ministerio Público) de la ampliación de la fianza impuesta a los dos responsables de Carbones Fergón, a los que se les imputa inicialmente un delito de incendio forestal imprudente. El tercer investigado es un trabajador de la empresa, que quedaría exento del pago de la misma.

Atendiendo a una estimación provisional de los daños causados y a la necesidad de garantizar desde el inicio que los perjudicados sean indemnizados por la empresa, la autoridad judicial fijó la fianza en 73,2 millones de euros, pero la Administración autonómica aspira a que se eleve ahora por encima de los 90 millones de euros.

La defensa ha solicitado también diligencias relacionadas con el camping Doñana de Mazagón, relativas a pedir "documentación sobre las personas que estaban allí, si tenían plan de autoprotección o no y si el seguro que cubría el camping ha pagado o no a los perjudicados", entre otros. La Fiscalía se mostró favorable a algunas "y a otras no, pero todavía no nos han notificado nada" al respecto, apunta Flores.

Ángel Ruiz es uno de los perjudicados por el incendio. La casa familiar, ubicada en el número 30 de la calle Pintor Miguel Ballesta Maqueda de Mazagón, fue alcanzada por las llamas aquella noche fatídica de hace dos años. "Salimos corriendo de allí sobre las 23:30, el humo nos impedía respirar", recuerda con el corazón encogido.

Era su domicilio habitual y su familia y él tuvieron que irse prácticamente con lo puesto a una de alquiler, hasta que finalizó el verano "y pudimos mudarnos a un local que tenemos y que hemos habilitado para vivir".

La casa no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad. Las lenguas de fuego se deslizaron por la cubierta a dos aguas, que se acabó desplomando. Más de 60.000 euros costaría la reparación del inmueble, que lleva casi un siglo edificado.

Ruiz da las gracias a los vecinos "que se quedaron, y a los bomberos, que arriesgaron sus vidas para que no fuera aquello a más". Por contra, reprocha a las administraciones "que nos hayan dejado tirados, porque aquí no hemos tenido ayuda ni del Estado ni de la Junta ni del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, cuyo alcalde, Carmelo Romero, se puso todas las medallas y no ha movido un dedo por nosotros", lamenta. "Estamos desesperados, queremos que se celebre ya el juicio y que nos devuelvan lo nuestro".

Así están las cosas dos años después de un incendio de nivel 1 que obligó a la evacuación de más de 2.500 personas y movilizó a más de 700 efectivos. Afectó a cuatro espacios protegidos. De hecho, el 88,2% del terreno aniquilado tenía relevancia medioambiental y el 71% de esta superficie pertenece al espacio natural, a la Zona Especial de Conservación (ZEC) y a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Doñana: 7.387 hectáreas de las 10.339.