El voto particular de un magistrado abre la vía del Supremo a las víctimas

Huelva/El 8 de junio los seis magistrados de las dos secciones penales de la Audiencia Provincial de Huelva decidieron en un pleno extraordinario dar algo de rienda a las víctimas que han denunciado los robos de bebés en la provincia, al significar en un acta que los jueces de Instrucción que lo estimen oportuno pueden investigar los casos sin que tengan por qué archivarlos de forma sistemática. No obstante, no cambiaron su criterio de 2012, con base en la prescripción de los casos, lo que aboca a los procedimientos a expirar una vez que lleguen en forma de recurso o por la vía ordinaria a sus manos.

El acta de entonces se ha transformado hoy en un auto de 34 páginas que cuenta con una singularidad que sí se ha convertido en un auténtico balón de oxígeno para las más de 180 víctimas de sustracciones de recién nacidos que la asociación SOS Bebés Robados Huelva tiene contabilizadas en la provincia: el voto particular de uno de los magistrados les ha abierto de par en par la puerta del Tribunal Supremo.

En concreto, ha sido el presidente de la Sección Tercera, José María Méndez Burguillo, quien ha decidido apearse del camino marcado por la línea oficial. El propio colectivo de perjudicados aplaudió ayer -a través de una nota de prensa- la postura del veterano magistrado, subrayando que su desmarque es algo inédito "en la historia jurídica de la Audiencia Provincial de Huelva".

En el auto que condena al archivo el último de los casos recurridos, Méndez Burguillo incluye un voto particular "profesionalmente impecable", a juicio de SOS Bebés Robados. "Se hace eco del dolor de tantas familias y decide poner su grano de arena en solucionar algo frenado desde hace seis años". Literalmente, el magistrado expone que "pretendo llevar a cabo un deber que me impone mi propia conciencia", así como que "respaldo una causa que entiendo justa y cumplo además con mi deber en conciencia y, si es útil para alguien, mejor aún".

Así, el presidente de la Sección Tercera aboga -en contra del criterio del resto de sus compañeros del órgano colegiado- por computar el plazo para la prescripción desde que el sujeto afectado tenga conocimiento del mismo (es decir, si un niño que fue robado no sabe que lo fue, no puede darse por prescrito el caso); se inclina por impedir que caduquen todos los delitos que estén subyugados al delito principal (como los de falsificación documental, suposición de parto, etcétera) y por solicitar a los juzgados de Instrucción que reabran las causas.

Tal y como consta en los fundamentos jurídicos, el magistrado establece una hoja de ruta consistente en la apertura de diligencias encaminadas a tomar declaraciones a todos los protagonistas de cada denuncia, así como en las indagaciones por parte de la Policía Judicial para que compruebe la realidad de lo sucedido y proceda a la identificación de los posibles autores de los hechos, sea personal sanitario o sean los firmantes de certificados dudosos.

Méndez Burguillo es contundente y manifiesta en su voto particular su rechazo "a la interpretación sesgada del Pleno, que además no es seguida por ninguna otra Audiencia en España".

Con estos mimbres, la asociación SOS Bebés Robados Huelva elaborará el recurso que presentará "en los próximos días" ante el Alto Tribunal. "Se abre por primera vez en España una vía para alcanzar en los asuntos de bebés robados al Tribunal Supremo y Huelva va a ser pionera en ello", señala en el comunicado.

Esta nueva circunstancia, lejos de ser baladí, "podría cambiar el rumbo de todos los procedimientos en España". Los magistrados del Supremo, si admiten la casación, se posicionarán en favor o en contra de la causa y marcarán jurisprudencia. Esto es, si la balanza de la Justicia se inclina del lado de los perjudicados, se anularía el criterio de 2012 de la Audiencia de Huelva y se reabrirían los casos. Pero si deciden darles carpetazo, todos los asuntos del territorio nacional serán archivados.

Es una moneda al aire, pero también el único resquicio de esperanza para los afectados onubenses, que necesitan conocer la verdad y encontrar a sus desaparecidos. "La lucha por nuestra causa nos hace ser cada vez más fuertes y pelear con más ganas que nunca, siendo Huelva la provincia pionera en intentar extraer doctrina jurisprudencial", reiteran.

SOS Bebés Robados evidencia además que cuenta con el "apoyo firme" del fiscal jefe de Huelva, Luis Fernández Arévalo, quien refrenda la tesis de que el plazo de 15 años establecido para la prescripción de los casos no puede empezar a contabilizarse hasta que el niño robado no tenga conocimiento de que lo es. La propia Fiscalía General del Estado avala este posicionamiento.

El colectivo onubense recuerda que el antecesor de Fernández Arévalo, Jesús Jiménez Soria, "se opuso a apoyar nuestra causa en asuntos como la fosa común o en el caso de la propia prescripción".

Con todo, remarca que no puede ni debe caer en el olvido que Huelva es una de las provincias españolas donde hubo un número más relevante de imputados en los juzgados de Instrucción: ocho médicos, cuatro matronas y un policía fueron investigados por los robos de recién nacidos cuando la Audiencia Provincial decidió de forma unánime, en noviembre de 2012, unificar su criterio en pro de la prescripción. El voto particular de Méndez Burguillo puede ser la antesala de "la solución al caos y a la injusticia que llevamos años denunciando", puesto que existe "un rasero distinto para enjuiciar a una madre por parir en Huelva o en Madrid".