Ya que no pactan, al menos “treguas de Estado”

La política española, que todo lo bloquea para desesperación de la ciudadanía, tiene dos pisos: mientras en la planta superior no se acuerda nada, en la planta baja, sobre los problemas reales, hay coincidencia y acuerdos.

Lo comprobamos con una diferencia de horas. El jueves por la mañana, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, reunía en el Foro de Europa Press, a los actores principales del complejo problema: constructores, inversores, registradores, notarios, arquitectos, ingenieros y fuerzas sociales, sindicatos y plataformas incluidos. De España y de muchas autonomías. Diagnóstico: precios disparatados del alquiler; en España faltan 1,8 millones de viviendas sociales; antes se creaban más hogares que viviendas y ahora es al revés; en Madrid hay 14.000 pisos turísticos ilegales y “no hacer nada es agravar el problema”; la entrada de dinero de extranjeros para compra de vivienda ayuda a disparar precios, por lo que hay que desincentivarla con cargas fiscales; se tarda más en conseguir una licencia que en hacer una obra; y así sucesivamente.

Soluciones: aplicar la ley de vivienda ya refrendada por el Tribunal Constitucional; aprobar la ley del suelo que impulsa el PSOE y el PNV, a la espera de más alianzas; creación de una Empresa de Vivienda acumulando el suelo del Estado disponible e inutilizado, propiedad ahora de Defensa, Adif y otros organismos. Y un torrente de iniciativas más.

Dos deseos de la ministra: el primero, llegar a pactos porque “los grandes avances en este país han llegado siempre por acuerdos”; y el segundo, que todo lo que nazca público, permanezca siempre público. No puso el ejemplo, pero podría haberlo hecho, de la venta de 1.806 viviendas sociales a un fondo buitre por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, episodio deplorable que forma parte de las raíces del explosivo problema actual.

Solo 24 horas después participábamos en Empuéblate, evento organizado en Toledo por la Fundación Eurocaja Rural y Next Educación para tomar el pulso a la recuperación de la España despoblada. Allí, entre testimonios de emprendedores, alcaldes y directivos como Miguel Ángel Panduro, de Hispasat que expuso su oferta de internet por satélite para resolver de inmediato el problema de la conectividad, se respiraba un espíritu de colaboración y voluntad de acuerdo a años luz de las broncas parlamentarias habituales. Preguntado por la financiación de las comunidades autónomas, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, expuso sus aspiraciones, sus angustias y la realidad del esfuerzo para dar servicio a la ciudadanía. “Una cartilla sanitaria en Molina de Aragón cuesta cinco veces más que en la capital de su provincia, Guadalajara”, puso como ejemplo. Seguidamente, el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de la Rioja, Daniel Osés, puntualizó: “Completamente de acuerdo con lo que ha dicho el Vicepresidente manchego en su análisis y en las soluciones”. Es decir, portavoces tan cualificados de dos autonomías, una gobernada por el PSOE y otra por el PP, mostraban su acuerdo en público.

En la sesión de 24 horas antes, el director de Europa Press, preguntó a la ministra cuando narraba los consensos alcanzados en las reuniones con autonomías que luego quedan en nada, si el problema es Génova, o sea la dirección nacional del PP. “Sin duda. Pero el problema es tan grave y nos exige tanto que si no quieren pactos, por lo menos les pido una tregua de Estado”, respondió. Esperanzador concepto. Una “tregua de Estado” para desatascar.