Privilegios catalanes: el precio de la debilidad

Muy oportuna la publicación de Fedea del estudio que titula Las balanzas fiscales y el mito del maltrato fiscal a Cataluña. Por un lado nos indica que el mecanismo de redistribución de rentas a través del sistema fiscal y el sistema de financiación autonómica funciona razonablemente bien, aunque con excepciones. Por otro, que la tesis del maltrato fiscal que pregona el independentismo solo la sostienen las balanzas fiscales que se elaboran en aquella comunidad con su particular metodología de cálculo que los expertos rechazan, salvo los más próximos a las tesis independentistas.

Que el funcionamiento del sistema es razonable se debe, según las balanzas fiscales (la última elaborada en 2014), a que los territorios con mayor nivel de renta y actividad económica son los que más contribuyen al sistema de redistribución. También a que el mismo sistema provee de más recursos de los que genera a los territorios con menos renta, aunque con clamorosas excepciones. Las más significativas son el saldo fiscal positivo en algunas de las regiones más ricas del cuadrante nordeste (País Vasco, Aragón, Navarra y Rioja) y el negativo en algunas con PIB per cápita inferior a la media nacional (Valencia y Murcia). En el caso de Andalucía el saldo es positivo, como en Castilla-La Mancha, pero no por el elevado volumen de recursos públicos en la comunidad, sino porque el reducido nivel de PIB por habitante (un 25% inferior al a la media) determina una menor carga tributaria.

Cataluña presenta un ligero déficit fiscal tan ajustado al que le correspondería en función de su nivel de renta y actividad, que bien puede afirmarse que es una de las comunidades que con mayor justicia es tratada por el sistema. Por supuesto, nada parecido a los 20.000 millones de euros que el independentismo establece como déficit fiscal con el Estado, ni con los 16.000 millones que en su momento denunciase Junqueras, dando lugar a la contundente respuesta de Borrel y Llorach (2015) en Las cuentas y los cuentos de la independencia.

La conclusión es que el sistema funciona mal, pero no tanto porque su diseño formal sea deficiente, sino por el atropello de los conciertos vasco y navarro a sus principios inspiradores (equidad, autonomía, suficiencia y solidaridad) y por la manipulación marrullera por parte de Zapatero del acuerdo de 2009, todavía vigente, a base de compensaciones a las comunidades díscolas, para conseguir el consenso de todas. Tendría que haber sido reformado hace tiempo y la mejor oportunidad se perdió con la mayoría absoluta de Rajoy, pero todavía peor es el pacto fiscal con Cataluña que el Gobierno se dispone a impulsar a cambio de la investidura de Illa y del apoyo a Sanchez en el Congreso.

La alusión del Gobierno al diálogo y la convivencia para justificar el atropello no solo es falsa, sino también inmoral. Primero porque va en contra de la superación de los dos grandes obstáculos al cierre definitivo del modelo autonómico, el de los principios de solidaridad y equidad en el sistema de financiación. Segundo, porque introduce el interés del resto de las comunidades en la bolsa de privilegios para el pago al chantaje catalán.