Productividad, salarios y beneficios

Una empresa incorporará a un trabajador siempre que el producto marginal sea mayor que el coste marginal. Traducido significa que la contratación se realizará siempre que los ingresos aumenten más que los costes, es decir, que lo hagan sus beneficios. Es casi un axioma de la teoría de la producción, que reconoce que entre salarios y beneficios existe una relación positiva, aunque no en los términos que señala el Gobierno para defender la subida del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral.

Sostiene el Ministerio de Trabajo que la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores influirá positivamente sobre la productividad laboral y esto repercutirá positivamente sobre los ingresos y los beneficios empresariales. Los ingredientes del cóctel están bien elegidos, aunque el orden en el que se mezclan no parece el más adecuado porque en el razonamiento se ignora el aumento de costes que tiene lugar en mitad del proceso.

Fijemos la idea fundamental de que reducir la jornada laboral y mantener el salario supone una subida encubierta de los costes laborales y que esto es algo que el Gobierno no debería poder acordar únicamente con los sindicatos, tras la encendida reivindicación de la negociación colectiva en la reforma laboral de 2021. El inconveniente de una jornada laboral que, por su no divisibilidad exacta de las 40 horas semanales, dificulta la formación de turnos que permitan cubrir la totalidad de la jornada en actividades como la sanidad o la seguridad, se salva con el cómputo anual de las horas trabajadas y más vacaciones, lo cual está muy bien, pero es evidente que también presiona al alza sobre los costes laborales unitarios, que operan en sentido contrario a la productividad.

La clave está precisamente en la relación entre costes, productividad y beneficios. Las empresas son perfectamente conscientes de que existe una relación directa entre salarios y productividad. Salarios elevados no solo se justifican por la retención del talento, también como estímulo al esfuerzo e identificación con los objetivos de la empresa, de manera que los incentivos se entienden como una forma de participación del trabajador en los beneficios. Pero la productividad, y en última instancia los beneficios, no solo depende de la aportación de los trabajadores, sino también de la gestión y calidad de los activos tangibles e intangibles y es por ello que han de ser ambos, empresas y trabajadores, los protagonistas de la negociación de sus intereses compartidos, es decir, de la negociación colectiva.

Según este principio, la participación de los gobiernos en este tipo de decisiones debería quedar en segundo plano y probablemente limitada a garantizar la ecuanimidad de la negociación y la defensa del interés común en cuestiones como, por ejemplo, sus efectos sobre la competitividad de la economía o la pobreza laboral. Solo en circunstancias extremas, como la de un pacto de rentas que conlleva compromisos fiscales, cabe pensar en un protagonismo de los gobiernos en un nivel similar al de trabajadores y empresas, pero nunca desplazando a alguno de ellos, como ha ocurrido con el acuerdo para la reducción de la jornada laboral.