La situación de Muface

La ministra de Sanidad, Mónica García, considera que el Sistema Público puede asumir al millón y medio de funcionarios que irrumpirían en dicho sistema, caso de que Muface desapareciera.

El concurso público quedó desierto porque, en definitiva, nadie quiere perder dinero; la oferta inicial de 17% era claramente insuficiente. Pero tampoco el 33,5% en tres años ofrecido en segunda instancia ha convencido a algunas de las entidades.

El conflicto generado ha hecho emerger una cifras y unos sesgos que demuestran que la gestión privada de la sanidad no solamente es más barata para los contribuyentes sino que, además, es más satisfactoria para los clientes.

Los números no engañan. La prima media por asegurado de Muface alcanza el coste de 1.032 euros al año y el coste medio por persona en el Sistema Nacional Público asciende a 1.608 euros. Por tanto, si los funcionarios y sus familiares, atendidos ahora por la sanidad privada a través de Muface, pasan al sistema público, supondrían un sobrecoste para las comunidades autónomas de 2.400 millones de euros.

Hay una gran hipocresía en una parte de la población cuando se debate entre lo público y lo privado. Si se amenaza con perder la sanidad privada, el dogma en defensa de lo público se desvanece, se defiende lo público pero para los demás. Puede obedecer a que los criterios de medición establecidos para conocer la satisfacción con el modelo sanitario –tiempos de espera, patologías tratadas y respuesta, días de hospitalización…– daban como resultado una mayor satisfacción en los hospitales de gestión privada.

Es conocido que el sistema público está saturado, hay grandes listas de espera, y se sabe que si se le añade un millón y medio de personas puede colapsar. Pero no se puede olvidar que la sanidad pública está en manos de los territorios, de las comunidades autónomas, y la mayor parte está en manos del Partido Popular, algo que no puede pasar desapercibido. Nada mejor que saturar la sanidad pública para poder luego denunciar su deterioro.

Hay datos sobre el incremento del gasto sanitario que son objetivos. El gasto público creció el doble que el de las mutualidades en casi dos décadas, los costes de la sanidad pública aumentaron un 95%, mientras que en las mutualidades creció un 59%. Ese ritmo desigual es el que reclaman las aseguradoras que se debe corregir para que las mutualidades puedan ser viables para licitar, porque han estado soportando esa brecha a base de pérdidas, en especial con el último concierto.

Si el proceso se cierra con la adjudicación a Adeslas y Asisa los 54.661 mutualistas de Isfas no estarán obligados a realizar ningún cambio, ya que se mantendrán en los dos próximos años las mismas condiciones. Los cambios que hagan, serán totalmente voluntarios.

Los integrantes de Isfas y Mugeju, a diferencia de lo que ocurrió con Muface, no vieron cómo la licitación para cubrir su sanidad quedó desierta. Es por ello que las aseguradoras son reacias a los conciertos de larga duración, de más de dos años, porque así se podría revisar más a corto plazo las condiciones.