Europa

Después de seis campañas en un año con la celebración de las últimas elecciones europeas, llega un compás de espera, de duración incalculable, en un tenso clima de incertidumbre por los acontecimientos de la política española actual y que puede depararnos todo tipo de sorpresas. Ello no impide la constitución de un parlamento que debe ser epitome de unos principios fundamentales de convivencia y libertad, un Estado de Derecho supranacional que garantice una estabilidad democrática y un espíritu de integración en favor de la prosperidad y el bienestar de los países de la Comunidad. El empeño parece complicado tras los resultados electorales con un avance de los ultraconservadores y algunas sorpresas impredecibles. Es la Europa que hoy por hoy tenemos.

En España el triunfo del PP se impone a los socialistas que resisten a costa de la caída de sus socios. En esa amalgama de partidos minoritarios y residuales, entre los que surge la inconcebible opción de Se acabó la fiesta, se disuelven fuerzas tan endebles y con fecha de caducidad como Sumar, de Yolanda Díaz, la bolchevique antisemita y exterminadora que quiere arrojar a los judíos al mar y donde sólo Vox parece sobrevivir doblando sus escaños de 2019.

Sorprendentes algunos debates postelectorales en los canales televisivos donde siempre surge alguna sabandija periodística, de la llamada “prensa del régimen” que, con su viscosa lengua bífida, profiere, repetitiva y venenosamente, los consabidos argumentos de la posverdad, la desinformación y los bulos que el ejecutivo suele atribuir a sus adversarios políticos. El auténtico fango que, ridículamente, proclaman como enloquecidos papagayos.

La incertidumbre se acentúa cuando se auguraba en Cataluña una paz octaviana, un reencuentro feliz y una pacífica convivencia, la constitución del Parlamento catalán y de la mesa de la Cámara queda bajo control de Puigdemont, que puede someterse a una sesión de investidura, plantea un desacato al Constitucional, desplaza a Salvador Illa y supone un riesgo en el apoyo al gobierno central para Sánchez, que recibió una seria reconvención de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, ante las críticas del presidente al juez que ha imputado a Begoña Gómez: “un nuevo llamamiento a la contención y a la evitación de cualquier clase de juicio de intenciones que sólo contribuye al deterioro de las instituciones” y a la democracia “de la que la independencia judicial es uno de los pilares fundamentales”.

Es lógico pensar que un ciudadano de un Estado de Derecho considere nada ético que la mujer del presidente del gobierno participe directamente en procedimientos administrativos para la concesión de ayudas públicas a ciertas empresas, una acción intermediadora inapropiada y que un ejecutivo, tan apresurado a la hora de denunciar la corrupción de sus adversarios, muestre su ferviente y sincronizado apoyo a la responsable de unas actividades relacionadas con la adjudicación de fondos públicos.