04 de octubre 2023 - 00:15

Un año más volvemos a hablar de incendios. Un año más el bosque español arde. Un año más las políticas preventivas brillan por su ausencia. Decía un antiguo anuncio que cuando el bosque se quema algo nuestro se quema también. Qué lejano nos suena aquel todos contra el fuego que cantaba Serrat. Hemos aprendido poco del sufrimiento que ocasionan los incendios forestales. Hasta el 18 de junio de 2023, se han producido en España cinco veces más incendios que durante la media del último decenio. El cambio climático y las sucesivas olas de calor favorecen la posibilidad de que nuestros bosques sean pasto de las llamas. A eso también se unen la falta de limpieza, los intereses económicos y la escasa prevención. No creemos que los incendios sean una emergencia social pero, en el pasado año, el 80% de esos incendios provocaron cuatro muertos, noventa heridos y treinta mil personas evacuadas, amén del daño en el ecosistema.

Por eso, es fundamental que la sociedad asuma su corresponsabilidad en la prevención de incendios y aprenda a convivir con el fuego, desarrollando entre otros, planes de autoprotección en zonas de interfaz urbano-forestal. España es el país que más presupuesto invierte en extinción por hectárea del mundo y dispone de uno de los mejores sistemas de respuesta contra incendios. Sin embargo, para hacer frente a estos incendios incontrolables hay que avanzar hacia un modelo preventivo que apueste por recuperar paisajes vivos, rentables y mucho menos inflamables. La única alternativa viable es invertir en el medio rural. Por eso, hay que exigir al Gobierno de España y a los gobiernos autonómicos que desarrollen y aprueben una Estrategia Estatal de prevención integral de incendios forestales. En ella habrá que invertir en prevención social y poner la gestión del territorio en primer plano con el objetivo de promover bosques más resilientes a los incendios forestales.

Sería bueno además, para resolver el grave problema de los incendios forestales en España, reactivar leyes existentes como la ley de desarrollo sostenible del medio rural con el objetivo de generar empleo digno y asegurar la calidad de vida en la zona rural. Esta medida, debería ir acompañada de una reorientación de las ayudas de la PAC y de la aprobación de una estrategia estatal de ganadería extensiva. Y, por supuesto, es necesario también aplicar de forma efectiva y ejemplar las sanciones y condenas para disuadir a quienes están detrás de los incendios.

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