Reflexión

Como ya sabemos todos, hoy termina la campaña electoral y mañana entraremos en esa suerte de limbo que desde los primeros comicios tras la restauración de las libertades, convocados por el añorado Adolfo Suárez en marzo de 1979, se ha venido llamando jornada de reflexión, y a pesar de las buenas intenciones de su denominación no es más que una expresión tan sonora como grandilocuente, y un ejemplo de inutilidad en ocasiones como ésta en la que estamos inmersos, porque con una polarización tan clamorosa en el electorado, cuesta creer que todavía queden tantos indecisos en trance de convertirse en conversos, como para que los distintos líderes políticos se estén fajando hasta el último minuto en una lucha sin cuartel y, a mi modesto parecer, sin mucho sentido, por no decir ninguno.

Si en esta bendita tierra llamamos jornada de reflexión al día anterior de las elecciones, sean del tipo que sean, es porque así lo establecieron los medios de comunicación desde la transición democrática, pero también se debe a la tradición electoral del país a lo largo de las últimas décadas, debido a que la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, también conocida como LOREG por sus siglas, establece en su artículo 53 un periodo de prohibición de la campaña electoral, que se limita al día anterior de las elecciones, y a que cinco días antes ya “no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado”, según recoge la norma, así como que las campañas electorales comienzan 16 días antes de la votación, como establece el artículo 51, y terminan un día antes de los comicios, por lo que esas 24 horas antes del día D son las que delimitan la llamada jornada de reflexión.

Puesto que la prohibición también incluye la difusión de todo tipo de encuestas, tal vez sería deseable que en la última andanada de consultas fuera de obligado cumplimiento que, después de todo el menú de variables a considerar, se le preguntara a la ciudadanía sobre la conveniencia de mantener vigente la jornada de reflexión, ya que en otras democracias consolidadas estas consultas están permitidas hasta el último momento, dando por hecho que los ciudadanos son lo suficientemente adultos y juiciosos para tener una opinión formada y, por tanto, decidido el sentido de su voto.

Pero si en su día, cuatro décadas atrás, se instituyó como una medida de protección ante posibles disturbios callejeros que pudieran entorpecer el sereno ejercicio del voto, tal vez sería prudente mantenerla aún dado que nuestro pasado ya está muy bien trufado de conflictos cainitas, y el horno no está para bollos.